“Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”, sostuvo la mañana de este jueves la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante el 43 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Al tiempo que manifestó Bachelet que defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas por la llamada Ley de Amnistía, familiares de presos políticos y de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, son los sectores que sufren de forma reiterada intimidación y acoso por parte de policías o elementos progubernamentales, “incluso discursos estigmatizantes de autoridades del Gobierno”.
“Organizaciones de víctimas que reclaman justicia, verdad y reparación, sus dirigentes y sus abogados siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones”, mencionó como ejemplo Bachelet.
No obstante, el delegado de Nicaragua, Valdrack Jaenstschke, llegó a sostener que «continuamos respetando el orden constitucional y los derechos políticos de los nicaragüenses, la libre movilización y expresión política están garantizados para quienes se expresan en paz, y sin intenciones de perturbar la tranquilidad de la población».
Al tiempo que aseguró Jaenstschke que el régimen ha alcanzado «significativos avances en materia de protección integral de derechos humanos, reconocido por organizaciones internacionales incluyendo Naciones Unidas».
Bachelet exhortó al régimen “a implementar urgentemente” las recomendaciones formuladas por su Oficina y otros mecanismos internacionales y regionales, en particular sobre la recomendación que permita el acceso de su Oficina al país e instó al Consejo de Derechos Humanos que continúe el monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua.
También reiteró el llamado «a reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes», dijo Bachelet
Protestas y asesinatos
La Alta Comisionada describió lo que pasa en el país: “El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado. Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la policía los dispersó abruptamente o elementos pro-gubernamentales los atacaron violentamente”, dijo Bachelet.
Bachelet expresó particular preocupación por los asesinatos de campesinos en el norte del país y la situación de los pueblos indígenas. Y mencionó que de catorce homicidios documentados por su Oficina en 2019 ocurridos en el norte del país, “las autoridades informaron haber identificado a presuntos responsables en solo cuatro casos y condenado a una persona”.
Y recordó que comunidades indígenas miskitas y mayangnas han denunciado la presencia de colonos que amenazan sus territorios y recursos naturales. “Es deber del Estado proteger a los pueblos indígenas”, dijo Bachelet.
Sectores víctimas de la represión
Bachelet instó al régimen a que garantice condiciones seguras y adecuadas para que las personas defensoras de derechos humanos realicen libremente su labor.
Mencionó el hecho que 61 presos políticos siguen en las cárceles del régimen, cuarenta de ellas habían sido detenidas después de entrar en vigor la llamada Ley de Amnistía en junio de 2019, y acusadas de delitos comunes, como posesión o tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, substancias o artefactos explosivos.
«Insto al Gobierno a liberar a las personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas», dijo Bachelet.
Igual mencionó que desde el 1 de agosto, su Oficina ha recibido informes de al menos 108 detenciones arbitrarias de hasta 48 horas. Estas personas fueron liberadas sin que se presentarán cargos en su contra.
Afectaciones por la crisis
Bahcelet habló también de la contracción de la economía en el país en 5.7 por ciento, el aumento de la inflación y el desempleo formal, y el exilio forzado de más de 98 mil nicaragüenses hasta diciembre de 2019, “sin condiciones básicas para un retorno seguro”.
“Mi oficina documentó casos de amenazas y acoso, incluso siete personas detenidas arbitrariamente luego de su regreso”, sostuvo Bachelet.
Aunque Bachelet reconoció la entrega de los insumos al diario LA PRENSA, después de haber sido retenidos en aduanas por 75 semanas, instó al régimen adoptar todas las medidas aún necesarias para garantizar el ejercicio pleno de este derecho e indicó que desde el 1 de agosto del 2019 han documentado amenazas y agresiones físicas en contra de periodistas, medios de comunicación y sus trabajadores, y casos de robo o daños a instalaciones de medios de comunicación.
Mientras las instalaciones de los medios “Esta Semana”, “Confidencial”, y “100% Noticias” continúan confiscadas.