“El compromiso de ella que no vuelve a andar jodiendo a la Policía”, se escucha a Domínguez referirse a María Eugenia Alonso, quien aparece con las manos atadas hacia atrás.
“Dígame, ¿Qué quiere? ¿A que me comprometo?”, se escucha a Alonso consultarle a Domínguez.
“A que no volvés andar filmado, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden, ni a la Policía en su labor constitucional”, se escucha a Domínguez responderle.
Según el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes indica que: “Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración”.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, consideró que la Policía del régimen cometió contra la familia Reyes Alonso tratos crueles inhumanos y degradantes, que refirió es la antesala de la tortura. “Eso ni Somoza”, criticó Núñez quien cuestionó además que fue la misma Policía que debió haber subido el video a las redes sociales pues “esos videos solo ellos pudieron haber tomado”.
Núñez dijo que aunque está comprobado que en las celdas de la Policía y en las cárceles del régimen se cometían actos de tortura igual que en el interior del país. “Lo grave es que se metan a sus casas y los hagan filmar esos videos” y que ellos mismos se encargan de subirlos a las redes sociales.
La defensora de derechos humanos no descartó que esta actuación arbitraria “pudo ser una reacción de lo que estaba pasando en el Consejo Permanente”.
Nicaragua es parte de la Convención contra la tortura, y es parte del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura, recordó Núñez, tras referir que de esa manera Nicaragua está incumpliendo ese compromiso y el Comité Contra la Tortura debería conocer esta situación, pues para eso existe un protocolo. El Comité contra la Tortura supervisa la aplicación de la Convención por parte de los Estados.
Aunque dijo Núñez tiene conocimiento que Naciones Unidas ya investiga el caso, que demuestra “una escalada más en cuanto a los niveles de represión”, por parte del régimen.
Lo que sufrió la familia Reyes Alonso aunque es “un umbral menor que la tortura, es una pena cruel, inhumana y degradante”, sostuvo el especialista en derechos humanos, Uriel Pineda.
No obstante, Pineda considera como delicado el mensaje enviado por la Policía del régimen. “Más que castigar a la familia, con la disfunción buscan infundir miedo.
Desalentar cualquier expresión de protesta”, estimó Pineda, quien recordó que “cualquier autoridad que aplique una pena inhumana o degradante comete un delito acorde al artículo 486 del Código Penal”.
Por tanto, dijo Pineda, Domínguez debe ser denunciado penalmente ante el Ministerio Público.
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, conoció en el lugar lo sucedido.
“Sometieron a la familia (Reyes Alonso) a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, expresó Cuevas, quien conoció que la Policía tras reducir a la familia llegó a golpearles en el rostro y hasta ponerles las botas sobre las cabezas que aprisionaban contra el suelo.
“Los humillaron y bajo coacción los obligaron a grabar un video”, aseguró Cuevas quien conoció la denuncia de las víctimas.
Alianza Cívica rechaza abuso de poder
En un comunicado emitido este martes la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó el abuso de poder y humillación al que fue sometida la familia leonesa.
“En cualquier país democrático y con justicia, este tipo de acción sería motivo suficiente para encausar criminalmente a Domínguez, confeso torturador gracias a los videos publicados por ellos mismos”, india la Alianza Cívica.
“Si el comisionado Domínguez es capaz de amarrar, torturar y humillar a una familia y hacerlo público, Nicaragua y la comunidad internacional debe preguntarse qué serán capaces de hacerle a los presos políticos dentro delas mazmorras y centros de detención”, indica la Alianza Cívica.