En las conclusiones de su informe, Bachelet menciona que tanto la OACNUDH, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI han documentado graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas.
El Estado de Nicaragua, reaccionó que las conclusiones y recomendaciones de Bachelet “están encaminadas a continuar una campaña de desprestigio contra el gobierno legítimamente constituido para facilitar condenas políticas y medidas contra el pueblo nicaragüense”. E insiste en su posición de que hubo “un intento fallido de golpe de estado”.
Según el representante de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Ramón Muñoz, “el valor que tiene este informe que se presentará ahora, es que se están documentando las violaciones de derechos humanos. El informe dice que no hay justicia independiente que el procurador no es independiente, que se tiene que establecer todo un plan de acción para la reparación y para la justicia que se tienen que hacer reformas etc.”.
“Este informe de alguna manera va a producir mucho revuelo, mucho escándalo, mucha tensión sobre Nicaragua en este momento, y lo que se está tratando es de lograr que Nicaragua abra las puertas para que la Oficina vuelva a entrar, la de la señora Bachelet, para que el sistema interamericano regrese (al país)”, dijo Muñoz.
Prevé una resolución más fuerte
A criterio de Muñoz, “esta situación tiene que evolucionar con el tiempo a través de presiones y más presiones”. El informe amplio que presentará Bachelet, fue parte del encargo que hizo el Consejo en marzo pasado tras una resolución sobre Nicaragua. Y durante la sesión de presentación también participará la invitada de Bachelet, la comisionada Urrejola, así como también están previstas una serie de intervenciones entre ellos representantes de los estados.
Y al momento del debate considera que podrán participar varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) inscritas. Entre los que asistirán está la directora de CISAS Ana Quirós, Karla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, representantes de la sociedad y excarcelados Jhonatan López, Byron Estrada y Amaya Coppens, Mónica López Baltodano.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) una de las nueve organizaciones a las que desde la Asamblea el régimen le canceló la personería jurídica, también anunció su participación y califica como oportuno el Informe sobre Nicaragua que presentará Bachelet y la valoración de la gravedad que conlleva la destrucción de los organismos que defienden derechos en Nicaragua, de la cual es víctima directa el CENIDH.
El martes, el CENIDH y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), intervendrán conjuntamente, para instar al Estado de Nicaragua a que reanude sin dilaciones la cooperación con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, en particular con la OACNUDH y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y permita nuevamente el acceso de ambos organismos al país. También para exigir investigaciones prontas e imparciales sobre las violaciones generalizadas a los derechos humanos perpetradas desde abril de 2018.
“Yo creo que eso va a ser muy fuerte, porque van haber muchos estados que van hablar y le van a decir a Nicaragua que tienen que aceptar las recomendaciones y van a seguir insistiendo sobre la situación tan grave que se está presentando”, dijo Muñoz.
En días siguientes habrá un evento paralelo y reuniones apartes con comisionados de la CIDH, Urrejola y Joel Hernández y posiblemente los excarcelados sean recibidos por Bachelet.
A paso lento
Sin embargo, será hasta en marzo de 2020 que “se va a reconducir la resolución”, esto porque ante la falta de colaboración del Estado, el Consejo deberá decidir, aprobar una nueva resolución con otros elementos que podría ser pedir otros informes, crear una investigación, “en esto depende mucho del Estado de Nicaragua, o de (Daniel) Ortega”.
Pero ¿Qué impacto tiene una nueva resolución? Muñoz adelanta que la próxima resolución tiene que ser una resolución más fuerte. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos podría decidir formar una comisión de investigación, pero eso depende de los estados que están en el consejo y, “eso hay que negociarlo en el mes de marzo y muy seguramente la actitud tan cerrada, tan negativa de parte de Ortega va a producir reacciones muy fuertes (..) negando toda la verdad y no aceptando ninguna recomendación y ya vemos que no van aceptar ninguna recomendación”.
Muñoz, dice “esto tiene que producir de alguna manera o sanciones de parte de la Unión Europea, o exigencias de otros estados, hay una comisión que tienen que recibir del Sistema Interamericano de la OEA, quien sabe cual vaya a ser la actitud de los Estados Unidos después de esto, probablemente van a tomar esto más en serio y van a empujar otro tipo de sanciones comerciales o de otro tipo, diplomática o de otra naturaleza”.
Lo que buscan también es que la oficina de OACNUDH y el sistema interamericano, vuelvan a Nicaragua, dijo Muñoz, y aclaró que este tipo de resoluciones básicamente ejercen presiones diplomáticas sobre los gobiernos, pues no tienen facultad de ordenar “es una reunión política donde los estados se ponen de acuerdo”, pero para el prestigio de Ortega y el Estado de Nicaragua, manejado por Ortega es muy negativo “y abre otras puertas, seguramente otros estados pueden decidir cortar cooperación con Nicaragua, o imponer sanciones o hacer presiones de otro tipo sobre Nicaragua para que la situación de alguna manera evolucione”.
“Como Nicaragua no es tan poderoso como otros estados pues seguramente que estas presiones en algún momento lejano van a terminar por producir algún efecto”, dijo Muñoz.
Régimen aquí no pasa nada
El régimen siguió en su campaña de negación de todo los señalamientos en su contra al afirmar que en Nicaragua existe plena libertad de expresión. Ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho a informar. Y “en todo caso, si alguna persona ha tenido que responder a la justicia, lo ha hecho por la comisión de conductas delictivas establecidas en el Código Penal como delitos”. De esa forma justifica las detenciones de periodistas como las de Miguel Mora y Lucía Pineda.
