En una comunicación telefónica la abogada Eliascar Vallecillo informó a la sede de la CPDH que sin motivo alguna una patrulla policial fue cruzada en frente del vehículo en que se desplazaban e impedidos de avanzar.
Después de tomarles fotografías e imponer un multa al conductor les obligaron a regresar Managua pese al alegato del asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, que también integraba el equipo, de que con esa actuación les violentan sus derechos a libre movilización pese a que “no estamos violando ninguna norma”.
A través de la cuenta de Twitter la CPDH demandó que sean respetados la integridad física de sus funcionarios.
Niegan información sobre secuestrados
Mientras en las nuevas instalaciones de El Chipote, la abogada de CPDH, Carla Sequeira, denunció que le fue negada información sobre las condiciones de los trece activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco y diez de ellos miembros de la Articulación de Movimientos Sociales, secuestrados la noche del jueves en Masaya por llevar ayuda humanitaria a huelguistas de hambre.
El alegato de la Policía fue que están dentro de las 48 horas de su detención, lo cual dijo es inconstitucional. La Policía le dijo a Sequeira que únicamente les podrán pasar agua y alimentos.
Condenas por secuestro y asedio
El secuestro de los activistas ha causado la reacción de diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional. La directora para las Américas, Erika Guevara Rosas expresó: “Es inconcebible que un acto de humanidad se responda con represión”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó la detención arbitraria de los activistas.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también se unió a la demanda por que sean liberados los 13 secuestrados, así como los más de 130 presos políticos y “el cese de todo acto de intimidación, amenaza, asedio y el retiro de las fuerzas represivas”.
Ese Colectivo indica que fue informado por la abogada Martínez desde el interior de la iglesia, “que la Policía los mantiene completamente rodeados, negando el ingreso de alimentos y medicinas lo cual constituye un acto inhumano que pone en grave peligro la vida, salud y seguridad de los familiares de los presos políticos” que permanecen en huelga de hambre acompañados por Martínez y el padre Román.
Ese Colectivo recuerda que Román cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras Martínez tiene solicitud de las mismas.
Es de destacar que persiste la hostilidad por parte de policías y simpatizantes orteguistas en contra de periodistas que brindan cobertura al hecho. Una transmisión en vivo que realizaba la periodista Lydia López de LA PRENSA; fue interrumpida de forma abrupta cuando un simpatizante del régimen le arrebató, lanzó al suelo y dañó el teléfono celular con el que trasmitía.