A cuatro días de las votaciones controladas por el régimen en Nicaragua, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola aseguró ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que “es imposible el despliegue de medidas que aseguren la realización de unas elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas en el país”.
Urrejola dio a conocer ante el Consejo Permanente el informe la Concentración de Poder Político y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, con el cual dijo “lo que constatamos es la continuación de todos los factores que, como lo muestra el Informe de la Comisión, han permitido y continúan facilitando la persistente crisis de derechos humanos en Nicaragua”.
La presidenta de la CIDH manifestó, que el informe plantea que “el gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el restablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes. Para ello deben garantizarse condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes”.
A su vez, el informe aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua en un contexto de completo debilitamiento del Estado de Derecho y donde “la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto”, con la supresión de todas las libertades, mediante el control , vigilancia y la represión de la ciudadanía a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales, avalado por los demás poderes del Estado.
Recordó Urrejola durante su intervención que más de 30 personas, entre ellas siete precandidatas a la Presidencia, fueron detenidas en los últimos meses “bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales”. También se refirió a la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos y el hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente.
Igualmente expuso que en lo que va de 2021, la CIDH ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al Gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales.
“Con estas acciones, el Gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural”, subrayó.