A propósito del Día Mundial del Saber, en el capítulo sobre Nicaragua el informe señala que aunque existe la ley desde 2007, en la práctica el régimen no ha propiciado las condiciones para una implementación efectiva de dicha norma, y más bien “ha levantado barreras a la información instaurando una desacertada política de restricciones indebidas”.
“Las pocas Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP) existentes son disfuncionales, o han perdido la naturaleza establecida al crearlas, convirtiéndose únicamente en Oficinas de Relaciones Públicas”, señala la FVBCH en el informe.
A esto le agrega que los correos y las páginas web de las oficinas de instituciones del oficialismo están desactualizados y con poca información institucional, pero están copadas de propaganda del partido oficialista, “evidenciando la confusión Estado-Partido-Familia” que ha caracterizado toda la gestión de Daniel Ortega.
En la mayoría de los casos las instituciones del Estado no responden a las solicitudes de información pública presentadas por ciudadanos de manera física o en línea aunque los solicitantes cumplan los requisitos que establece la Ley, tampoco envían por escrito la denegatoria de información con las debidas justificaciones legales. “Simplemente no responden, cayendo en lo que procedimentalmente se llama silencio administrativo”, indica el informe.
Además el régimen no ofrece conferencias de prensa, la negativa de acceso a periodistas independientes a actividades oficiales ha recrudecido a partir del 18 de abril de 2018 e impera en las instituciones públicas la cultura del secreto, refiere el informe.
Refiere la FVBCH que el régimen, ha llegado a los extremos de estigmatizar y judicializar a los periodistas que solicitan información a las instituciones. Y menciona el ejemplo del director de Esta Semana y Confidencial, Carlos Fernando Chamorro “que haciendo uso de su ejercicio como ciudadano llegó a las oficinas de Plaza El Sol con el objetivo de demandar información sobre la expropiación policial del edificio donde funcionan las salas de redacción de Esta Semana y Confidencial. La respuesta de la policía fue utilizar la fuerza pública y reprimirlo como si estuviera cometiendo un delito”.