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«Los patrones que se plantean en el informe constituyen violaciones a los derechos humanos», dice Michelle Bachelet


Entre las violaciones destacan, la participación de elementos armados pro-gubernamentales en ataques contra los manifestantes y en detenciones llevadas a cabo con el consentimiento de las autoridades del Estado.

También el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía del régimen, «que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención».

Lo anterior es parte del informe, que la Alta comisionada Michelle Bachelet presentará el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

A su vez, refiere que el análisis y la verificación de la información proporcionada en el informe, «aporta motivos suficientes para creer que los hechos ocurrieron tal como se describieron y que los patrones que se plantean en el informe constituyen violaciones a los derechos humanos».

«La OACNUDH evaluó esta información a la luz del derecho internacional de los derechos humanos aplicable a Nicaragua y de la legislación nacional pertinente, teniendo en cuenta también instrumentos con estándares complementarios a las normas internacionales», indica el informe.

La OACNUDH también denunció abusos cometidos por las personas involucradas en las protestas, entre ellos la muerte de agentes de Policía y miembros del partido Sandinista y las lesiones a los mismos, así como la destrucción de infraestructura pública.

Uso excesivo de la fuerza

Refiere que a partir de septiembre de 2018, la Policía comenzó a prohibir las manifestaciones públicas de los grupos críticos al régimen, para lo cual se apoya en una aplicación restrictiva de la Ley 872, que le faculta otorgar permisos para la celebración de eventos o actividades especiales que afecten la libre circulación de las personas y vehículos.

Y en ocasiones, señala el informe, esa institución recurrió al uso excesivo de la fuerza contra quienes intentaban manifestarse, detuvo arbitrariamente a personas que protestaban pacíficamente y en algunos casos por llevar la bandera de Nicaragua por la calle o por cantar el himno nacional.

La OACNUDH considera, que estas acciones de la Policía son desproporcionadas para controlar reuniones pacíficas que no superan las cien personas. Y además estima que el derecho de reunión pacífica no debería estar sujeto a autorización previa.

Y resalta como durante la intervención de la representación del régimen en el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, en mayo de 2019, alegó que el derecho de reunión pacífica estaba “plenamente garantizado” .

Durante el período al que se refiere el informe, la OACNUDH siguió documentando casos de elementos armados pro-gubernamentales que utilizaron armas de fuego contra los manifestantes.

Menciona el caso ocurrido el 30 de marzo de 2019, en predios del Centro Comercial Metrocentro, en Managua, donde un presunto miembro del partido del oficialismo atacó a los manifestantes con un arma de fuego y tres personas resultaron heridas.Y la versión oficial de la Policía fue justificar la agresión pese a que los vídeos muestran a un individuo disparando contra manifestantes. Hay otro vídeo donde un grupo aparece golpeando al hombre que disparó, apunta el informe.

Menciona que «algunos de los ataques perpetrados por elementos pro-gubernamentales se llevaron a cabo con el consentimiento de agentes de la policía».

Acoso a iglesias

Entre los casos mencionados resalta el ocurrido el 15 de junio de 2019, cuando «elementos pro-gubernamentales intimidaron, golpearon y lanzaron piedras contra las personas que asistían a un servicio religioso católico en conmemoración del primer aniversario de la muerte de un muchacho de 15 años, asesinado en el contexto de las manifestaciones en 2018. La Policía, desplegada fuera de la catedral, no hizo nada para impedir este ataque».

Con frecuencia se observó un gran despliegue de policías en las zonas urbanas, en particular en los centros comerciales, los juzgados y las iglesias católicas, y en sus inmediaciones, lo que generó un efecto intimidatorio en las personas que deseaban manifestarse pacíficamente, refiere el informe.

«La represión de las manifestaciones por parte de la Policía, junto con los ataques de elementos armados pro-gubernamentales, tuvo un efecto disuasorio que dio lugar a la cancelación de muchas protestas o a la decisión de los manifestantes de disgregarlas en concentraciones menos numerosas», señala la Alta Comisionada.

