“A menos de un año de las elecciones generales en Nicaragua, el balance del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en septiembre de 2019 ha sido deficiente”, señala la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en un boletín especial sobre Nicaragua.
En esa ocasión, OACNUDH hizo 14 recomendaciones,11 de ellas dirigidas a autoridades estatales, con el objetivo de promover un diálogo inclusivo y ayudar a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, que siguen sin ser cumplidas por el régimen.
Esa oficina expresa, que existe un amplio consenso referente a que la aplicación de reformas electorales derivadas de un diálogo inclusivo y significativo con la oposición, lo que constituye un requisito crucial para apoyar la recuperación económica y restablecer la confianza.
En sus conclusiones el boletín de OACNUDH menciona que los derechos humanos deben ocupar “un lugar central en la agenda con miras a reducir la pobreza sin dejar a nadie atrás” . Al tiempo que reitera su llamado al régimen a reanudar rápidamente una cooperación constructiva con la OACNUDH y las instituciones regionales de derechos humanos.
Y recuerda, que en septiembre del año pasado la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, durante el 46 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, expresó que la autorización de una misión de su Oficina constituiría una señal positiva y alentadora, pues “permitiría realizar una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua” .
“La OACNUDH ha observado que la violencia contra quienes participan en protestas u otros actos políticos parece ser menos frecuente que en el período 2018-2019. No obstante, persisten las violaciones frecuentes a los derechos a la libertad personal, de expresión, de reunión pacífica, y de asociación, y de participación”, expresa esa oficina en su boletín.
Y es que en el mismo boletín, destaca que en los dos últimos años, la OACNUDH ha monitoreado la progresiva reducción del espacio cívico en el país. Las frecuentes y múltiples violaciones de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica han apuntado específicamente a las múltiples formas de disidencia en Nicaragua.
Y estima, que la pandemia de COVID-19 también «ha contribuido a exacerbar las limitaciones indebidas que ya existían, así como la estigmatización y la persecución de quienes criticaron la respuesta del Estado a la pandemia».
El hostigamiento y las nuevas leyes
Desde el 1 de agosto de 2019, la OACNUDH documentó 83 casos de ataques, amenazas, acoso y actos de intimidación por parte de agentes de policía y elementos progubernamentales contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como contra dirigentes sociales, trabajadores y trabajadoras de la salud y la educación, abogados y abogadas, familiares de exdetenidos, miembros del clero católico y feligreses, entre otros.
En 30 casos las víctimas fueron periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios. Cuatro medios de comunicación sufrieron allanamientos, destrucción de equipos o sanciones administrativas, y otros tres cerraron sus operaciones.
El régimen sigue sin restablecer la personalidad jurídica de nueve organizaciones sancionadas a finales de 2018, ni han fallado sobre los recursos judiciales que impugnaron esas determinaciones, mientras en junio de 2020, la Asamblea Nacional impuso la misma sanción a otra organización. Mientras, entre octubre y diciembre de 2020, la Asamblea Nacional, con mayoría del oficialismo, aprobó tres leyes, sobre agentes extranjeros, ciberdelitos y defensa de los derechos del pueblo.
“Antes de su adopción, la OACNUDH ofreció asistencia técnica al Gobierno y al Órgano Legislativo para promover la alineación de estas leyes con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, pero no recibió respuesta. Al respecto, la OACNUDH considera que estas leyes pueden afectar aún más los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de participación política, y pueden tener un impacto negativo en particular en el período preelectoral”, señala en su boletín especial.
Tras referir que “la Oficina también está preocupada por la reforma constitucional adoptada en enero de 2021, que incrementa la duración de la pena por crímenes motivados por el odio de 30 años de privación de libertad a cadena perpetua. Existe el riesgo de que esta disposición pueda ser utilizada para perseguir selectivamente a las voces disidentes”.