Ramón Avellán, Lumberto Campbell y Roberto López se suman a la lista de sancionados por violadores de DD.HH, fraude electoral y corrupción

Ramón Avellán, Lumberto Campbell y Roberto López se suman a la lista de sancionados por violadores de DD.HH, fraude electoral y corrupción

Ramón Antonio Avellán, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez, son los tres funcionarios del régimen Ortega Murillo designados este 7 de noviembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por el destacado papel en la violación de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción en el país.

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A partir de diciembre de 2017 a 2019 once funcionarios del régimen habían sido sancionados por Estados Unidos. Los últimos cuatro fueron sancionados en junio pasado y habían sido Sonia Castro, Gustavo Porras, Orlando Castillo y Óscar Mojica. De esta manera la lista llega a catorce sancionados sin incluir la empresa Albaisa y el desaparecido Bancorp.

En una comunicación oficial del Departamento el Tesoro establece que Avellán está siendo designado por abuso de los derechos humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA).

“Estamos apuntando a miembros del régimen de Ortega que se han involucrado en el abuso y la corrupción de los derechos humanos”, dijo el subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich.

“Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas”, expresó tras señalar que la disposición adoptada es de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, y se dirige a los funcionarios del régimen “que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales; quien manipula las elecciones; y quienes abusan del sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción”.

De esta manera todos los bienes e intereses en la propiedad de los tres mencionados y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.

Y explica que las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Avellán por represor

En el caso de Avellán aclara, que está siendo designado de conformidad con E.O. 13851 y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA) por ser un funcionario actual del régimen, y por ser subdirector de la Policía “una entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, actos significativos de violencia o derechos humanos. abuso contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”.

Resalta que Avellán desarrolló la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales.

“Avellán dirigió la “Operación Limpieza” en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas levantadas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbó. Los ataques del PNN y la parapolicia bajo su mando provocaron 107 muertes y cientos de heridos”, expresa la información de la OFAC.

Por involucrarse en “tácticas antidemocráticas”

En cuanto a Lumberto Ignacio Campbell Hooker, quien funge como presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), y está siendo designado de conformidad con E.O. 13851 por ser un funcionario actual del régimen y porque ese Poder del Estado “continúa involucrado en tácticas antidemocráticas” para garantizar que “Ortega y sus aliados ganen elecciones”, en esto apunta está incluido el pedido a los empleados del gobierno a votar por Ortega y otros candidatos del oficialismo.

Campbell ha sido presidente interino del CSE desde 2018, y antes de eso, fue vicepresidente del CSE desde 2014.

Prácticas de corrupción, soborno y esquema de lavado de dinero

Roberto José López Gómez, está siendo designado de conformidad con E.O. 13851 por ser un funcionario actual del régimen, y por ser el Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), donde tanto institución como sus miembros han participado “en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por o en nombre de, o relacionado con el Gobierno de Nicaragua, o un funcionario actual o anterior, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno”.

Recuerda que el anuncio de López del 16 de abril de 2018 de reformas en el INSS provocó las protestas que marcaron el inicio de la crisis política.

“El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del gobierno”, destaca el Departamento del Tesoro.

“El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma”, indica la información de OFAC.

Explica que como mecanismos utilizados está que el INSS otorga préstamos significativamente por encima del costo, luego permite a los prestatarios incumplir el préstamo, pero borra la deuda al permitirles entregar activos con un valor mucho menor que el valor del préstamo.

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