Las heridas abiertas dejadas con la llamada “operación limpieza”

Las heridas abiertas dejadas con la llamada “operación limpieza”

A un año de la llamada operación limpieza ejecutada por el régimen contra quienes se manifestaban en los tranques en los municipios de Diriamba, Jinotepe y Dolores, Carazo, las heridas aún están frescas por el dolor.

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A un año de la llamada “operación limpieza” ejecutada por el régimen contra quienes se manifestaban en los tranques en los municipios de Diriamba, Jinotepe y Dolores, Carazo, las heridas aún están frescas por el dolor.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró 20 muertes, como resultado de esa intervención de policías y paramilitares el 8 de julio de 2018.

En su momento se llegó hablar de 30 muertes y hasta de fosas comunes, recuerda una periodista en el exilio que considera fueron momentos de terror los que vivieron con la llamada operación limpieza.

En Carazo, “cerca de 200 camiones se encontraban retenidos hacía más de un mes. Según medios de comunicación e información recibida, existirían indicios del uso de armas de uso exclusivo del Ejército, entre ellas lanzacohetes y granadas, en el proceso de levantamiento de los tranques”, registró la CIDH en parte de un comunicado de prensa del 11 de julio de 2018.

En el mismo, la CIDH recoge la versión oficial de la Policía del régimen sobre la muerte de dos agentes.

Hilario de Jesús Ortiz y Faber Antonio López fueron los dos agentes reportados muertos por la Policía.

En la información del oficialismo no especifica el sitio exacto donde perecieron ambos agentes, pues habla que sus fuerzas “restablecieron el orden en Jinotepe y Diriamba”.

“Al ingresar las fuerzas policiales para restablecer el orden fueron agredidos por terroristas con armas de fuego, asesinando a los compañeros policías”, refiere parte de la nota de prensa publicada ese mismo 8 de julio de 2018.

Madre responsabiliza a la Policía

Sin embargo, Fátima Vivas, madre de Faber López, desde el exilio mantiene el reclamo de justicia pues responsabiliza a la misma Policía del crimen.

Vivas reitera la versión que ofreció hace un año, su hijo estaba decidido a dejar las filas policiales. En mayo del 2018 le comunicó su decisión.

En esa ocasión, López le expresó a Vivas su desacuerdo con la represión al pueblo y le comentó que las armas de fuego eran facilitadas por el Ejército.

“Lo dijo desde un inicio que Policía y Ejército trabajaban de la mano”, sostuvo Vivas. De forma reiterada la institución militar ha negado toda participación en la represión.

Vivas sostiene que su vástago también le habló de las aspiraciones del jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), Justo Pastor Urbina por llegar a ser nombrado subdirector de la Policía.

“Por eso mi hijo cuando vio todo eso, dijo que no era posible que para llegar a un cargo tenían que asesinar a todo el que se opusiera”, sostuvo Vivas.

Pero Vivas había conocido también por su vástago, que en ese mismo mes, unos 300 policías habían desertado de las filas después que recibieron su último pago.

Otros estaban presos porque no estaban de acuerdo en salir a reprimir al pueblo, indicó Vivas quien recordó que esto posteriormente fue confirmado con denuncias ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

¿Por qué ocultaron información?

A un año del crimen, Vivas sostiene que su hijo fue asesinado, pero “no por los terroristas”, como ellos llaman a los manifestantes.

Ese día, Vivas conoció de la muerte de su hijo por las redes sociales. De la Policía nadie le informó hasta que ella insistió en solicitar información, pese a que tenían en su poder el teléfono celular de López.

“Lo más curioso es que toda la Policía sabía que mi hijo estaba muerto ¿Por qué lo ocultaron? Tanto misterio”, expresa Vivas.

A su vez, en el Instituto de Medicina Legal (IML), la poca información que le ofrecieron a Vivas, fue falsa.

El certificado de defunción establece que su muerte fue por impactos de arma de fuego. Y que a causa del dolor, refiere, ella no reparó en que el cuerpo no presentaba orificios de bala.

Dos forenses privados que reconocieron posteriormente el cuerpo, le confirmaron a Vivas que su hijo murió a causa de heridas de arma blanca y torturas infringidas.

“Mi hijo fue torturado 24 horas antes de morir, torturado cruelmente, le arrancaron las uñas, le sacaron los ojos, lo apuñalaron. Su cuerpo lo arrastraron, fue algo terrible, algo traumático que todavía no supero”, relató la madre del policía asesinado.

Tras señalar, que según los forenses también presentaba una fractura en el tabique nasal, que presumen fue realizada con la culata de un fusil.

“Esas imágenes todavía me invaden de dolor al recordar todo lo que vi en el cuerpo de mi hijo”, apunta Vivas.

Demanda justicia

Desde el exilio Vivas insiste en su demanda de justicia. Y cuestiona el papel desempeñado por la Fiscalía y el IML en las investigaciones de estos crímenes, por lo que considera son “cómplices” de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y sus funcionarios deben ser unvestigados.

“Nunca van a poder callar mi voz , ni me van a comprar, el dolor de madre no tiene precio. A mi hijo no lo recupero ni con todo el oro del mundo”, sostuvo Vivas.

Odio y saña

Una periodista en el exilio consideró que la operación limpieza demostró “el odio y la saña con que la dictadura quiso someter a un pueblo que les había humillado”.

Esto fue porque Carazo logró una resistencia cívica, pese a las armas de fuego que poseía el régimen no lograba someter al pueblo, señala la periodista quien recuerda que a un año “hay muchas familias que aún buscan a sus desaparecidos”.

En el comunicado la CIDH expresó en su momento la preocupación ante la información recibida sobre operaciones de orden público denominadas “operación limpieza”, iniciadas el 5 de julio por el Estado con el fin de desmontar tranques en diferentes ciudades del país.

La información recibida por la CIDH indicaba que, “el Gobierno, a través de la Policía Nacional en actuación conjunta con grupos parapoliciales, realizó operativos en Sutiaba, León, Wiwilí, Jinotega, Masatepe, Ometepe y Matagalpa, dirigidos a reprimir a las personas que mantienen los tranques y barricadas, así como a las comunidades que los apoyaban como forma de protesta y/o como medio de protección frente a las acciones de grupos pro gubernamentales”.

Posterior a la operación limpieza perpetrada en esas ciudades, bajo el alegato que no podían dialogar mientras las ciudades estuvieran trancadas, una semana después el régimen ejecutó la limpieza de otras vías, como el tranque de Juigalpa y empalme de Lóvago. Luego continuó con mayor crudeza la persecución.

Asesinados el 8 de julio

José Antonio Solís Cruz
Carlos Alejandro Ochoa
Gerald Caled Barrera Villavicencio
José Manuel Campos
Josué Israel Mojica García
Luis Acevedo
Marcos Antonio Villalobos Orozco
Vicente Rappaccioli
Bismarck Adolfo Arias Díaz
Douglas Miguel Obando
Douglas Acevedo Parrales
Ricardo Antonio Largaespada
Jonathan Moraga Palacios
Ilish Aarón Urrutia
Alan Alexander Rodríguez Hernández
Faber Antonio Lòpez
Miguel Obando
Jeffrey Calero


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