Régimen Ortega Murillo libera bajo “convivencia familiar” a principal cabecilla de red narco


Por Elízabeth Romero y Ludwing Moncada Bellorin

Desde diciembre de 2019 Beltrán y su hijo Norlan Beltrán está en libertad en Ocotal bajo el régimen de convivencia familiar, según publicaciones de sus familiares en Facebook y que fueron retomadas por las páginas en Facebook Ocotal en Imágenes y más y TVNorteOcotal.

Los Beltrán fueron incluidos en una lista de más de 1200 presos comunes que el régimen mandó a liberar en el mes de diciembre del año recién pasado, de acuerdo a una nota de prensa publicada por el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), sin que ofrezcan mayores detalles de quienes son los liberados. 

“En esta Navidad, más de 1,200 presos y presas del país regresaron a sus hogares junto a su familia, con el beneficio legal de convivencia familiar durante un acto realizado en el Complejo Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa”, se limita a referir el SPN en una nota de prensa publicada el 23 de diciembre de 2019, en su sitio web.

La misma nota recoge declaraciones de la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, en la que califica el hecho como una reivindicación.

 “Nosotros trabajamos arduamente para reivindicar los derechos de las familias, incluyendo la población penal”,

dijo en ese momento Coronel.

Quien es Beltrán y la red Jade

En julio de 2016, un tribunal de primera instancia condenó a Beltrán a 42 años de cárcel, en la suma de la pena por los delitos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. La Fiscalía en su acusación, aseguró que esa agrupación liderada por Beltrán había lavado 1,747 millones de córdobas y 93 millones de dólares.

Para sostener su acusación, la Fiscalía presentó en el juicio como testigo a un funcionario de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, quien aseguró que los procesados crearon pequeños negocios como distribuidoras, ferreterías en Estelí y Nueva Segovia con el fin de justificar el capital proveniente de la venta de droga, según publicaciones periodísticas basadas en el juicio.

En el juicio también fue presentado un informe financiero que indicaba que estas personas abrieron 36 cuentas bancarias distribuidas en seis bancos nacionales para realizar el lavado de dinero.

Beltrán fue arrestado procesado y condenado en 2016 con penas que sumaban hasta 42 años pero luego en apelación la Sala Penal II le rebajó la pena de 12 años por crimen organizado que le había impuesto el juez de primera instancia. Con lo cual la pena que deberá cumplir es de 30 años la pena máxima aplicada en el país.  

La justificación que ofrecieron los magistrados del Tribunal de Alzada para rebajar los 12 años-según publicación de LA PRENSA del 12 de abril de 2018-, fue que “no debe agravarse más la pena por el crimen organizado, con agravantes que no corresponden, pues los delitos relacionados con estupefacientes llevan implícito este móvil de interés económico”.

No obstante, en el sistema de consultas del Complejo Judicial de Managua aparece todavía la fase de la sentencia suspendido hasta el 20 de enero de 2017.

La imagen de Isacio de Jesús Beltrán junto al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, circuló en redes sociales poco antes de la Operación Jade. En su momento el Ejército evitó explicar las circunstancias en que la misma fue tomada.

La PGR avaló la sentencia

En el sitio web de la Procuraduría General de la República (PGR), aún aparece la nota de prensa publicada por esa institución en reacción a la sentencia dictada en julio de 2016 por el Juzgado Séptimo de Distrito Penal de Juicio en contra de los integrantes de la agrupación.

“Se condenó a Isacio Beltrán Beltrán, María Francisca Cruz, a los salvadoreños Mario Mendoza Chávez y Héctor Martínez Hernández y 14 acusados más, quienes formaban parte de una estructura del cartel de Sinaloa, que transportaba cocaína desde Costa Rica hasta Honduras”, refiere la nota de la PGR.

“Luego de conocer el fallo de culpabilidad en contra de los 18 acusados en el caso conocido como ‘Operación Jade’ y después de 15 jornadas de trabajo, en audiencia de debate de pena realizada este jueves 3 de septiembre, la Procuraduría General de la República solicitó penas que oscilan entre los 15 y 49 años de prisión, por los delitos de transporte internacional de estupefacientes, crimen organizado y lavado de dinero”, señala la PGR en parte del texto.

Al tiempo que menciona que el último cargamento incautado fue de 508 paquetes de droga, “en unos parqueos ubicados en el municipio de Sébaco, los cuales estaban caleteados en furgones”.

En el debate de pena, la PGR también solicitó el decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles vinculados en este caso, así mismo, aseguró que “con estos resultados, se demuestra una vez más la voluntad de nuestro Gobierno de luchar contra estos flagelos”.