Menciona, que según una organización de la sociedad civil que debido al acoso e intimidación hubo una drástica disminución de las manifestaciones, que pasaron de 56, sólo en septiembre de 2018, a 43 en el período comprendido entre octubre de 2018 y febrero de 2019.

Los sectores criminalizados

Igualmente señala como los trabajadores de los medios de comunicación, periodistas, defensores de los derechos humanos, campesinos, personas de la diversidad sexual, estudiantes y miembros del clero católico siguieron siendo objeto de ataques, criminalización, incautación de sus bienes, intimidación, amenazas, acoso y campañas de difamación por parte de las autoridades y/o de elementos pro-gubernamentales.

Las autoridades competentes no adoptaron medidas para prevenir, investigar, procesar ni sancionar dichos actos. En algunos casos, más bien las autoridades estatales culparon públicamente a los defensores de los derechos humanos de haber contribuido a esta situación.

En el mismo expone el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, acusados de incitación al odio y delitos relacionados con el terrorismo, sin contar con suficiente evidencia probatoria.

Se les puso en libertad el 11 de junio de 2019, tras haber permanecido detenidos durante más de cinco meses en condiciones difíciles, tales como la reclusión en régimen de aislamiento, y sin las debidas garantías procesales. El 15 de mayo de 2019, en el EPU de Nicaragua, el Gobierno declaró que ningún periodista había sido encarcelado por ejercer el derecho a la libertad de expresión.

Según fuentes no gubernamentales, a 8 de julio de 2019, habían huido de Nicaragua unos 100 periodistas (70 hombres y 30 mujeres).

La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa informó que Nicaragua había descendido 24 puestos en 2019 con respecto a 2018.

Entre el 19 de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2019, una organización de la sociedad civil registró 237 actos de represión por parte de la Policía y elementos pro-gubernamentales contra trabajadores de los medios de comunicación, entre amenazas, insultos, agresiones físicas, detenciones, registros de locales, incautación de material y cierre de medios de comunicación.

Refiere que la represión continuó a pesar de que en febrero de 2019 se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Actualmente esas negociaciones están suspendidas.

«Las autoridades consideran que la represión de las protestas en todo el país fue una respuesta legítima a un golpe de Estado fallido, negando toda responsabilidad por la violación de derechos humanos».

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución nacional de derechos humanos, que también es el mecanismo nacional para la prevención de la tortura, no mostró ninguna independencia durante este período.

En el 40 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la delegación del Estado estuvo representada por la PDDH, quien repitió la justificación del Gobierno sobre el fallido golpe de Estado e indicó que su institución no había encontrado prueba alguna de que se hubiera torturado a los manifestantes privados de libertad.

En marzo de 2019, la categoría de la PDDH fue rebajada de “A” a “B” al no poder demostrar su independencia.

Cancelación de personerías a 9 ONGs

igual menciona que el régimen ha adoptado medidas de facto que afectan al derecho a la libertad de asociación.

En noviembre y diciembre de 2018, la Asamblea Nacional con mayoría del orteguismo canceló el registro legal de nueve organizaciones de la sociedad civil, bajo el argumento que habían realizado actividades contrarias a los fines para los que fueron creadas y que habían apoyado “acciones terroristas” durante las protestas de 2018.

El cierre de estas organizaciones fue precedido o seguido de allanamientos nocturnos, sin orden judicial, por parte de la policía, incautación de bienes, acoso y golpizas al personal, expresa el informe de Bachelet, quien menciona que la directora de una de estas organizaciones fue arrestada y deportada a Costa Rica, en alusión a Ana Quiros, directora de CISAS.

Una organización indicó a la OACNUDH que, entre el 19 de agosto de 2018 y junio de 2019, 299 defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques, tales como intimidación, acoso psicológico, campañas de difamación, detención ilegal, tortura y malos tratos e incluso violencia sexual.

Y hasta julio de 2019 ya habían sido obligadas a exiliarse 67 defensoras de los derechos humanos.

El informe será el tema 2 de la agenda del Consejo de Derechos Humanos durante el 42 período de sesiones a celebrarse entre 9 a 27 de septiembre de 2019.



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