Presos políticos en las bodegas humanas del régimen

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Desde que retornó al gobierno Daniel Ortega, el sistema de justicia ha sido utilizado para castigar a quienes se atreven a disentir.

Por Elizabeth Romero

El 18 de abril de 2018 no empezaron las protestas sociales en Nicaragua. Pero los grupos o movimientos que intentaron alzar la voz en el primer período del retorno de Daniel Ortega al gobierno, fueron sofocados a través del sistema de justicia que los arrestó, pero posteriormente lograron su libertad.

Sin embargo, en el tercer período en el poder, el régimen empezó a endurecer sus actuaciones contra quienes se atrevían a disentir y empezaron a ser criminalizados.

Diez de esas personas con investigaciones no del todo claras por parte de la Policía fueron arrestadas de forma arbitraria, llevados a los tribunales por la Fiscalía y condenados por los jueces.

El sistema de justicia se ensañó con ellos y fueron puestas como ejemplo para el resto, no solo fueron recluidos en celdas de la galería de Máxima Seguridad, conocida como la 300, construida en predios de La Modelo para albergar a presos de extrema peligrosidad como el narcotráfico y el crimen organizado sino que las condenas sobrepasan la pena máxima establecida por el Código Penal, que es de 30 años.

Violación al debido proceso

Un análisis realizado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), destaca que a estas personas les fue violentado el debido proceso inobservancia de normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, lo que le confiera a la privación de libertad, un carácter arbitrario, por ejemplo impedimento a los defensores para acceder a estos, detenciones sin orden de la autoridad competente y por más de 24 horas sin haber sido puestos ante la orden de un juez, sustracción de su juez natural y competente en razón del territorio, uso de testigos falsos, entre ellos, policías.

 Los jueces que conocieron de estos procesos judiciales, son afines al régimen y pese a haber escuchado en audiencias de las detenciones ilegales, de la incompetencia de jurisdicción, de torturas a las que fueron sometidos los detenidos, nunca tomaron una decisión que protegiera la libertad o integridad personal de los injustamente procesados y condenados.

Estos mismos jueces, son los que hoy día, forman parte de los funcionarios que han garantizado la criminalización de los manifestantes de abril de 2018.

Las condiciones de reclusión a la que fueron sometidos los detenidos, implicaron la comisión de actos de torturas y malos tratos desde el mismo momento de la detención hasta su traslado al centro penitenciario de Tipitapa. 

Los casos en mención corresponden al de Marvin Vargas y nueve condenados por la masacre del 19 de Julio del 2014, quienes no solo han alegado su inocencia y falta de participación en los hechos, sino que también pertenecían a estructuras políticas partidarias en el momento en que ocurrieron los hechos o eran opositores de vieja data, según análisis efectuado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX).

Campaña de libertad

Ambas organizaciones han iniciado una campaña para que estas diez personas sean incluidas en la lista de presos políticos: “Ya que encontramos elementos que dan cuenta del cumplimiento de criterios consistentes con el concepto de preso político acogido por el Consejo de Europa”. 

Wendy Flores, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, recordó que antes del 2018, todos los que protestaron o estaban vinculados a una actividad política  fueron apresados, y mencionó  casos como los de la Mina El Limón y  Santo Domingo, pero hay casos como estos que quedaron presos y han sido víctimas de tortura.

Es una campaña para que sean incluidos como presos políticos y sea levantada la bandera de libertad a favor de ellos y que organismos internacionales conozcan su historia, explicó Flores.

Fotografía: la prensa

A partir del análisis de los casos se encontró presencia de nexos de detención por ejercicio de derechos fundamentales, en otros casos motivación política de la detención, sin comisión de delito. También en todos los casos se encontraron elementos relacionado con detención prolongada como resultado de motivación política, aplicación desigual de la ley fundamentada en motivaciones políticas, y finalmente manifiesta violación del debido proceso, relacionada con motivación política

indican ambas organizaciones

Mencionan ambas organizaciones que en el caso de los diez condenados, la Policía contribuyó al proceso de construcción de pruebas falsas  “estas estrategias usadas descaradamente en el contexto de abril, ya venían practicándose regularmente, desde muchos años atrás”.

Estas diez personas fueron sometidos a aislamiento y recluidas en condiciones inhumanas en celdas de Máxima Seguridad donde a diario les son violentados sus derechos humanos  como práctica de registros y requisas invasivas, utilización por muchos años de grilletes y esposas para todo tipo de movimientos, celdas que no cuentan con la ventilación y el tamaño mínimo necesario.