Igualmente justifica el régimen la cancelación de la personería jurídica desde la Asamblea Nacional de nueve organizaciones, que afirma fue por “desnaturalizar sus fines y objetivos e hicieron uso de su esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos ilícitos en el contexto del intento de Golpe de Estado, violando sus propios estatutos”.
Además alega el régimen, que “no existe ningún patrón de detención arbitraria” y sostiene que la Policía cumplió con los plazos y procedimientos establecidos en la Constitución Política en el caso de las detenciones. Tampoco reconoce que existe tortura ni tratos crueles, inhumanos y degradantes, “ya que el Estado garantiza en todo momento el respeto de los derechos humanos a los presos y presas”.
El régimen tampoco reconoce los abusos denunciados en contra del Sistema Penitenciario Nacional, pues alega que no cuenta con cárceles ni celdas de aislamiento ni de castigo para presos. Las celdas y pabellones tienen diseño para uso colectivo y además son de construcciones recientes y conforme estándares internacionales.
Falta de voluntad
La OACNUDH indica que no conoce sobre investigaciones de casos denunciados por violaciones y abusos cometidos por la Policía o elementos progubernamentales en el contexto de las protestas, lo que “refleja la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos, negando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición” y socava, aún más, la confianza pública en las instituciones del Estado.
Además las medidas institucionales y legislativas para supuestamente promover la reconciliación y garantizar la reparación a todas las víctimas de la crisis sociopolítica fueron impuestas, sin consulta previa y no se ajustan a los principios internacionales pertinentes.
Y “la fase más reciente de la represión contra los sectores críticos con el Gobierno se ha caracterizado por la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación, y reunión pacífica. Además, los funcionarios del Gobierno han recurrido a la retórica para desacreditar y atacar a los defensores de derechos humanos, los periodistas y las personas críticas con el Gobierno”.
Mientras ha continuado los arrestos y detenciones arbitrarios como medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas y se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo.
Aún no se habla de asesinatos en la frontera y del tema de exiliados
Según el representante de la RIDH, los estados están atentos y muy preocupados por la crisis de Nicaragua. Y a su criterio hay otras situaciones que comienzan a preocupar mucho y que ya no fueron incorporados en el informe de Bachelet, como el tema de los asesinatos en las fronteras norte y sur, y la situación “grave” de miles de exiliados nicaragüenses en diversos países.
No descarta Muñoz, que los estados van a solicitar alguna acción concreta para marzo del 2020 “para reforzar la ayuda de estas personas”. Y que como RIDH preparan un informe sobre la situación de los migrantes nicaragüenses que se refugiaron en países como Costa Rica y Honduras, sobre quienes considera se habla muy poco.
Al tiempo que señala que OACNUDH cuestiona sin fundamento la independencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la cual ha actuado en cumplimiento de la Constitución Política.
Lo que dice Bachelet sobre Procuraduría
“La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución nacional de derechos humanos, que también es el mecanismo nacional para la prevención de la tortura, no mostró ninguna independencia durante este período”, señala el informe de la Alta Comisionada. Y refiere que en el 40 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la delegación del Estado estuvo representada por el comisionado adjunto de la PDDH, el ahora fallecido Adolfo Jarquín Ortel, “quien repitió la justificación del Gobierno sobre el fallido golpe de Estado e indicó que su institución no había encontrado prueba alguna de que se hubiera torturado a los manifestantes privados de libertad”.
De esta manera, Bachelet refiere que en marzo de 2019, la categoría de la PDDH fue rebajada de “A” a “B” al no poder demostrar su independencia.
Con el descenso de categoría, explica Muñoz, la Procuraduría perdió todo su derecho de asistir a las reuniones del Consejo de Derechos Humanos, ni tomar la palabra en el mismo. Al tiempo que perdieron credibilidad y toda posibilidad de colaboración de parte de otros estados “hasta que la situación cambie”.
Lo que hizo el representante de la Procuraduría al llegar a defender al estado, para Muñoz “fue escandaloso”, pues recordó que la Procuraduría no está para defender al gobierno sino que debe de cumplir sus funciones de manera independiente.
El especialista en derechos Humanos, Uriel Pineda estima por su parte que la Procuraduría haya sido bajada de categoría “es un veto internacional”. Eso significa que el valor de sus informes no será considerado, tampoco podrá defender al régimen ante instancias internacionales justamente por su falta de independencia.
“El impacto interno es que a la Procuraduría se le había dado un papel importante en la mal llamada estrategia de reparación integral. Ese rol ante instancias internacionales queda sin valor”, dice Pineda, quien estima que “la principal repercusión es que el sistema nacional de protección de derechos humanos en Nicaragua es considerado ineficaz, es decir, que la concentración de poder en el país es tal que las personas están en indefensión respecto de la protección a sus derechos humanos”.
Tras referir: “El problema es que la observancia sobre el respeto y cumplimiento de derechos humanos recae sobre el llamado sistema de ombudsperson y en Nicaragua es ineficaz”, por lo que en el país no existe una instancia nacional que proteja y promueva derechos humanos en la peor crisis del país en esta materia.
En el caso de la tortura, Pineda señala que el Estado tiene la obligación de regular su prohibición y contar con una instancia independiente e imparcial que investigue. Pero este deber lo asume la Procuraduría al nombrarla como el Mecanismo Nacional, “pero al ser ineficaz la Procuraduría de Derechos Humanos en Nicaragua no hay manera de verificar objetivamente la tortura. Estamos en indefensión”, que pasa igual con el tema de privados de libertad.