El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) , cuestionó el abordaje que el Ministerio de Salud (MINSA), efectuó sobre el primer fallecido por COVID-19 en Nicaragua, a quien ya muerto le siguió violentando sus derechos humanos de acuerdo a lo establecido en la ley.
El CENIDH considera “inaceptable que el MINSA sin ningún respeto a la víctima y sus familiares” publicó nuevamente que el paciente presentaba otros padecimientos “asociadas a su condición de portador del VIH”.
“Es indignante que esta institución haya cometido la misma violación a los derechos humanos” que cometió Rosario Murillo, que hace de vocera del régimen cuando informó el 20 de marzo de 2020, que el segundo paciente con COVID-19 sufría una serie de enfermedades crónicas entre las que dijo el VIH, resalta el CENIDH.
Esa organización recuerda al MINSA, que según la Ley 820, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH y Sida, establece que no debe revelarse la condición de las personas portadoras o con la enfermedad y por tanto respetarse su confidencialidad.
El CENIDH se refiere al artículo 3, sobre Principios éticos, inciso e, que aborda la Confidencialidad que señala: “La obligación de las instituciones públicas y organizaciones privadas y de todas las personas que en sus actividades y profesión, de forma directa e indirecta tengan conocimiento de estos casos, no divulgarán en espacios públicos o privados: nombre, dirección, datos clínico-epidemiológicos y otros datos, que identifiquen a las personas con el VIH, o que pueda afectar su vida privada, económica, social, política y cultural”.
El CENIDH exige al régimen “no violentar los derechos humanos de los nicaragüenses que den positivo con el COVID-19”, a su vez, que deje de ocultar información sobre la pandemia e implemente medidas de prevención reales que evite mayor propagación.