Más de mil casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua en quince meses

Fotografía: Manuel Esquivel / Obrera de la Tecla

Desde abril de 2018, cuando iniciaron las protestas sociales, a la fecha, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), ha conocido más de mil casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua.

Las principales formas de represión registradas por FVBCH son las relacionadas con lesiones, amenazas, intimidación, acoso o presión; ataques a la reputación y la honra; detenciones arbitrarias, obstaculización al acceso de los medios materiales a través de instituciones del Estado como la Dirección General de Ingresos o Aduana o el Instituto de Telecomunicaciones o el de la Seguridad.

Así como la ocupación arbitraria de propiedad mueble y/o inmueble; cancelación de personerías jurídicas.

Entre estos hechos destacan el asesinato del periodista Ángel Gahona, el encarcelamiento ilegal de cinco periodistas ahora excarcelados, y más de noventa periodistas exiliados.

Fotografía: Manuel Esquivel / Obrera de la Tecla

Presentan protocolo

La FVBCH y la Alianza Cívica presentaron un protocolo sobre libertad de expresión y derecho a la información.

El mismo está vinculado al acuerdo para fortalecer las garantías ciudadanas, firmado en la mesa de negociación con la delegación del régimen, el pasado 29 de marzo.

“Este protocolo tiene por objeto dictar las pautas a seguir para restablecer y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del derecho de informar de periodistas, directores de programas independientes, dueños y trabajadores de medios de comunicación en Nicaragua, en el ejercicio de su actividad periodística, que fueron afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018 y en el caso de nuevas afectaciones”, indica una nota de prensa de ambas organizaciones.

Entre los aspectos del protocolo están: el proceso de revisión de los casos que deberá adoptar el Estado de Nicaragua, para garantizar estos derechos a los periodistas y otros sectores vinculados a los medios de comunicación.

También establece las medidas de reparación; y la función de los miembros de la mesa de negociación y garantes para dar seguimiento al cumplimiento por parte del Estado.

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