Régimen falsea la verdad sobre libertad de expresión y persecución al periodismo independiente en Nicaragua


Una vez más el régimen falseó la verdad de lo que ocurre con periodistas y medios de comunicación en Nicaragua, en el informe que remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionada con la libertad de expresión y la persecución al gremio. En el mismo, alega que no existe persecución contra periodistas en especial contra “sesenta que han salido al exilio”, no existen restricciones para el ejercicio periodístico ni censura previa.

Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), más de noventa periodistas debieron abandonar Nicaragua por el asedio, hostigamiento y amenazas de las que eran víctimas.

No obstante, en su informe en representación del Estado de Nicaragua, el régimen al referirse a la falta de condiciones alegadas para que el director de Esta Semana y Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, y el director de Radio Darío, Aníbal Toruño “y otros 60 periodistas en el exilio” regresen a Nicaragua, alega que “el Estado de Nicaragua no tiene ningún tipo de persecución en contra de los ciudadanos que han salido del país”.

Y como prueba menciona que el 29 de agosto de 2019 Toruño junto a Jaime Arellano arribaron al país procedente de los Estados Unidos y al día siguiente se reunieron con el embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan. Y el 12 de septiembre, señala, Migración registra que Toruño salió de Nicaragua ”lo que demuestra que el señor Toruño tiene libre acceso a entrar y salir del país, sin ningún tipo de riesgo a su integridad física y moral”, aduce el régimen en su informe.

Sin embargo, el informe del Estado de Nicaragua pasa por alto el atentado que Toruño y Arellano junto a miembros de la Alianza Cívica sufrieron el pasado 7 de septiembre, cuando viajaron a León.

Además para aportar aún más al fantasioso panorama descrito, el régimen sostiene en su informe que desde el 18 de abril a la fecha defensores de derechos humanos, propietarios de medios de comunicación, periodistas y activistas políticos “han realizado su labor sin ninguna limitación”.

Es más, para el régimen existe plena libertad de expresión lo que comprueba con la existencia de numerosos medios de comunicación social, “muchos de ellos críticos al gobierno, los cuales informan y continúan informando sin sufrir ninguna persecución, todos ejercen sus labores sin censura previa, ni ningún tipo de restricción”.

En sus consideraciones el Estado asegura, que el régimen ha garantizado “el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, no existe censura previa, ni restricción alguna a ese derecho”. Los periodistas pueden supervisar, investigar y criticar las políticas y acciones de la administración pública, sostiene.

Acomoda detenciones de Mora y Pineda

Y dentro de esas explicaciones alega, que las detenciones y posterior enjuiciamiento en contra de Lucía Pineda y Miguel Mora, no fue por ejercer su derecho a la libertad de expresión a través de 100 % Noticias, sino que “fueron juzgados por cometer delitos tipificados y sancionados como en derecho corresponde de acuerdo con el Código Penal de Nicaragua, por la provocación, proposición y conspiración para delinquir a través de diversas informaciones vertidas en el medio de comunicación”.

Mora y Pineda “fueron acusados por hechos que están tipificados y penados por la ley”, sostiene el régimen en su informe. Y en cuanto al Canal dice que la llamada Ley de Amnistía abarca el cierre de los procesos, la libertad inmediata y la cancelación de los antecedentes penales, pero no la devolución de los bienes.


Sobre el caso de Confidencial y Esta Semana, confirma que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hay dos recursos de amparo presentados por abogados de Chamorro y de las entidades Inversiones Multimedia S.A(INVERMEDIA), y Productora de Medios Asociados S.A (PROMEDIA), presentados en enero y marzo de 2019 contra el jefe de la Policía del régimen, Francisco Díaz, los que “pasaron a su estudio y resolución”, lo que lleva “determinado tiempo”, y no representa retardación de justicia.

No hay denuncia

Sobre la quema de Radio Darío, argumenta que las investigaciones policiales fueron cerradas administrativamente en virtud de la llamada Ley de Amnistía. Tampoco la Policía registra denuncia sobre delitos en perjuicio de Toruño, ni giró orden de detención policial en contra de este o de los trabajadores de la emisora.

Tampoco registran denuncias sobre “supuestos ataques referidos por Aníbal Enrique Toruño Jirón en su casa de habitación que duraron 20 horas, perpetrados el 13 y 19 de junio de 2018, supuestamente por cien hombres encapuchados y armados con fusiles Ak 47”.


Y rechaza las acusaciones o señalamientos de allanamientos a las instalaciones o nuevo local donde opera la radio así como de acosar a Toruño, sus hijos, familiares o trabajadores.

Sobre el caso de la Costeñísima, el régimen acusa a su director Sergio León, de utilizar el medio de comunicación “para transmitir de forma deliberada y maliciosa, programas noticiosos difundiendo noticias falsas, y de opinión política social completamente sesgada, calumniando a funcionarios públicos promoviendo la desobediencia civil, el odio y la violencia en la región”.

Igual que en el caso de Toruño aduce, que la Policía no registra denuncias que haya introducido el director de La Costeñísima, “por presuntos delitos de amenaza y asedio” en su contra. Y más bien asegura, que la Policía brinda seguridad a su persona, familia y local donde se ubica la radio “sin ningún tipo de discriminación”. Igual que lo hace con las demás personas que tienen medidas cautelares por parte de la CIDH.

El pasado 25 de septiembre Chamorro, Toruño y León en audiencia en el 173 período de sesiones de la CIDH solicitaron medidas provisionales a su favor, medidas cautelares para otros miembros de Esta Semana y Confidencial; así como que demande al Estado de Nicaragua el cese del acoso e intimidación contra periodistas independientes y sus familias, cese la censura a medios independientes, la inmediata devolución de los bienes robados y confiscados de hecho, y el resarcimiento por los bienes destruidos.

Igualmente piden garantizar la seguridad e integridad física de los periodistas que están en Nicaragua y de los que retornarán del exilio.

“En Nicaragua se cumple un año de un estado de excepción de facto”, donde el ejercicio del periodismo está en indefensión total, aseguró Chamorro en esa audiencia.

No hay restricciones para solicitar información pública

El régimen en su informe alega que los periodistas como otros ciudadanos pueden recurrir a las Oficinas de Acceso a la Información Pública a demandar información sobre la gestión del gobierno, “sin mayores restricciones”. Tampoco existe ninguna ley de censura, regulación o de autoregulación.

Sin embargo, en un informe regional sobre desafíos y restricciones del acceso a la información pública, a propósito del 28 de septiembre Día Mundial del Saber, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro expresa, que las pocas Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP) existentes son disfuncionales, o han perdido la naturaleza establecida al crearlas, convirtiéndose únicamente en Oficinas de Relaciones Públicas.

“Las entidades del Estado de Nicaragua, en la mayoría de los casos, no responden a las solicitudes de información pública presentadas por ciudadanos de manera física o en línea. Aunque los solicitantes cumplan los requisitos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, las instituciones en su mayoría ni siquiera envían por escrito la denegatoria de información con las debidas justificaciones legales, tal como establece la Ley. Simplemente no responden, cayendo en lo que procedimentalmente se llama silencio administrativo”, expresa el informe.

De acuerdo a la FVBCH, Ortega ha mantenido un trato discriminatorio y excluyente contra la prensa independiente.

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