CIDH y sus relatorías especiales preocupada por información confusa sobre COVID-19 en Nicaragua

La persistente desinformación oficial sobre el alcance de la pandemia por COVID-19 en Nicaragua, preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a sus Relatorías Especiales de Libertad de Expresión (RELE) y La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), expresa en un comunicado de prensa.

Esto violenta el derecho al acceso a la información de la población en un momento crucial para su salud e impide evaluar la responsabilidad de las autoridades frente a la emergencia sanitaria.

«El monitoreo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH ha constatado que el gobierno de Nicaragua ha proporcionado hasta la fecha información poco confiable sobre la cantidad acumulada de personas infectadas por COVID-19, las personas fallecidas y las personas recuperadas. Esta información, que sólo puede producir el Estado, es prioritaria y valiosa para garantizar la salud humana», expresa la CIDH.

Para la CIDH, la información proporcionada «es confusa o inespecífica sobre el modo en que se han producido los contagios y elaborados e implementados los protocolos de seguimiento de los casos sospechosos. Tampoco hay una periodicidad preestablecida, lo cuál hace difícil determinar la cantidad y tipo de pruebas realizadas a diario, cuántas resultan positivas, así como la evolución y localización territorial de los casos».

Igual señala la CIDH que la información oficial tampoco permite conocer la situación del personal de salud y la capacidad hospitalaria para enfrentar la emergencia, entre otros indicadores.

“Los gobiernos están obligados, en virtud de las normas sobre derechos humanos, a proporcionar información fidedigna y desagregada sobre la pandemia, evitando promover la desinformación. También deben ser transparentes en relación con las medidas que las comunidades deben adoptar para protegerse, prestando especial atención a las personas con dificultades de acceso a los medios masivos y a Internet”, indicó el relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.

La Comisión toma nota de que varias investigaciones independientes cuestionaron las cifras oficiales, al tiempo que llama al Estado a proporcionar información oportuna, completa y desagregada sobre la pandemia.

Y destaca que a través de una carta, nueve ex ministros de salud de Nicaragua también denunciaron irregularidades en el tratamiento de la emergencia sanitaria, así como la producción y transparencia de la información respecto a la pandemia.

Los informes estiman que Nicaragua ingresó en una fase de contagio comunitario, aún cuando el gobierno no ha reconocido esta situación. Y en los últimos días, distintos medios también dieron cuenta de entierros de personas fallecidas que habrían mostrado los síntomas que produce el virus; en muchos de estos casos las autoridades habrían ordenado realizar el sepelio de forma urgente y durante la noche, sin realizar las pruebas para detectar si estaban contagiados al momento del deceso.

A esto le agrega, que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación sobre la falta de información en Nicaragua, como indica el reglamento sanitario internacional. Y reiteró la petición a Nicaragua para poder visitar el país y analizar la situación que se vive por el coronavirus y brindar una mejor cooperación.

“La CIDH ha insistido en el especial cuidado que las altas autoridades deben tener en sus pronunciamientos y declaraciones respecto de la evolución de la pandemia. En las actuales circunstancias, constituye un deber que las autoridades estatales informen a la población, y que, al pronunciarse al respecto, actúen con diligencia y cuenten en forma razonable con base científica”, expresó la comisionada Antonia Urrejola, relatora de país para Nicaragua.

“El Estado de Nicaragua no está siguiendo estas recomendaciones, por el contrario, se han adoptado medidas contrarias a lo que la evidencia científica y las recomendaciones internacionales indican para combatir el contagio: la necesidad de adoptar políticas aislamiento social y abstenerse de promover aglomeraciones”, añadió Urrejola.

Del mismo modo, la CIDH y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han manifestado en forma reiterada su preocupación sobre el acceso de la población de Nicaragua al derecho a la salud, el segundo país más pobre de América Latina, lo que agrava la situación en el actual contexto.

“El impacto del COVID-19 en la vida y salud del pueblo nicaragüense es sumamente preocupante, en un contexto de escasez, desinformación oficial y persecución al personal médico y de salud», indicó Soledad García Muñoz, a cargo de REDESCA.

«El Estado debe cumplir sin dilaciones con su obligación de respeto y garantía del derecho a la salud, lo que incluye la protección efectiva de las personas que trabajan en el sector salud en forma incansable”, Expresó Muñoz.

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