Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), denunció este miércoles las agresiones sufridas este 25 de febrero, por al menos once reporteros de parte de policías del régimen, mientras cubrían piquetes de protestas en varios puntos de Managua, uno de ellos en el interior del Centro de compras Metrocentro.
Tanto PCIN como Defensores del Pueblo cuestionaron el hecho los antimotines hayan incursionado al local de Metrocentro, que según el abogado Julio Montenegro es ilegal y debería ser objeto de sanciones. A su vez, quienes administran ese lugar no le garantizaron seguridad a los visitantes ni a los periodistas.
PCIN demandó al Estado el cese de acciones que criminalizan el quehacer periodístico y garantías plenas para ejercer el trabajo, sí como que ponga fin a la impunidad. Igualmente que termine el robo de equipos y toda agresión contra periodistas, comunicadores, blogueros y fotógrafos.
También reclama PCIN una explicación de la gerencia del Centro comercial Metrocentro, por haber permitido el ingreso de policías y paramilitares quienes vulneraron el derecho humano de la integridad física de pobladores y periodistas.
Policías no tienen inmunidad
El abogado de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, expresó que las amenazas contra un periodista por parte de un policía «es gravísimo» y ese comportamiento no debería ser avalado, pues las autoridades están obligadas a respetar y hacer cumplir las leyes.
«Esa es una conducta penada en el Código Penal, los policías no tienen inmunidad», destacó Montenegro.
Al referirse a las amenaza contra el periodista de Nicaragua Actual, Yelsin Espinoza Montenegro la consideró como una conducta delictiva y es un llamado a la reflexión para las autoridades; pues indicó los policías deberían servir a la comunidad nicaragüense no a un grupo en especial.
Y resaltó que el Código Procesal Penal delimita los derechos que tienen los policías como autoridad para tener acceso a lugares públicos.
«Entrar de esa manera una especie de operativo únicamente se permite y consciente cuando se va en procura de perseguir el delito. Pero es que no es delito el hecho de concentrarme y manifestarme de manera pública y opinar de manera diferente», sostuvo Montenegro.