Las ventanas de las celdas están  instaladas a una altura incompatibles con las normas internacionales, galerones construidos en posición contraria a lo necesario para una ventilación adecuada, puertas forradas que dificultan e impiden la circulación de aire y luz mínimo orientado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Como parte de las represalias sufridas, se encuentran la negación y aprobación arbitraria de acceso a libros, revistas, periódicos, negación absoluta del derecho a la educación y al trabajo dentro de las cárceles, violentando los derechos de los reos para su reinserción social. De igual manera no hay acceso a actividades recreativas regularmente. El acceso a sol es concedido en condiciones de tiempo mínimas, muy por debajo de lo que estipulan las normas internacionales, aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas”, señalan las organizaciones en su análisis.

Añaden a esto  el abuso de autoridad al enviarlos a muchos de ellos en distintas ocasiones al sector de La 300, conocido como el Infiernillo donde el calor es más intenso. El contacto con el exterior también está restringido a visitas en las que solo tienen posibilidades de compartir directamente con sus familiares en tiempos normales por quince minutos y los contactos de 45 minutos a través de un plástico transparente, manteniéndose siempre la presencia de custodias que impiden la fluida conversación en privado con sus allegados.

 

Los casos

El primero en sufrir las consecuencias de haber enfrentado al régimen fue Marvin Vargas Herrera, conocido como El Cachorro, porque lideraba a los llamados Cachorros de Sandino.

En los primeros cuatro años del retorno al gobierno Daniel Ortega, Vargas -que dirigía un movimiento de desmovilizados del extinto Servicio Militar Patriótico que en los años 80 obligó a tomar las armas a miles de jóvenes-, organizó varias marchas para demandar una serie de beneficios sociales para los llamados Cachorros de Sandino.

Y la última acción que realizó fue la toma de la Catedral de Managua, pero lo que le pudo haber costado la prisión en mayo de 2011, fue la advertencia de “reeditar la operación Danto”, para que fuesen escuchados por el que consideraban su gobierno.

La operación Danto fue ejecutada en 1988, duró un mes y fue considerada la operación militar del Ejército Sandinista destinada a golpear a la Resistencia Nicaragüense llamada como contrarrevolución.

Tres años después del arresto de Vargas ocurrió la masacre del 19 de julio, el ataque a una caravana sandinista que dejó cinco simpatizantes sandinistas  asesinados y otros 24 fueron heridos. A la Policía del régimen le llevó  tan solo 17 días para esclarecer ese caso. Todos los capturados eran reconocidos opositores.

Al final fueron sentenciados a penas superiores a la pena máxima y que representa que deberán permanecer en prisión hasta sus últimos días.

 

Diez presos políticos casi olvidados

¿Quién es Marvin Vargas?

II ENTREGA

En el informe anual 2016-2017 el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), recordó que la demanda organizada que hacía Vargas para acceder a beneficios sociales para los desmovilizados, “tuvo como resultado que fuera considerado adversario del Gobierno y rápidamente su liderazgo y su lucha se vieron truncados luego de su detención el 8 de mayo de 2011”.

 En esa ocasión el CENIDH denunció que mientras ha permanecido en prisión, Vargas ha sido sometido a una serie de abusos por parte de las autoridades del Centro Penitenciario de Tipitapa, siendo ubicado en los últimos años en la Galería 300, de máxima seguridad, bajo vigilancia, aislamiento y una serie de restricciones.

 Destaca el CENIDH que en 2015 Vargas fue beneficiado con libertad condicional, sin que los funcionarios del penal  acataran la orden, “por el contrario, remitieron informes al Juez de ejecución que conocía del caso, en el que detallaban un supuesto mal comportamiento, las medidas disciplinarias a las que le sometieron y la conclusión no encontrarse ‘apto para la reinserción social’, mereciendo la revocatoria de la sentencia de libertad condicional en una audiencia en la que Vargas no tuvo asistencia legal”.

A finales del año 2016, Vargas cumplió totalmente su sentencia condenatoria; sin embargo no fue puesto en libertad. En abril de 2017, después de cinco meses de detención ilegal, fue acusado por el Ministerio Público por tráfico de estupefacientes a lo interno del centro penitenciario, garantizando así una medida de prisión preventiva y su permanencia en el Penal.

En esa ocasión el CENIDH  escribió en sus consideraciones, “que esta nueva causa contra Marvin Vargas es una forma más de prolongar indefinidamente su internamiento carcelario y aumentar los daños que ello provoca, pues en un contexto marcado por su detención ilegal una nueva acusación se torna dudosa”.

El CENIDH denunció una vez más en esa ocasión,  que el nuevo proceso contra Marvin Vargas estuvo nuevamente plagado de irregularidades como “la declaratoria inicial de incompetencia por parte del Juez de audiencias de Managua, en razón del territorio, remitiendo expediente al Juez de Tipitapa. No obstante, el 1 de mayo de 2017 revocó su decisión y admitió la acusación evidenciando una anomalía que obedece a motivaciones distintas a la sana administración de justicia que confirman el tratamiento político que se ha dado al caso de Vargas”.

