Los siete movimientos cívicos y partidos políticos que integran la Coalición Nacional de Nicaragua dirigieron una comunicación escrita a los directores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a fin de expresarles la preocupación por la utilización que el régimen Ortega Murillo le pueda dar a un millón de dólares, como parte de la asistencia financiera destinada para cada uno de los ocho países de la región.
La Coalición explica a los directores el BCIE, que hasta ahora el régimen no ha seguido en forma adecuada las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud ( OMS/OPS), para prevenir, contener y reducir la trasmisión del COVID-19, “ni para desarrollar un enfoque multisectorial, que incluya a la sociedad civil, para determinar medidas públicas que desaceleren el contagio».
También explican las agrupaciones nicaragüenses que el régimen mantiene convocatorias a marchas, festivales y actos públicos masivos de marcado tinte político y que Nicaragua es el único país de la región que no ha considerado la suspensión de clases en escuelas y universidades y más bien amenaza a estudiantes y directores de escuelas con sanciones si no contribuyen a dar apariencia de “normalidad”.
Igual hay denuncias de amenazas contra trabajadores sanitarios para que no usen mascarillas y guantes en sus centros de trabajo, porque pueden alarmar al público y crear un “pánico innecesario”, explica la Coalición Nacional.
Evitar ayuda tenga otro destino
No obstante, la Coalición le dice al BCIE que “conscientes que sobre Nicaragua se cierne una crisis sanitaria por encima de la crisis humanitaria que desde hace casi dos años campea en nuestro país”, le pide “que enfatice todas las condicionalidades previstas en sus políticas de asistencia financiera para maximizar la posibilidad de que la ayuda otorgada al Gobierno de Nicaragua se use con transparencia”.
Y de esa manera evitar sea desviada hacia otros fines, para ser usada con criterios políticos o con fines de premiar o castigar a sus clientelas según sus lealtades.
También proponen a ese directorio “asegurar que los fondos sean utilizados con absoluta transparencia, supervisada y con información pública veraz y actualizada, sobre sus cantidades, usos y destinos, para evitar desvíos hacia el financiamiento de actividades represivas o de programas sociales altamente politizados. La Información debe ser actualizada ante todos los medios de prensa y en sitios web de acceso público”.
Y que previo al primer desembolso, el régimen haga pública su estrategia ante la pandemia, que incluya los principales lineamientos de las recomendaciones OMS/ OPS para la detección temprana de casos infestados, reducción de la tasa de trasmisión, disposición de sus mejores capacidades para el tratamiento de casos confirmados y para la protección del personal sanitario.
Esta estrategia deberá incluir sus medidas para concertar, con el resto de la sociedad, políticas públicas de educación y promoción de la participación popular en la contención y manejo de esta crisis sanitaria, para ello deberá informar, de forma veraz y oportuna, acerca de la evolución de la situación epidemiológica y oriente a la población a través de todos los medios de comunicación, incluyendo los independientes.
A su vez, que sean decretadas medidas inmediatas para reducir las concentraciones de diferentes tipo hasta llegar a su prohibición en momentos extremos, así como la suspensión, total o parcial, de clases en escuelas y universidades, según corresponda en cada etapa de la crisis. Y que reafirme que el acceso a la salud es un derecho constitucional que no acepta ningún tipo de discriminación.