El jueves diputados oficialistas expresaron que las reformas electorales que ya preparan en la agenda de la Asamblea Nacional serán discutidas con los llamados partidos políticos satélites del régimen.
De acuerdo al criterio de Chamorro, el régimen “lo que quiere hacer son reformas cosméticas para que internacionalmente aparezca como reformador”, por lo que “no creemos en esas reformas”.
Además destacó que “lo importante de cualquier proceso de reformas es que tenga legitimidad, la legitimidad la da el pueblo nicaragüense con sus aspiraciones, si estas reformas llegasen a tener cosa que lo dudo enormemente, en beneficio de la mayoría de nicaragüenses, llegasen a tener un significado para que efectivamente se acabe la corrupción electoral, se acaben los fraudes electorales, entonces sería unas buenas reformas”.
Sin embargo, Chamorro apuntó que “no podemos esperar buenas reformas de una dictadura que siempre ha mentido, siempre ha incumplido”.
Existe propuesta de Alianza Cívica y Unidad Nacional
El jueves Gustavo Porras anunció reformas a la Ley 331, Ley Electoral, “para fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral dirigido por el CSE”.
A mediados de diciembre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) presentaron una propuesta de reformas electorales que incluye cambios a la Constitución Política en materia electoral, entre los que están la posibilidad que la sociedad civil pueda postular candidatos para ser magistrados al Consejo Supremo Electoral (CSE). A su vez plantea la no reelección para el cargo de Presidente, la prohibición de la candidatura de cónyuge del Presidente en el ejercicio del cargo, restablecer el umbral del 50% + 1 y la segunda vuelta si no se alcanza el umbral electoral, restablecer las candidaturas independientes, eliminar la norma jurídica del transfuguismo, y garantizar los derechos de excarcelados y exiliados para participar como candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
Igual proponen despartidizar las estructuras electorales y administrativas (CED, CER, CEM); nuevos mecanismos para el nombramiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y Policías Electorales; observación electoral obligatoria; divulgación de resultados en el sitio web del CSE detallados por JRV a nivel nacional; publicación de todas las actas de escrutinio en el sitio web del CSE; boletas electorales separadas para cada tipo de elección (Presidente, Diputados departamentales, PARLACEN, Alcaldes y concejales); fiscalización de partidos políticos en tiempo y sin exclusiones; depuración, actualización y auditorias del Padrón Electoral.
Consultado Chamorro sobre posibles repercusiones para el régimen de no cumplir con las expectativas de la comunidad internacional alrededor de este tema, estimó “que las sanciones van a venir de todas maneras porque estamos hablando de un régimen opresor que está violando los derechos constitucionales de los ciudadanos, mientras estos derechos sigan secuestrados va a tener no solo las sanciones sino el repudio de la comunidad internacional”.
Es de resaltar que el Consejo Supremo Electoral es el Poder del Estado al cual Estados Unidos ha sancionado a dos de sus presidentes. En diciembre de 2017 el presidente Donald Trump, incluyó al entonces presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, a quien incluyó en una lista de “personas envueltas en serios abusos a los derechos humanos o corrupción”, basado en la Ley Global Magnitsky, en el marco de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Cinco meses después Rivas abandonó su cargo.
El 7 de noviembre de 2019, el Departamento del Tesoro sancionó también al sucesor de Rivas, Lumberto Campbell, presidente en funciones del CSE.
El Departamento del Tesoro indicó que “el CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente (Daniel) Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del Gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN”.