Régimen Ortega Murillo envía a ONU un informe fuera de la realidad sobre lo que ocurre en Nicaragua en materia de derechos humanos


El régimen Ortega Murillo pretende hacer creer a la opinión pública internacional que Nicaragua sigue siendo “un referente”, como el más seguro de Centroamérica y el tercero menos violento de Latinoamérica, pese a la situación de inseguridad, zozobra y temor que padece la mayoría de la población a partir de abril del 2018.

Es más, el régimen afirma que “cuenta con una estrategia de seguridad soberana y ciudadana y una Policía Nacional articulada al tejido social en la solución a los problemas de seguridad comunitaria”. Al tiempo que sostiene que la tasa de homicidios es de 7.5 muertes por cada 100,000 habitantes.

Esto es parte del informe que el régimen dirigió para el tercer Examen Periódico Universal (EPU), que realiza el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a celebrarse en mayo próximo y a través del cual sostiene que entre 2014 -2018, que es el período a evaluar, hay avances en Nicaragua en la protección y promoción de derechos humanos.

Régimen alega que proteger DH de los nicaragüenses

Alega que “aplica una política de protección de derechos humanos a través de acciones conjuntas , articuladas y armónica con la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH)”, porque tras la represión a partir de abril del año pasado “la PDDH conformó un comité de víctimas para recibir e investigar las denuncias y exigir justicia y reparación sin distinción alguna”.

Además el régimen mantiene su discurso de intento de golpe de estado en el país, que ha sido rebatido por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH).

“Los acontecimientos violentos que ocurrieron a partir del 18 de abril impactaron negativamente el desarrollo humano sostenido que Nicaragua venía experimentando e impidieron a la población el disfrute pleno de sus derechos humanos, como la libre movilización, acceso a la salud, alimentación, educación, trabajo, paz, seguridad y tranquilidad”, señala el régimen en su informe.

CENIDH tiene otra visión

En la pre-sesión del EPU que se realiza este 3 de abril en Ginebra, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), uno de los nueve organismos que el régimen le canceló la personería jurídica, expuso el profundo deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde abril del año pasado.

Núñez expuso, “las reiteradas violaciones del gobierno de Daniel Ortega, a los compromisos internacionales de derechos humanos y su falta de voluntad de implementar las recomendaciones del EPU en materia de derechos humanos, al persistir la represión contra ciudadanos que demandan de forma cívica, justicia y democracia, mientras los crímenes cometidos y permitidos por el gobierno permanecen en impunidad”.


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