Antes del arresto, en las cuentas de Facebook de familiares de los Beltrán aparecía colgada una fotografía de Isacio Beltrán junto al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés. La fotografía fue retirada de esa red social poco después de la captura.

En ese entonces esa institución guardó silencio sobre las circunstancias en que el jefe militar se había fotografiado con Beltrán.

La población es la víctima indefensa

Sobre la disposición de otorgar régimen de convivencia familiar a los Beltrán, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, expuso que esta es una situación grave en la que el Sistema Penitenciario Nacional “está delinquiendo”. Cuevas recordó que en este caso la víctima es la sociedad nicaragüense y queda indefensa.

El defensor de derechos humanos ha conocido el caso de dos personas incluidas en ese listado de diciembre que estaban apresados por robo y uno de ellos, a pocos días de liberado, ya volvió a delinquir por lo que fue arrestado nuevamente.

Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH

Para Cuevas estas disposiciones también representan derroche del erario público, porque en estas operaciones que ejecuta la Policía el Estado invierte grandes cantidades de recursos para capturar a estas personas.

Cuevas destacó que estas personas liberadas por el régimen Ortega Murillo bajo este tipo de régimen penitenciario les representan “una cantidad de votos”, sin importarles que estas decisiones pongan en riesgo a la población que es potencial víctimas de los delincuentes que han puesto nuevamente en la calle.

¿Qué establece la ley?

La Ley 745, Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal establece en parte del artículo 39 que corresponde al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitencia otorgar el beneficio de convivencia familiar, a propuesta fundamentada del director del Centro Penitenciario o a instancia de las partes.  Y deberán demostrar con constancia del cumplimiento del porcentaje de permanencia en régimen abierto, evaluación y análisis del Consejo Evaluativo y del equipo interdisciplinario, entre otros.

 El reglamento de la Ley 473 Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena establece que los presos primarios con penas por la comisión de delitos graves, deberán haber cumplido con un 40 por ciento del régimen laboral, 20 por ciento del régimen semiabierto y diez por ciento del régimen abierto para que puedan acceder a la convivencia familias que representa un 25 por ciento. Se debe destacar que Beltrán fue sentenciado a pena máxima en 2016, por lo que apenas lleva cuatro años cumpliendo condena.

El abogado y exfiscal Boanerge Fornos, considera que “no es facultad de los Sistema Penitenciarios otorgar régimen de convivencia familiar eso le corresponde al juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria, lo que pueden hacer es tramitar y proponer a las personas que podrían darle ese beneficio previo cumplimiento de los requisitos.

“Están tomando decisiones que no les competen”, dijo Fornos, tras referir que esto  evidencia que el aparato administrativo, o sea “el SPN tiene mayor peso y mayor independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial simplemente es un espectador más y no está cumpliendo con su rol en estos casos.
La convivencia familiar debería otorgarse a las personas que han sido condenadas y han cumplido cierto período de tiempo”.

Trato diferenciado

Existe un trato diferenciado de parte del régimen a reos por delitos comunes de gravedad en contraposición con los presos políticos, ya que, a muchos de ellos les mantiene programado su juicio. Tal es el caso de la autollamada banda aguadora, quienes fueron detenidos el 14 de noviembre de 2019 Masaya por solidarizarse al llevar agua para las madres de presos políticos que habían iniciado una huelga de hambre en la iglesia San Miguel. Posteriormente, la banda aguadora fue acusada bajo los cargos de tráfico ilícito de armas.

“Hay una diferencia inclusive en el trato adentro, por ejemplo las visitas al médico son más fáciles si sos preso común (…) en cambio, si sos un preso político te limita, tenés que estar insistiendo, rogando y hasta protestando”, dijo Ivania Álvarez, excarcelada e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco

La banda aguadora fue excarcelada bajo el régimen de convivencia familiar, pese a que no habían recibido sentencia firme. De acuerdo a la decisión del SPN solo pueden moverse dentro del departamento, pero aún aparecen en el sistema de los Juzgados con causa abierta. El juicio oral y público estaba fijado para este 30 de enero pero fue suspendido bajo el alegato que no estaba en agenda.

Álvarez manifestó que los casos de narcotráfico, asesinato o femicidio no pueden tener beneficios de otras medidas cautelares o cambio de régimen, aunque  dijo haber conocido que entre los más de tres mil presos comunes que salieron el año pasado de la cárcel habían casos por delitos de violación, narcotráfico y tráfico de personas, mismos que la ley no faculta  para que gocen de ese tipo de régimen.