Implicados en la masacre eran opositores

En el caso de los nueve condenados por la masacre del 19 de Julio, la Policía los presentó como participantes directos, en dos ataques a una caravana proveniente de la capital, donde se celebró el 35 aniversario del 19 de julio, organizado por el oficialismo, donde murieron cinco personas y por lo menos 18 resultaron heridas, señala el Colectivo y el GREX.

Estos dos ataques fueron realizados, uno en el Kilómetro 76 de la carretera Managua – Matagalpa (Sector de Puertas Viejas) y el otro entre el poblado de San Ramón y la Comunidad “El Jobo”.

 “Como respuesta a ese hecho criminal, las autoridades policiales realizaron redadas ilegales y arbitrarias no autorizadas por la Constitución y debidamente constatadas en la argumentación de los abogados defensores y los relatos familiares”, indica el análisis de las dos organizaciones.

La Policía los presentó en ese momento como un banda delincuencial integrada por opositores, para ello implicó a uno de ellos con Los Zetas y un capitán de las tropas especiales retirado del Ejército, “del que nunca rindieron cuenta, sobre si lo capturaron o no, pese a haber sido señalado como uno de los que realizó disparos”.

Wilfredo Balmaceda

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA

Wilfredo José Balmaceda Castrillo, de Ciudad Darío Matagalpa, fue recluido en la cárcel de Máxima seguridad “La 300- El Infiernillo”  condenado a 133 años de cárcel. Balmaceda, un activo dirigente opositor del municipio de Ciudad Darío. En el periodo del 2001 al 2005, fue secretario Municipal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), luego fue Secretario Municipal del Partido Liberal Independiente (PLI) y concejal propietario de la Alcaldía Municipal por este Partido en el periodo 2001 – 2005.

En las elecciones del 2012, fue electo nuevamente como concejal, pero decidió no asumir el cargo, al denunciar que el alcalde “declarado ganador” fue impuesto fraudulentamente por el FSLN.

Walter Balmaceda

Walter José Balmaceda Ruíz, de Ciudad Darío, Matagalpa, está en la cárcel de Máxima seguridad “La 300”, condenado a 137 años de cárcel, opositor, durante las elecciones presidenciales del año 2011, fue fiscal de una de las rutas electorales por parte del Partido Liberal Independiente (PLI).

El 8 de enero de 2012, dos de sus propiedades urbanas fueron invadidas y atacadas de manera simultánea por fuerzas de choque afines al FSLN, se cree que esto se dio como represalias a su apoyo a la candidatura presidencial de don Fabio Gadea Mantilla.

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA

A partir de estos hechos el acoso político contra él y su familia fue constante, obligándolo a abandonar el país. En julio de 2014 regresó a Nicaragua, que creyendo estaba ya fuera de peligro. Balmaceda Ruiz era dueño de varios autobuses los que alquiló a las estructuras municipales del FSLN para la conmemoración del 19 de julio del 2014.

“El análisis de la información parece indicar que esta situación fue utilizada para incriminarlo. El principal testigo del régimen contra él, en su comparecencia ante el juez, exoneró de toda culpa a Walter Balmaceda, al afirmar que el bus que el manejaba, llego al lugar de los hechos una hora después de lo sucedido”, indica el documento de ambas organizaciones.

Zacarías Isabel Cano

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA

Zacarías Isabel Cano Angulo, de San Ramón Matagalpa, está recluido en la cárcel de Máxima seguridad “La 300”, condenado a 133 años de cárcel. Opositor de vieja data, miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), participando en varios procesos electorales, como presidente de Junta Receptora de Votos (JRV). Sufrió hostigamiento por parte de fuerzas policiales y civiles armados en su comunidad por ser promotor del voto liberal en las elecciones de 2011 y 2012. Sus familiares siempre declararon que el régimen, con el atentado y su captura estaba creando las condiciones para evitar problemas en las elecciones presidenciales del año 2016. Es cuñado de Rosendo Huerta, otra persona acusada en este contexto

José Ricardo Cortez

José Ricardo Cortez Dávila, de San Isidro Matagalpa, recluido en Máxima seguridad “La 300 – El Infiernillo”, condenado a 133 años de cárcel. Fue miembro de la Contrarrevolución o Resistencia Nicaragüense y acusado de tener nexos con Los Zetas..
Bajo tortura fue obligado a incriminar a otro de los acusados. Fue señalado de ser uno de los autores intelectuales de estos hechos, durante estos años ha sido sometido a todo tipo de maltratos. Es el mayor de los acusados en este juicio.

