Relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola reitera llamado al régimen a cesar la represión


La comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, reiteró: “desde la Comisión Interamericana, llamamos nuevamente al Estado de Nicaragua a cesar la represión y en particular, a implementar un proceso adecuado de verdad, justicia y reparación para las víctimas apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

“La superación de la situación de impunidad en Nicaragua y la recuperación de la confianza en las instituciones estatales constituyen algunos de los principales mayores desafíos para el restablecimiento del Estado de Derecho”, aseguró por su parte la presidenta de la CIDH, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Entre otros casos la CIDH destaca la denuncia de amenazas de muerte a través de las redes sociales, efectuadas en agosto pasado por la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Leyla Prado.

“Dichas amenazas y el hostigamiento se habría incrementado en el contexto de su actuación como defensora de María Oviedo, abogada de la CPDH, criminalizada desde el 26 de julio y declarada culpable en primera instancia el 29 de agosto por el delito de “obstrucción de funciones”, refiere la CIDH en un comunicado de prensa.

En el mismo incluye la vigilancia policial de las instalaciones de Acción Penal, colectivo de ex fiscales que se encuentra dedicado a la defensa de presos políticos, el 9 de agosto y la detención durante varias horas de cinco defensoras cuando colocaban pancartas de protesta, y la agresión y despojo de sus pertenencias por parte de “turbas sandinistas” en contra de la abogada Aura Alarcón, hechos ocurridos el 19 de agosto.

El Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, destacó que “el contexto adverso en el que defensores de derechos humanos, así como las y los abogados desempeñan su labor es sintomático de la continuación de la crisis y el estado policial en el país”.

Acoso a excarcelados

En el mismo mes de agosto, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) también recibió testimonios sobre la situación de derechos humanos de las personas excarceladas y la persistencia de actos de hostigamiento, amenazas y agresiones en su contra.

“De acuerdo con los testimonios recibidos, éstas son víctimas de vigilancia permanente por agentes de policía y civiles motorizados por medio de constantes interrogatorios a sus familiares y vecinos, y se mantendrían en las inmediaciones de sus domicilios hasta altas horas de la madrugada”, refiere el comunicado de la CIDH.

“La CIDH advierte la continuación y normalización de un patrón de detenciones arbitrarias, de corta duración, en contra de estas personas. Algunas de estas detenciones han ocurrido en los puestos fronterizos o en el aeropuerto después de la participación de algunas de estas personas en eventos internacionales, de acuerdo con la información recibida, con el objetivo de amedrentarlos por su liderazgo en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018”, indica la CIDH.

Reportes de organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de al menos 30 casos hasta el 27 de agosto, de excarcelados detenidos bajo ese patrón. También señala que conoció del exilio a Costa Rica del alcalde de Mulukukú y expreso político Apolonio Fargas, tras la toma de las instalaciones de la Alcaldía y su domicilio por agentes policiales.

Esclarecer asesinato

Asimismo la Comisión exhorta al Estado nicaragüense a investigar de forma diligente las circunstancias del asesinato de Francisco Blandón Herrera, ocurrido el 27 de agosto en Wiwilí, Jinotega a fin de identificar y sancionar a las personas responsables.

Y señala que organizaciones de derechos humanos han manifestado, que este caso se enmarcaría en el contexto de agravamiento de la violencia en el interior del país contra campesinos y personas identificadas como opositoras al régimen.

La CIDH reiteró su preocupación por la incertidumbre en que permanecen muchas de las personas excarceladas ante la falta de información sobre su situación jurídica. Y que en algunos casos, las causas penales en su contra seguirían abiertas y los antecedentes penales no habrían sido cancelados; o a quienes aplicaron la Ley de Amnistía las causas serían archivadas sin dictar su sobreseimiento, lo que impediría el cese de medidas cautelares impuestas y la devolución de los bienes incautados.

El 26 de agosto, la CIDH fue informada sobre irregularidades presentadas en el sistema informático del Complejo Judicial Central de Managua que impediría a los abogados tener acceso a la información sobre los casos de presos políticos.

Hasta el 8 de agosto, 126 personas continuaban privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas. Uno de estos casos conocidos por la CIDH fue el de María Guadalupe Ruiz Briceño, estudiante detenida desde el 13 de julio de 2019 en la Catedral de Managua cuando participaba en actos de protesta pero procesada por delitos comunes.

Al respecto, el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad destacó que “en el marco del Estado de Derecho, el sistema judicial debería funcionar como la primera línea de defensa de los derechos humanos. Para lo cual, resulta imperante el cumplimiento de las garantías de imparcialidad e independencia establecidas en el derecho internacional”. Agregó que, “en el caso nicaragüense, lo que hemos documentado continuamente han sido patrones de represión desde las mismas instituciones encargadas de la impartición de justicia”.



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