Régimen Ortega Murillo libera bajo “convivencia familiar” a principal cabecilla de red narco


Por Elízabeth Romero y Ludwing Moncada Bellorin

Desde diciembre de 2019 Beltrán y su hijo Norlan Beltrán está en libertad en Ocotal bajo el régimen de convivencia familiar, según publicaciones de sus familiares en Facebook y que fueron retomadas por las páginas en Facebook Ocotal en Imágenes y más y TVNorteOcotal.

Los Beltrán
fueron incluidos en una lista de más de 1200 presos comunes que el régimen
mandó a liberar en el mes de diciembre del año recién pasado, de acuerdo a una
nota de prensa publicada por el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), sin que
ofrezcan mayores detalles de quienes son los liberados. 

“En esta Navidad,
más de 1,200 presos y presas del país regresaron a sus hogares junto a su
familia, con el beneficio legal de convivencia familiar durante un acto
realizado en el Complejo Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa”, se limita a
referir el SPN en una nota de prensa publicada el 23 de diciembre de 2019, en
su sitio web.

La misma nota
recoge declaraciones de la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, en
la que califica el hecho como una reivindicación.

 “Nosotros trabajamos arduamente para reivindicar los derechos de las familias, incluyendo la población penal”,

dijo en ese momento Coronel.

Quien es Beltrán
y la red Jade

En julio de 2016, un
tribunal de primera instancia condenó a Beltrán a 42 años de cárcel, en la suma
de la pena por los delitos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de
dinero. La Fiscalía en su acusación, aseguró que esa agrupación liderada por
Beltrán había lavado 1,747 millones de córdobas y 93 millones de dólares.

Para sostener su
acusación, la Fiscalía presentó en el juicio como testigo a un funcionario de
la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, quien
aseguró que los procesados crearon pequeños negocios como distribuidoras,
ferreterías en Estelí y Nueva Segovia con el fin de justificar el capital proveniente
de la venta de droga, según publicaciones periodísticas basadas en el juicio.

En el juicio también fue
presentado un informe financiero que indicaba que estas personas abrieron 36
cuentas bancarias distribuidas en seis bancos nacionales para realizar el
lavado de dinero.

Beltrán fue arrestado
procesado y condenado en 2016 con penas que sumaban hasta 42 años pero luego en
apelación la Sala Penal II le rebajó la pena de 12 años por crimen organizado
que le había impuesto el juez de primera instancia. Con lo cual la pena que
deberá cumplir es de 30 años la pena máxima aplicada en el país.  

La justificación
que ofrecieron los magistrados del Tribunal de Alzada para rebajar los 12 años-según
publicación de LA PRENSA del 12 de abril de 2018-, fue que “no debe agravarse
más la pena por el crimen organizado, con agravantes que no corresponden, pues
los delitos relacionados con estupefacientes llevan implícito este móvil de
interés económico”.

No obstante, en el sistema de consultas del Complejo
Judicial de Managua aparece todavía la fase de la sentencia suspendido hasta el
20 de enero de 2017.

La imagen de Isacio de Jesús Beltrán junto al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, circuló en redes sociales poco antes de la Operación Jade. En su momento el Ejército evitó explicar las circunstancias en que la misma fue tomada.

La PGR avaló la sentencia

En el sitio web de la
Procuraduría General de la República (PGR), aún aparece la nota de prensa
publicada por esa institución en reacción a la sentencia dictada en julio de
2016 por el Juzgado Séptimo de Distrito Penal de Juicio en contra de los
integrantes de la agrupación.

“Se condenó a Isacio Beltrán Beltrán, María Francisca
Cruz, a los salvadoreños Mario Mendoza Chávez y Héctor Martínez Hernández y 14
acusados más, quienes formaban parte de una estructura del cartel de Sinaloa,
que transportaba cocaína desde Costa Rica hasta Honduras”, refiere la nota de
la PGR.

“Luego de conocer el fallo de culpabilidad en contra de
los 18 acusados en el caso conocido como ‘Operación Jade’ y después de 15
jornadas de trabajo, en audiencia de debate de pena realizada este jueves 3 de
septiembre, la Procuraduría General de la República solicitó penas que oscilan
entre los 15 y 49 años de prisión, por los delitos de transporte internacional
de estupefacientes, crimen organizado y lavado de dinero”, señala la PGR en
parte del texto.

Al tiempo que menciona que el último cargamento incautado
fue de 508 paquetes de droga, “en unos parqueos ubicados en el municipio de
Sébaco, los cuales estaban caleteados en furgones”.

En el debate de pena, la PGR también solicitó el decomiso
de todos los bienes muebles e inmuebles vinculados en este caso, así mismo,
aseguró que “con estos resultados, se demuestra una vez más la voluntad de
nuestro Gobierno de luchar contra estos flagelos”.

