“Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua,” es el informe de Human Rights Watch que en 107 páginas documenta lo ocurrido a muchos de los cientos de personas arrestadas por la Policía y fuerzas paramilitares durante la represión a partir de abril de 2018.
«Muchos sufrieron abusos que, en algunos casos, constituyeron torturas. A algunos heridos se les habría negado atención médica en centros de salud pública, y diversos médicos que brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias», indica esa organización.
Tras señalar que además los detenidos han sido procesados penalmente, en causas plagadas de graves violaciones al debido proceso.
Human Rights Watch divulgó este miércoles el informe y plantea que los
gobiernos de Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa deberían imponer sanciones individuales a altos funcionarios del régimen implicados en graves violaciones de derechos humanos y evaluar alternativas para exigir que rindan cuentas por sus crímenes.
Además de Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, la que dispone a su arbitrio, menciona a la exdirectora de esa institución Aminta Granera, que encabezó la fuerza hasta septiembre de 2018, Francisco Díaz quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y luego en su cargo actual; Ramón Avellán, subdirector de la Policía y que en Masaya policías bajo su mando junto con «bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes».
También señala a Jaime Vanegas, inspector general de la Policía que según su cargo está obligado a investigar presuntas violaciones de derechos por parte de policías y de sancionar a los responsables y Luis Pérez Olivass, jefe de Auxilio Juficial, donde está El Chipote uno de los principales lugares donde sometieron a «abusos aberrantes» a personas que se manifestaron contra el régimen.
Y Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH.
Abusos contra detenidos
El informe fue elaborado sobre la base de investigaciones realizadas en Nicaragua y Costa Rica y de un análisis de fuentes oficiales, incluidos expedientes judiciales y declaraciones de fuentes del oficialismo, así como pruebas que corroboran los abusos que incluyen fotografías, grabaciones de video e informes médicos.
Human Rights Watch entrevistó a 75 personas, entre ellas víctimas y sus familiares, testigos, abogados defensores, profesionales médicos y representantes de organizaciones internacionales. Algunas entrevistas de seguimiento se realizaron telefónicamente o por servicios de mensajes de texto antes o después del viaje de investigación.
Human Rights Watch concluyó que «policías y bandas armadas partidarias del gobierno infligieron graves abusos a los detenidos, que en algunos casos constituyeron torturas», señala esa organización.
Entre los abusos están: golpizas a manifestantes en el momento de su captura y durante su detención, en ocasiones seguidas por la negación de atención médica urgente; la violación sexual de personas detenidas, incluso con tubos metálicos y armas de fuego; simulacros de ahogamiento; descargas eléctricas; provocar quemaduras con ácido; simulacros de ejecuciones; desnudez forzada y extracción de uñas de las manos. En algunos se obligó a los detenidos a realizar confesiones auto incriminatorias.
Destaca Human Rights que la respuesta a las manifestaciones fue brutal por parre del régimen y causó más de 300 muertes, dos mil heridos y según la Comisión Interamericana de Derecjos Humanos (CIDH), casi 800 personas fueron detenidas desde que iniciaron las protestas.
La feroz represión por miembros de la Policía Nacional y bandas fuertemente armadas partidarias del gobierno dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 2.000 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calcula que casi 800 personas fueron detenidas desde que empezaron las protestas.
En marzo de 2019, el régimen aceptó liberar en un plazo de 90 días a quienes hubieran sido detenidos en el contexto de las protestas, en busca de persuadir a la comunidad internacional de que levante las sanciones en contra de altos funcionarios del gobierno.
Hasta el 10 de junio, 392 personas habían sido excarceladas, pero muchas se encuentran bajo arresto domiciliario u otra medida cautelar y persisten los cargos en su contra. A otros se les aplicó una ley de amnistía aprobada en junio por la Asamblea Nacional.
Sin embargo, debido a la falta de independencia judicial en el país, existe un grave riesgo de que la ley se utilice para consolidar la impunidad de la que ya gozan los responsables de graves abusos ocurridos en el país, indicó Human Rights Watch.