En noviembre del 2018, Brian Castner asesor senior y experto en armas y municiones del equipo de crisis de Amnistía Internacional (AI), descubrió entre decenas de fotografías y videos analizados junto a testimonios de testigos el uso de al menos siete tipo de armas de fuego en la represión contra los manifestantes. A más de un año de la represión el funcionario del régimen Valdrack Jaenschke intenta alegar que “no hay fundamento del uso de armas letales por la Policía”
Las afirmaciones de Castner fueron vertidas cuando la represión alcanzaba los sietes meses, en las que tampoco dejaba lugar a dudas de lo que llamó grupos “parapoliciales”.
“Lo que descubrimos fue un aumento constante tanto en el número de armas que vimos como en el tipo de armas utilizadas tanto por grupos parapoliciales como por la Policía”, expresó Castner en ese momento a través de un video que AI circuló a través de las redes sociales y que confirmaba otras versiones de expertos exmilitares,
Entre las armas mencionadas estaban desde pistolas semiautomáticas en manos de grupos parapoliciales así como rifles de asalto sobre todo fusiles Ak y en las semanas siguientes la Policía más fuertemente armada tanto por AK como con rifles para uso de francotiradores como Dragunovs de Rusia, M24 Remington, de Estados Unidos y rifle FNSPR, de Bélgica así como subametralladoras RPK y PKM, incluso varios lanzagranadas tipo PG-7.
Solo son policías profesionales
Sin embargo, durante el tercer Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, este 15 de mayo, Valdrack Jaenschke, no solo negó el uso de armas letales ante los 94 representantes de Estado que participaban en la evaluación, sino que también negó la utilización de grupos parapoliciales o de choque, pues “solo son policías profesionales y voluntarios”, que es el mismo discurso que ha mantenido el oficialismo.
Una mayoría de delegaciones no solo condenaron la represión del régimen Ortega Murillo sino que insistieron en recomendar el respeto de los derechos humanos, garantice la libertad de expresión, de movilización y de manifestación, cese la represión a las protestas ciudadanas y libere a todos los presos políticos.
A su vez, hubo recomendaciones como la de la delegación de Nueva Zelanda de que vele por que cese del uso de la fuerza por parte de la Policía así como de tortura, que sean devueltos las personerías jurídicas y bienes a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación.
No obstante, pese a todo el representante del régimen siguió con su alegato de intento de golpe de estado que únicamente hubo 198 muertos durante la represión pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registró al menos 325 asesinados. Pero acusó que esas cifras “son exageradas, sesgadas (y) malintencionadas”.
No hay periodistas presos
Niega Jaenschke incluso, que haya periodistas presos así como que en las cárceles del régimen haya presos políticos. Es más Jaenschke refirió que las acusaciones están sustentadas, en Nicaragua hay plena libertad de expresión, hay numerosos medios de comunicación, muchos de ellos con posiciones contrarias al régimen y no hay censura previa.
Jaenschke, aseguró que algunos periodistas y medios de comunicación vierten noticias falsa y alentaron la violencia. “Ningún periodista ha sufrido cárcel por el derecho a informar sino por haber incurrido en delito”, dijo Jaenschke y tampoco han reprimido ninguna protesta, ni ninguna manifestación pacífica. Y las actuaciones de la Policía han sido apegadas a la ley.
Desde el 21 de diciembre del 2018, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda fueron secuestrados por la Policía Orteguista en pleno ejercicio de sus labores profesionales, por ejemplo.
Igual dijo, pasa con la negativa a las personas que buscaron atención medica en las unidades de salud, son falsedades que hayan negado la atención médica y es parte de una campaña de desprestigio.
La salud uno de los derechos más afectados
Esto contradice lo expuesto por organizaciones de la sociedad civil en el campo de la salud que consideran que durante este período fue uno de los derechos más afectados.
Ana Quirós, directora de CISAS, rechaza las afirmaciones del régimen que no hay discriminación en el servicio de salud. En el informe explican como ha sido discriminada la población que disiente del régimen, indicó Quirós, quien pone de ejemplo su caso personal.
“Cuando a mi me atendieron en el Hospital Militar a la salida me negaron el derecho a tener un diagnóstico, un epicrisis sobre cómo había llegado yo al hospital”, afirmó Quirós, una de las primeras víctimas de la golpiza ejecutada el 18 de abril por parte de fanáticos del régimen en el sector del Camino de Oriente.
Quirós recuerda que el diagnóstico es primordial para la víctima para exigir justicia. Y así como sucedió con ella, dijo Quirós otros casos más graves ya conocidos como el de Alvarito Conrado, quien falleció después que le fue negada la atención médica en Cruz Azul.
La directora de CISAS, explicó que este no es el único caso que han conocido y mencionó el de un joven en Jinotega que en Estelí fue herido de bala en la espalda, lo atendieron lo devolvieron a su casa y solo le suministraron Ibuprofeno, y 21 días después falleció como consecuencia de no haber sido atendido con calidad.
El despido de médicos con alta especialización fue uno de los peores daños que el régimen pudo hacer al sistema de salud, plantearon las organizaciones de la sociedad civil para el EPU.