Antes del arresto, en
las cuentas de Facebook de familiares de los Beltrán aparecía colgada una
fotografía de Isacio Beltrán junto al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio
César Avilés. La fotografía fue retirada de esa red social poco después de la
captura.

En ese entonces esa institución guardó silencio sobre las circunstancias en que el jefe militar se había fotografiado con Beltrán.

La población es
la víctima indefensa

Sobre la disposición de otorgar régimen de convivencia
familiar a los Beltrán, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, expuso que esta es una situación grave en la que
el Sistema Penitenciario Nacional “está delinquiendo”. Cuevas recordó que en
este caso la víctima es la sociedad nicaragüense y queda indefensa.

El defensor de derechos humanos ha conocido el caso de dos personas incluidas en ese listado de diciembre que estaban apresados por robo y uno de ellos, a pocos días de liberado, ya volvió a delinquir por lo que fue arrestado nuevamente.

Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH

Para Cuevas estas disposiciones también representan
derroche del erario público, porque en estas operaciones que ejecuta la Policía
el Estado invierte grandes cantidades de recursos para capturar a estas
personas.

Cuevas destacó que estas personas liberadas por el
régimen Ortega Murillo bajo este tipo de régimen penitenciario les representan
“una cantidad de votos”, sin importarles que estas decisiones pongan en riesgo
a la población que es potencial víctimas de los delincuentes que han puesto
nuevamente en la calle.

¿Qué establece la
ley?

La Ley 745, Ley de Ejecución, Beneficios y Control
Jurisdiccional de la Sanción Penal establece en parte del artículo 39 que
corresponde al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitencia otorgar el beneficio
de convivencia familiar, a propuesta fundamentada del director del Centro
Penitenciario o a instancia de las partes. 
Y deberán demostrar con constancia del cumplimiento del porcentaje de
permanencia en régimen abierto, evaluación y análisis del Consejo Evaluativo y
del equipo interdisciplinario, entre otros.

 El reglamento de
la Ley 473 Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena establece que
los presos primarios con penas por la comisión de delitos graves, deberán haber
cumplido con un 40 por ciento del régimen laboral, 20 por ciento del régimen
semiabierto y diez por ciento del régimen abierto para que puedan acceder a la
convivencia familias que representa un 25 por ciento. Se debe destacar que Beltrán
fue sentenciado a pena máxima en 2016, por lo que apenas lleva cuatro años
cumpliendo condena.

El abogado y exfiscal Boanerge Fornos, considera que “no
es facultad de los Sistema Penitenciarios otorgar régimen de convivencia
familiar eso le corresponde al juez de ejecución de sentencia y vigilancia
penitenciaria, lo que pueden hacer es tramitar y proponer a las personas que
podrían darle ese beneficio previo cumplimiento de los requisitos.

“Están tomando decisiones que no les competen”, dijo
Fornos, tras referir que esto  evidencia
que el aparato administrativo, o sea “el SPN tiene mayor peso y mayor
independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial simplemente es un
espectador más y no está cumpliendo con su rol en estos casos.
La convivencia familiar debería otorgarse a las personas que han sido
condenadas y han cumplido cierto período de tiempo”.

Trato diferenciado

Existe un trato
diferenciado de parte del régimen a reos por delitos comunes de gravedad en
contraposición con los presos políticos, ya que, a muchos de ellos les mantiene
programado su juicio. Tal es el caso de la autollamada banda aguadora, quienes
fueron detenidos el 14 de noviembre de 2019 Masaya por solidarizarse al llevar
agua para las madres de presos políticos que habían iniciado una huelga de
hambre en la iglesia San Miguel. Posteriormente, la banda aguadora fue acusada
bajo los cargos de tráfico ilícito de armas.

“Hay una diferencia
inclusive en el trato adentro, por ejemplo las visitas al médico son más
fáciles si sos preso común (…) en cambio, si sos un preso político te limita,
tenés que estar insistiendo, rogando y hasta protestando”, dijo Ivania Álvarez,
excarcelada e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y
Blanco

La banda aguadora fue excarcelada bajo el régimen de convivencia familiar, pese a que no habían recibido sentencia firme. De acuerdo a la decisión del SPN solo pueden moverse dentro del departamento, pero aún aparecen en el sistema de los Juzgados con causa abierta. El juicio oral y público estaba fijado para este 30 de enero pero fue suspendido bajo el alegato que no estaba en agenda.

Álvarez manifestó que los casos de narcotráfico, asesinato o femicidio no pueden tener beneficios de otras medidas cautelares o cambio de régimen, aunque  dijo haber conocido que entre los más de tres mil presos comunes que salieron el año pasado de la cárcel habían casos por delitos de violación, narcotráfico y tráfico de personas, mismos que la ley no faculta  para que gocen de ese tipo de régimen.

