Ningún expreso político en Nicaragua goza de libertad plena pese a llamada Ley de Amnistía, asegura especialista

Ningún expreso político en Nicaragua goza de libertad plena pese a llamada Ley de Amnistía, asegura especialista

“Si bien he recuperado mi libertad, sigo siendo un preso más del régimen, pues tengo cercenado mis derechos políticos y civiles”, aseguró el expreso político Yubrank Suazo, quien aseguró que cada día deben enfrentar además el asedio de la Policía y de los paramilitares.

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De esta manera Suazo presentó su testimonio en la audiencia del 174 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde abordaron como la llamada ley de amnistía únicamente ha generado más impunidad. Esto porque por ejemplo, la académica Asunción Moreno,  mencionó que en crímenes como el del periodista Ángel Gahona, al quedar en libertad los dos jóvenes implicados pese a los alegatos de inocencia, no conocen que hayan iniciado una nueva investigación. O en el caso de Pierson Gutiérrez, autor del crimen dela brasileña Rayneia Gabrielle da Costa Lima.

Hasta ahora de 651 presos políticos que sacaron de las cárceles del régimen, solo a 234 de ellos o sea al 35 por ciento le han aplicado la llamada Ley de Amnistía, el resto está libre bajo otros procedimientos.

Los comisionados dela CIDH estuvieron interesados en conocer cómo incide en la impunidad la aplicación de este tipo de leyes. A su vez la comisionada Antonia Urrejola, expresó preocupación por  el retroceso que existe en la región centroamericana en materia de memoria verdad y justicia en crímenes de lesa humanidad y el no cumplimiento de los estándares interamericanos en esa materia.

Presos políticos mantienen estatus de acusados

Los jueces dictaron autos de amnistía y no sentencia como señala la ley, en la que se ordena el archivo de las causas y en algunos casos cierre de procesos, puesta en libertad y cancelación de antecedentes. Al archivarse los procesos, los excarcelados por la amnistía aún siguen conservando su estatus de acusados, dijo Moreno.

Entre  los expresos políticos a los que aún no le han aplicado amnistía están destacados líderes de las protestas como  Mario Lenner Fonseca, Olesia Muñoz, Yubrank Suazo, Chester Membreño, Hansel Vásquez y Lenin Salablanca,

“Amnistiados o no, ninguno goza de libertad plena y seguridad personal ya que no han sido sobreseídos definitivamente y sus procesos no han sido cerrados irrevocablemente como señala el Código Procesal Penal  nicaragüense”, sostuvo Moreno, quien dijo: “En Nicaragua no hay un ambiente de paz y de reconciliación”.

 Y aclaró que pese a la llamada Ley de Amnistía y otras dos leyes de reconciliación y atención a víctimas, que el régimen ha publicado de forma oficiosa, no representa que haya voluntad de aplicar justicia.

 La llamada Ley de Amnistía presenta cinco puntos “que la hacen incompatible” con el derecho internacional, mencionó Moreno, quien señaló que  no establece límites, es ambigua en relación a las personas a las que se aplica la ley,  no prohíbe su aplicación a autoridades y civiles que actuaron contra la población, no contempla el derecho a la reparación a las víctimas y no se corresponde con el concepto de garantías de no repetición.

Para los beneficiarios de esta ley, “la amnistía representa en primer lugar injusticia porque se les perdonan hechos ilícitos que no cometieron, viven una muerte civil ante la imposibilidad de ejercer sus derechos al trabajo a disfrutar con sus familias, a continuar sus estudios y a gozar de su libertad e integridad la cual está constantemente amenazada”, dijo Moreno.

También, afirmó Moreno,  “se pretende esconder la verdad y evadir la responsabilidad del Estado de Nicaragua para investigar y castigar a los responsables de cientos de muertes y lesionados que se dieron a partir del 18 de abril, crímenes que por sus características está excluidos de la amnistía y del indulto”.

 A esto añade Moreno que,  el procedimiento legislativo no cumplió con lo establecido en artículo 141, de la Constitución y 106 de Ley Orgánica del Poder legislativo que señala que los diputados debieron tener el proyecto ley  48 horas de antelación antes de discutirlo en el plenario  y no 24 horas como sucedió.

Menciona que pese a la ley continúa el asedio como ocurrió en Wiwilí a Alejandro Martínez, a quien un subcomisionado de la Policía le propinó tres  balazos y quedó parapléjico debido a un impacto de bala en la columna vertebral. Persiste también la estigmatización contra de excarcelados políticos y puso de ejemplo el caso de Noel Valdez Rodríguez a quien en una licencia de conducir emitida por la Policía, escribió  que es detenido y que es procesado en caso de los tranques.

Al tiempo que han continuado las recapturas de excarcelados a quienes les imputan delitos comunes,  o la negación de derechos como en educación a los jóvenes universitarios a quienes les borraron los expedientes  y les niegan el acceso a la universidad entre ellos a Amaya Coppens y Levy Rugama.

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