La crisis de derechos humanos en Nicaragua continuó durante todo 2020, al igual que la estrategia del régimen de reprimir la disidencia, refiere Amnistía Internacional en su informe anual sobre derechos humanos, en el cual también destaca la situación del país en el contexto de la pandemia de COVID-19, donde preocupaba la situación de activistas y presos políticos.
El informe de Amnistía también resalta que la respuesta oficial de parte del régimen a la pandemia que no fue acorde a las recomendaciones de las organizaciones internacionales.
“A pesar de las recomendaciones formuladas por las organizaciones internacionales en el contexto de la pandemia de COVID-19, las autoridades nicaragüenses promovieron encuentros masivos en los que no era posible mantener el distanciamiento físico”, menciona el informe, el que indica que algunos grupos locales expusieron que el régimen no proporcionaba suficiente información sobre la pandemia y las políticas públicas de prevención, diagnóstico y contención.
Amnistía expresa que en el caso de Nicaragua, “en el contexto de la COVID-19, preocupaba especialmente la situación de los activistas políticos y de las personas percibidas como opositoras que permanecían detenidas en el precario, masificado e insalubre Sistema Penitenciario de Nicaragua”.
Para Amnistía Internacional, “la pandemia ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión y prepararon el terreno para la ruina causada por la COVID-19”.
La organización describe en el informe cómo los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como los refugiados y las mujeres, “sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales durante décadas”.
El informe también menciona como en 2020 continuaron los ataques contra periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y ONG locales, así como la aprobación de leyes represivas, la continuación de detenciones arbitrarias con más de cien presos políticos en las cárceles.