Cooptación y reconfiguración de las instituciones

Existe amplia evidencia acerca de la cooptación de las
instituciones públicas desde el pacto de Daniel Ortega Saavedra y Arnoldo
Alemán Lacayo en el año 2000. Con el Pacto
Ortega-Alemán
se ha ejecutado una repartición de las instituciones entre
las cúpulas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el oficialista
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que le permitió a Ortega
cooptar el Poder Judicial desde antes del año 2006, cuando ganó las elecciones.

Como antecedente se puede mencionar la liberación del
expresidente Arnoldo Alemán o la reconfiguración de la Policía Nacional.  

Alemán fue acusado de lavar de dinero, y de haber creado un
mecanismo para desviar fondos desde la Dirección General de Ingresos
en complicidad con actual diputado Byron Jerez, sin
embargo, este fue sobreseído y puesto en libertad en el año 2009.

Según Elvira Cuadra en el libro “El Régimen de Ortega”,
la Policía Nacional inició su proceso de cooptación desde el año 2008 cuando
Ortega autorizó el ascenso de oficiales cuya promoción no era legitima.

El punto de quiebre fue cuando la primera comisionada en
retiro Aminta Granera Sacasa, fue nombrada por Ortega para ejercer un período
adicional al que establecía la ley de la Policía y finalmente el proceso de
cooptación culminó en el año 2014 cuando se aprobó la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad
Social de la Policía Nacional
o Ley 872 
y se estableció al presidente de la República como jefe supremo de dicha
institución, a la vez que se permitía la permanencia indefinida del cargo de
Director o Directora de la Policía Nacional bajo la voluntad y discreción del
primer mandatario. 

Del mismo modo que la corrupción ha sido determinante en
la cooptación del Estado, también lo ha sido el reino de la impunidad. Un caso
concreto de ello son los personajes relacionados al denominado “Caso Fariñas”.
En 2011 trascendió que Fariñas tenía fuertes vínculos con el crimen organizado
y lo vinculaban con directivos de la Policía y un magistrado del Consejo
Supremo Electoral.  El mismo Fariñas
denunció públicamente que estaba siendo amenazado por una estructura paralela  que funcionaba a lo interno de la Policía.
Esto jamás fue investigado. Tres días después de la denuncia, la Policía apresó al magistrado Julio Osuna, por vender
cédulas de identidad nicaragüenses a criminales extranjeros.

En 2013, Granera confirmó a Insight Crime, que el entones subdirector de la institución y ahora
comisionado general en retiro Carlos Palacios Linarte  era cercano a Fariñas. Todas las
especialidades investigativas y de inteligencia policial, estaban subordinadas
a Palacio en ese entonces.

En ese caso también
aparecieron fotografías de los
comisionados Luis Barrantes y Juan Ramón Gámez- ahora retirado y nombrado
Embajador de Nicaragua en la República de Honduras-  con las hermanas de Fariñas. Ese vínculo
tampoco  fue investigado.

El sobreseimiento de Arnoldo Alemán y Byron Jerez, la
liberación de Isacio de Jesús Beltrán y su hijo Norlan o el cambio de régimen
carcelario al exmagistrado Julio Ozuna demuestran que quienes han cometido
crímenes y actos de corrupción gozan de completa impunidad, mientras son
criminalizadas quienes ejercen su derecho de expresión o manifestación.

Y es que a partir de Abril 2018 actos legítimos de
ciudadanos nicaragüenses han sido criminalizados por el Estado y en su mayoría
les fue aplicado el delito de crimen organizado, también el Estado realizó
ejecuciones extrajudiciales. Un ejemplo es Álvaro Conrado, de 16 años,
asesinado por llevar agua a estudiantes que protestaban en las cercanías de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Álvaro Conrado Avendaño, padre de Álvaro Manuel Conrado, sostiene una foto de su hijo, asesinado por llevar agua a estudiantes que protestaban en las cercanías de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Así como las decenas de personas arrestadas por
participar en protestas en varias partes del país. O el caso de las nueve  organizaciones no
gubernamentales que fueron clausuradas y confiscadas
  y los medios de
comunicación como Confidencial y 100% Noticias cuyas instalaciones fueron
confiscados por ejercer su derecho a informar.

A esta situación el asesor de la CPDH le añadió que en
los últimos días la población debe enfrentar la creciente delincuencia en el país,
pero la Policía está dedicada a estacionar todo un día sus patrullas frente a
las viviendas de los ciudadanos “o ponen en las rotondas una a dos patrullas o
andan caravanas de patrullas viendo que no anden piquetes de gente ejerciendo
su derecho constitucional a manifestarse o andan dispositivos de centenares de
oficiales para que cuiden un punto específico del Carmen”.

Ante este escenario en el que las instituciones del
sistema de justicia como el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Policía
Nacional están cooptadas y operan en contra de la ciudadanía que pretende hacer
valer sus derechos constitucionales mientras que quienes cometen crímenes
graves gozan de completa impunidad, es la ciudadanía quien termina “manos
arriba y en riesgo” ante el Estado criminal.

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