Cooptación y reconfiguración de las instituciones

Existe amplia evidencia acerca de la cooptación de las instituciones públicas desde el pacto de Daniel Ortega Saavedra y Arnoldo Alemán Lacayo en el año 2000. Con el Pacto Ortega-Alemán se ha ejecutado una repartición de las instituciones entre las cúpulas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que le permitió a Ortega cooptar el Poder Judicial desde antes del año 2006, cuando ganó las elecciones.

Como antecedente se puede mencionar la liberación del expresidente Arnoldo Alemán o la reconfiguración de la Policía Nacional.  

Alemán fue acusado de lavar de dinero, y de haber creado un mecanismo para desviar fondos desde la Dirección General de Ingresos en complicidad con actual diputado Byron Jerez, sin embargo, este fue sobreseído y puesto en libertad en el año 2009.

Según Elvira Cuadra en el libro “El Régimen de Ortega”, la Policía Nacional inició su proceso de cooptación desde el año 2008 cuando Ortega autorizó el ascenso de oficiales cuya promoción no era legitima.

El punto de quiebre fue cuando la primera comisionada en retiro Aminta Granera Sacasa, fue nombrada por Ortega para ejercer un período adicional al que establecía la ley de la Policía y finalmente el proceso de cooptación culminó en el año 2014 cuando se aprobó la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional o Ley 872  y se estableció al presidente de la República como jefe supremo de dicha institución, a la vez que se permitía la permanencia indefinida del cargo de Director o Directora de la Policía Nacional bajo la voluntad y discreción del primer mandatario. 

Del mismo modo que la corrupción ha sido determinante en la cooptación del Estado, también lo ha sido el reino de la impunidad. Un caso concreto de ello son los personajes relacionados al denominado “Caso Fariñas”. En 2011 trascendió que Fariñas tenía fuertes vínculos con el crimen organizado y lo vinculaban con directivos de la Policía y un magistrado del Consejo Supremo Electoral.  El mismo Fariñas denunció públicamente que estaba siendo amenazado por una estructura paralela  que funcionaba a lo interno de la Policía. Esto jamás fue investigado. Tres días después de la denuncia, la Policía apresó al magistrado Julio Osuna, por vender cédulas de identidad nicaragüenses a criminales extranjeros.

En 2013, Granera confirmó a Insight Crime, que el entones subdirector de la institución y ahora comisionado general en retiro Carlos Palacios Linarte  era cercano a Fariñas. Todas las especialidades investigativas y de inteligencia policial, estaban subordinadas a Palacio en ese entonces.

En ese caso también aparecieron fotografías de los comisionados Luis Barrantes y Juan Ramón Gámez- ahora retirado y nombrado Embajador de Nicaragua en la República de Honduras-  con las hermanas de Fariñas. Ese vínculo tampoco  fue investigado.

El sobreseimiento de Arnoldo Alemán y Byron Jerez, la liberación de Isacio de Jesús Beltrán y su hijo Norlan o el cambio de régimen carcelario al exmagistrado Julio Ozuna demuestran que quienes han cometido crímenes y actos de corrupción gozan de completa impunidad, mientras son criminalizadas quienes ejercen su derecho de expresión o manifestación.

Y es que a partir de Abril 2018 actos legítimos de ciudadanos nicaragüenses han sido criminalizados por el Estado y en su mayoría les fue aplicado el delito de crimen organizado, también el Estado realizó ejecuciones extrajudiciales. Un ejemplo es Álvaro Conrado, de 16 años, asesinado por llevar agua a estudiantes que protestaban en las cercanías de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Álvaro Conrado Avendaño, padre de Álvaro Manuel Conrado, sostiene una foto de su hijo, asesinado por llevar agua a estudiantes que protestaban en las cercanías de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Así como las decenas de personas arrestadas por participar en protestas en varias partes del país. O el caso de las nueve  organizaciones no gubernamentales que fueron clausuradas y confiscadas  y los medios de comunicación como Confidencial y 100% Noticias cuyas instalaciones fueron confiscados por ejercer su derecho a informar.

A esta situación el asesor de la CPDH le añadió que en los últimos días la población debe enfrentar la creciente delincuencia en el país, pero la Policía está dedicada a estacionar todo un día sus patrullas frente a las viviendas de los ciudadanos “o ponen en las rotondas una a dos patrullas o andan caravanas de patrullas viendo que no anden piquetes de gente ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse o andan dispositivos de centenares de oficiales para que cuiden un punto específico del Carmen”.

Ante este escenario en el que las instituciones del sistema de justicia como el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Policía Nacional están cooptadas y operan en contra de la ciudadanía que pretende hacer valer sus derechos constitucionales mientras que quienes cometen crímenes graves gozan de completa impunidad, es la ciudadanía quien termina “manos arriba y en riesgo” ante el Estado criminal.

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