Llamada ley del perdón no cumple con estándares internacionales y estigmatiza a las víctimas, advierten CIDH y OACNUDH


3 junio, 2019

La denominada Ley de Atención Integral a las Víctimas en Nicaragua más conocida como ley del perdón, no cumple con las normas y estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Esto lo señalan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que expresan su preocupación por la aprobación de la misma.

El recién pasado 29 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó la ley en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018 en el país.

“Si bien, en su artículo primero, esta ley dispone como objetivo regular la atención y reparación integral de las víctimas y sus familiares, el texto aprobado consta de cinco artículos que se limitan a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo, salud y recreación”, expresa un comunicado de prensa de ambas organizaciones.

Una reparación adecuada e integral de las violaciones a los derechos humanos debe contemplar medidas tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y sus familiares, así como medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición y debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, expresan la CIDH y OACNUDH.

La CIDH y la OACNUDH observan que la norma aprobada no garantiza el derecho a una reparación integral conforme al derecho internacional de los derechos humanos, expresa el comunicado de prensa.

No hubo proceso de consulta

La Comisión y la OACNUDH lamentan también la aprobación expedita de dicha ley y la ausencia de un proceso abierto, transparente y de consulta con la sociedad civil y las víctimas.

“El cumplimiento de dichas condiciones es indispensable para garantizar la continuidad, legitimidad y vigencia de cualquier programa o ley de reparación integral”, expresan la CIDH y OACNUDH.

La llamada ley del.perdón, tampoco contempla ninguna medida para garantizar el derecho a las víctimas y sus familiares para acceder a la justicia, según ambos organismos.

Ambos reiteran su preocupación “por la falta de voluntad del Estado para el esclarecimiento de la verdad respecto las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018, así como por la aprobación de normas incompatibles con los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”.

Investigaciones y sanciones son irrenunciable

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte y la Comisión Interamericana, las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable.

Recuerdan que en el Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, la CIDH documentó “graves vulneraciones en el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares reflejadas en la falta de diligencia del Estado de investigar las muertes y lesiones ocurridas en el marco de las protestas sociales”.

Mientras que OACNUDH en el informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua” recomendó realizar de manera pronta investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación con todas las denuncias de serias violaciones a los derechos humanos y abusos perpetrados en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018.

También lamentan que en los considerandos de la ley el régimen insista en hablar de un “intento fallido de golpe de estado”, con lo cual “estigmatiza, revictimiza y descalifica a las mismas víctimas de la represión estatal a las protestas y a sus familiares”.

“Cualquier iniciativa para la reparación integral debe partir por la inclusión de todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos conforme a los estándares internaciones”, indicó la comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua y sobre Memoria, Verdad y Justicia.

“El reconocimiento de los hechos y la aceptación de la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas es también esencial para rescatar la memoria de las víctimas, así como para alcanzar una solución pronta y legítima a la grave crisis que vive el país”, añadió Urrejola.


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