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA

Eddy Antonio Gutiérrez

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA

Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, de Ciudad Darío, Matagalpa, está en Máxima seguridad “La 300”, condenó a 132 años de cárcel. Sus vínculos de sangre con su hermano Rafael Gutiérrez, quien fue un reconocido político opositor, concejal suplente del Partido Liberal Independiente (PLI), víctima del asedio y persecución del régimen, fueron determinantes para el involucramiento de Eddy en este caso.

Gutiérrez fue un opositor sin militancia partidaria, pero siempre estuvo presto a socorrer a su hermano ante el asedio y ataques, del que fue objeto por su participación en las protestas populares derivadas del fraude electoral municipal del 5 de noviembre del año 2012.

 

A partir de estos hechos el acoso político contra él y su familia fue constante, obligándolo a abandonar el país. En julio de 2014 regresó a Nicaragua, que creyendo estaba ya fuera de peligro. Balmaceda Ruiz era dueño de varios autobuses los que alquiló a las estructuras municipales del FSLN para la conmemoración del 19 de julio del 2014.

“El análisis de la información parece indicar que esta situación fue utilizada para incriminarlo. El principal testigo del régimen contra él, en su comparecencia ante el juez, exoneró de toda culpa a Walter Balmaceda, al afirmar que el bus que el manejaba, llego al lugar de los hechos una hora después de lo sucedido”, indica el documento de ambas organizaciones.

Rosendo Antonio Huerta González

Rosendo Antonio Huerta González, de San Ramón, Matagalpa Hombre 7/28/2014 Máxima seguridad “La 300” Condenado condenado a 37 años de cárcel. Opositor al sandinismo de vieja data. Activista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien fungió en varios procesos electorales como miembro de Juntas Receptoras de Votos, y en el año 2012 fue Policía Electoral. Antes de su captura era hostigado por la policía de ser antisandinista y de realizar proselitismo político en contra del gobierno.

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José Oliver Meza

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA

José Oliver Meza Ráudez, de San Isidro, Matagalpa, recluido en Máxima seguridad “La 300”, condenado a 10 años de prisión. Durante los años 80, fue detenido y acusado de ser colaborador de la Contrarrevolución, por lo que fue privado de su libertad durante tres años, siendo liberado por la Amnistía declarada por Violeta Barrios de Chamorro. Fue incriminado por declaraciones bajo tortura de otro de los implicados. La Policía de la localidad, siempre lo hostigó por sus orígenes y vínculos con la Contrarrevolución durante los años 80.

Jairo Antonio Obando

Jairo Antonio Obando Delgadillo, de Ciudad Darío, Matagalpa, permanece en Máxima seguridad “La 300”, condenado a 113 años de cárcel. Es primo de otro de los condenados Eddy Gutiérrez Delgadillo, de familia opositora reconocida. 

Su involucramiento fue aparentemente circunstancial, cuando se enteró que su primo Eddy Gutiérrez había sido secuestrado se dirigió a la casa de su tía y luego a la delegación de Policía, donde encontró a su primo esposado en su propia camioneta.

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA

Esto provocó roces con un policía que lo custodiaba, al que gritó que ya sabía que la Policía no investigaba nada, tal y como había sucedido con el asesinato de su tío Vidal Obando, durante la represión policial tras las protestas populares por el fraude electoral municipal en noviembre del 2012.

Ese altercado con el policía, provocó que le pidieran sus documentos y que otro Policía de mayor rango ordenara lo siguiente: “Ponémelo en la lista a este también, este pueblo lo vamos a enderezar”.

Según la información analizada, sus nexos familiares con Eddy Gutiérrez y con toda la familia Delgadillo, fueron determinantes para que fuese incriminado.

Leonel Poveda

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Leonel Antonio Poveda Palacios, de Ciudad Darío, Matagalpa, está en Máxima seguridad “La 300”, condenado a 133 años de cárcel.

Participó en la lucha por el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, y en 1979 se integró al Ejército Popular Sandinista (EPS), hasta obtener el grado de teniente. En el año de 1984 se retiró y se integró a las filas de la contrarrevolución por unos seis años.

A Poveda, según versiones de los familiares, ya le habían advertido los mismos policías, sobre los riesgos de inmiscuirse en actividades políticas opositoras, lo que no impidió que se involucrara en la campaña electoral del 2012.

A pesar de ello, Poveda continuó activo en la política, apoyando al candidato a Alcalde Edgard Matamoros y fue activo en las protestas contra el fraude electoral en Ciudad Darío. En esa ocasión murieron varias personas y 18 resultaron heridas. 

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Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Art 1. Declaración Universal de Derechos Humanos

 
 

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