Régimen aumenta controles a abogados y notarios públicos al incluirlos en lista de sujetos obligados en reforma a Ley contra el lavado de activos


A menos de un año de aprobada la Ley 977 Contra el lavado de activos financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, el régimen Ortega Murillo, ya busca una reforma y adiciones a la misma para extender el listado de sujetos obligados. a los abogados y notarios públicos.

El proyecto de reforma remitido a la Asamblea Nacional aduce que “se amplía el listado de actividades y profesiones no financieras relevantes como es el caso de los abogados y notarios públicos para que apliquen medidas preventivas con enfoque basado en los riesgos”.

Y en su lugar designa al Poder Judicial como “su supervisor” en la materia contra el lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo, y contra el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

“Con la aprobación de esta reforma de ley “se fortalecerá la protección contra las amenazas del lavado de activos el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y facilitará a las autoridades públicas cumplir sus funciones de protección y seguridad frente a la delincuencia organizada”, aduce en su fundamentación el proyecto de reformas.

En la exposición de motivos del proyecto remitido a la Asamblea Nacional, Daniel Ortega alega que las reformas a la misma “obedece a la necesidad del Estado de Nicaragua de afrontar con eficacia la evolución de la delincuencia organizada y de tomar en cuenta los modelos aceptados internacionalmente de combate a las amenazas de los sistemas financieros de las naciones y economías en general”.

Algunos abogados consideran que la intención es de controlar tanto la información de las transacciones como el ejercicio profesional de los notarios para que paguen impuestos.

 “No voy a faltar a mi ética profesional. Denunció iniciativa donde nos quieren obligar a denunciar a nuestros defendidos. Estoy en contra de las reformas a la Ley 977. Somos profesionales del derecho”, reaccionó la abogada Yonarqui Martínez, desde su cuenta de Twitter.

Para el abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, con las reformas a la Ley  “quieren intimidar y cerrar cualquier espacio de financiamiento para ayudar a las víctimas con asistencia legal”. Y señaló como ejemplo que “si una asociación de abogados recibe donativos por representar a víctima pueden ser acusados de lavado de dinero”.

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