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Sandra Ramos: «El María Elena Cuadra no son estas paredes»

Momentos en que Sandra Ramos ingresa a instalaciones de su organización luego de retirarse la Policía. Fotografía: Cortesía de CPDH.

Momentos después que Junto a un grupo de colaboradoras acudió la coordinadora del Movimiento María Elena Cuadra, Sandra Ramos,  los policías que habían permanecido por varias horas de este viernes impidiendo el acceso a las mismas, se retiraron del lugar.

“Es una estúpida arbitrariedad”, había dicho Ramos a su llegada al local vigilado por la Policía que señaló «que esas son las cabezas locas, las cabezas calientes que están haciendo que la gente más se le voltee al gobierno de los señores, al que le da de comer a ellos».

Quiero dejar claro algo, el María Elena Cuadra no son esas paredes, no son las sillas, no son los escritorios, el María Elena Cuadra es un espíritu de lucha, es un espíritu de defensa de los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses y si nos toca estar debajo de un palo de mango de nuevo, porque así entramos cuando la Central Sandinista de los Trabajadores nos corrió por criticarles las porquerías que hacían contra los trabajadores nos echaron a la calle”, sostuvo Ramos frente a los policías.

Al tiempo que manifestó, que siempre han esperado un zarpazo del régimen o de otro gobierno “que se encachimben con las mujeres feministas y con las mujeres obreras en la defensa de todos nuestros derechos, no es la primera vez que pasa esto en este país”.

Tras referir: “Bueno dicen que me andaban buscando, pero parece que andaban buscando una aguja en un pajar. Todo mundo sabe que yo trabajo aquí, saben donde vivo y fueron a buscarme en varias casas donde yo no vivo, por el Amor de Dios aquí está mi cédula y mi cédula dice donde yo vivo”.

“Quieren a la administradora soy yo, soy la representante legal”, sostuvo Ramos, quien demandó que sea el Ministerio de Gobernación quien les notifique por la presencia policial.

Sandra Ramos y abogada de CPDH, Karla Sequeira abogada de CPDH. Fotografía: Cortesía CPDH.

25 años en defensa de mujeres

El María Elena Cuadra tiene 25 años, y durante ese período manifestó ninguno de los gobiernos que han precedido al régimen, han estado de acuerdo con esa organización pues “todos se alían con la clase alta” y “cuando nosotros peleamos por los pobretones entonces  se arrechan contra el María Elena Cuadra”.

Según dijo, esa organización atiende cada año a unas  16,000 mujeres, no obstante aclaró que a cambio de esa ayuda nunca las han instrumentalizado. “Jamás le hemos dicho a cambio que te ayudemos vas a hacer esto, ¡Jamás!¡Jamás! Y nunca lo haremos”.

En el interior de las instalaciones permanecía un guarda de seguridad por cuya seguridad reclamaba Ramos, por lo que increpó a los policías: “Si ustedes van a resguardar el local, déjenme sacar al trabajador”.

 A los periodistas Ramos les manifestó que ante estos hechos no queda más que “denunciar a instrumentos internacionales”, por lo que comunicó ya había informado de esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Mujeres acuden al María Elena Cuadra. Fotografía: Cortesía CPDH.

Una vez que se retiraron los policías, Ramos ingresó al local y llamó a las usuarias del María Elena Cuadra que sigan acudiendo sin miedo. “Aunque nos cierren nosotras les sabremos indicar donde vamos a estar, no somos una organización clandestina ni andamos ejerciendo el clandestinaje”, aseguró Ramos.

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), consideró este hecho como un mensaje, pues «están amenazando a todas las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos».

La CPDH se presentó al sitio que permanecía rodeado por la Policía. Fotografía: Cortesía CPDH.

Karla Sequeira, abogada de la CPDH, refirió que habían preguntado a los policías si existía orden de allanamiento o alguna orden de intervención, pero no dijeron nada. Para Sequeira este hecho es una nueva actuación arbitraria y denota el temor que tiene el régimen a organizaciones que trabajan con proyectos a favor de la ciudadanía.

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