Sanciones limitan funciones de la Policía y la aíslan entre homólogas de la región

“Se ha tocado por primera vez el brazo más fuerte de la represión”, aseguró la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, quien no descarta como represalias por parte del régimen, una mayor escalada represiva.

La excomandante guerrillera Dora María Téllez en un análisis de este hecho destacó, que  “es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos sanciona a una institución del Estado y al hacerlo la reconoce fuera de la institucionalidad nacional”.

Esta situación tendrá un impacto en la institución, expresó Téllez, quien pone de ejemplos que las sanciones representan el cierre de cuentas y todo tipo de transacciones en el sistema financiero nacional, el cierre de acceso a negocios con cualquier empresa o ciudadano de Estados Unidos y deslegitimación en la región.

Esto indica, a consideración de Téllez, que “las policías del triángulo del norte que reciben fondos para enfrentar a las ‘maras’ se verán forzadas a aislar a la Policía orteguista”.

Limitada en sus funciones

Por su parte la socióloga y especialista en temas de seguridad, Elvira Cuadra, coincide con Téllez en cuanto a que «la institución quedó limitada en todas sus funciones y en todas sus capacidades, porque no va a poder hacer institucionalmente ningún tipo de gestión, no puede contratar servicios, no puede hacer compras no puede recibir financiamiento de organismos financieros internacionales o de cooperación u otro tipo”.

Por tanto, señala Cuadra “eso limita todas sus capacidades operativas especialmente aquellas que están relacionadas con acciones de represión”.

A su vez, para Cuadra esto tiene impacto en sus relaciones con otras Policías de Centroamérica. “Yo creo que van a quedar sumamente limitadas, porque la mayoría de las policías de la región tienen vínculos de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos y eso deja a Nicaragua fuera de una serie de programas y de colaboraciones”, manifestó Cuadra.

Es por ello, que a criterio de Cuadra, la sanción a la institución es la decisión más importante, dado que puede interpretarse como un mensaje para el régimen de parte de Estados Unidos, “que está cerrando más el círculo de presión sobre ellos  y bueno está cortando los pocos apoyos que tiene (Daniel) Ortega”.

Advertencia a otros

Téllez por su parte refiere, que “el precedente es sumamente serio para los Ortega Murillo, pues ya se comenzó a tocar sus brazos institucionales de poder. Esto pone a correr al sistema judicial, al Ejército, etc.”.

Y sobre todo porque “hasta ahora todas las sanciones habían sido individuales y al capital y sociedades de los Ortega Murillo.  Aquí ya cambió el viento. Una vez que está bajo la lupa de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), puede venir detrás lo relativo al lavado de dinero y otros activos”, sostuvo Téllez.

En un comunicado de prensa sobre declaraciones del secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos Michael Pompeo, menciona que la acción de este jueves, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851 («Bloqueo de propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua») y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), impone sanciones de bloqueo de activos a la Policía  y a tres funcionarios con cargos en esa institución. Y en general, prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos.    

A su vez, indica Pompeo que simultáneamente con esta designación, el Departamento del Tesoro emitió una licencia general para permitir que las personas de Estados Unidos liquiden las transacciones con la Policía  hasta las 12:01 am, hora del este, del 6 de mayo de 2020.

Imputación es grave

Para la presidenta del CENIDH  también tiene importancia las sanciones individuales aplicadas a tres funcionarios de la Policía, porque representa el señalamiento concreto  a esas tres personas que han sido claves en la represión.

Juan Valle Valle

Por ejemplo el jefe de Auxilio Judicial, Luis Pérez Olivas “representa la tortura, que se iniciaba a la entrada del Chipote”, dijo Núñez, para quien Juan Valle Valle “mantenía  paralizada y militarizada la ciudad”.
Y en el caso de Justo Pastor Urbina,  “es nada menos que el jefe de las tropas de operaciones especiales, prácticamente el jefe de quienes andaban matando, haciendo todo, francotiradores, antimotines”.

Luis Pérez Olivas
Justo Pastor Urbina

Por tanto Núñez, lo considera como “una imputación gravísima y  “una fuerte sanción al órgano represor visible del gobierno”.

Mencionó Núñez, que en derechos humanos es importante la documentación de los hechos, para en un futuro impulsar acciones en la justicia universal, por lo que estos señalamientos deben tener soporte probatorio para que la impunidad no se apodere ni continué en el país.

Y es que por ejemplo, la OFAC señala a la Policía como “responsable del uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”. Así como que desde el comienzo de las  protestas en 2018, la Policía y los parapolicías han llevado a cabo secuestros y ejecuciones selectivas de líderes políticos de la oposición. 

Régimen es «una fiera herida»

La defensora de derechos humanos advirtió que estas sanciones tendrán repercusiones pues el régimen reaccionará similar “a una fiera herida” por lo que no descarta que empiecen a buscar chivos expiatorios.

No obstante, Núñez refiere que esta designación por parte de Estados Unidos, debe servir para que el régimen impulse un nuevo esfuerzo para  la reanudación del diálogo y desmontar la represión.

Mientras el llamado Bloque Democrático que aglutina a ciudadanos, organizaciones sociales y movimientos, respaldó las sanciones porque considera que la jefatura de la Policía y muchos de sus miembros han violentado la Constitución Política de Nicaragua y los derechos humanos de miles de nicaragüenses.

“Y se ha transformado en el brazo represor”, del régimen y consideran que las sanciones deben ser extendidas a otras instituciones que hayan sido cómplices de la represión.