La nacionalidad otorgada por el régimen Ortega Murillo al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, está basada en un acto irregular porque se ha derivado de una disposición de asilo, que no lo contempla la ley, asegura el abogado Óscar Carrión, quien recuerda que este no es perseguido político en su país ni está en inminente peligro.
Y más bien, Funes “está siendo requerido en su país por las autoridades por delitos comunes”, destacó Carrión.
El caso de Funes debe servir como ejemplo para que una vez asuma un gobierno democrático en Nicaragua debe proceder a revocación inmediata del instrumento legal que le otorga la nacionalidad irregular “y capturarlo en virtud de las órdenes que hay a nivel internacional y ponerlo a la orden de justicia y tribunales salvadoreño”, dijo Carrión.
Además indicó Carrión, un nuevo gobierno debería contemplarse algunas excepciones al tema de prohibición de la extradición, en la Constitución Política la que a su criterio “debería decir se prohíbe la extradición de los nicaragüenses, a menos que hayan cometido o sean señalados de cometer delitos” graves para el orden nacional e internacional.
Entre los delitos graves menciona: de lesa humanidad, crímenes como genocidio, trata de personas, actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo nacional e internacional, tratos crueles inhumanos y degradantes.
“O ir afinando disposiciones legales, para que no sean escudos para criminales nacionales e internacionales se amparen para evadir la justicia”, sostuvo el jurista.
Este martes a través de su cuenta de Twitter, Funes alardeó de su nacionalidad en palabras dirigidas al presidente salvadoreño Nayib Bukeles: “Con esto de la extradición cada día es más notorio que hasta Nayib se traba en discusiones estériles sobre un tema que desconoce. Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su gobierno ni en años la extradición será posible. La extradición está prohibida por la Constitución” de Nicaragua.
Sin embargo, si en Nicaragua se aplicara la ley, el numeral 5, capítulo 175, de la Ley de Migración y Extranjería de Nicaragua está claro los motivos de la expulsión, cuando “sea prófugo de la justicia o sea requerido judicialmente por otro Estado”.
Sin embargo, el régimen se ha negado a extraditarlo aún cuando no le había otorgado la nacionalidad, y lo mantenía como asilado político.
El 21 de marzo de 2019, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador comunicó oficialmente al régimen que Funes y su familia no son perseguidos políticos y solicitó iniciar el proceso de extradición. La respuesta de Nicaragua fue que no podía entregarlo a El Salvador, porque aplicaba el numeral 8 del artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual establece que “toda persona puede solicitar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales”.
Funes enfrenta cinco procesos judiciales en El Salvador entre otros por peculado y lavado de dinero. Hasta ahora la Oficina central de la Policía Internacional (INTERPOL), se ha negado a declarar la alerta roja en contra de Funes. En febrero pasado, un juez salvadoreño pidió nuevamente a la oficina en El Salvador que emita la difusión roja en contra de Funes.
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