Informe ante Comité de Derechos Humanos refleja el acoso y violencia contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua


El informe alternativo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refleja las sistemáticas violaciones a la libertad de prensa y al acceso a la información pública que enfrenta el periodismo independiente en Nicaragua.

El mismo señala, que a raíz de las protestas cívicas de abril en las que la población demandaba democracia, justicia y paz, el régimen “respondió con una violencia nunca antes vista en la historia de Nicaragua, aún en la dictadura somocista”.

Además de las ocupaciones de las instalaciones de 100 % Noticias, de Confidencial y Esta Semana refieren estas organizaciones que Radio Darío en León, fue destruida totalmente producto de un incendio provocado.

Periodistas víctimas de la violencia estatal


Entre los señalamientos en el informe están: la instauración de la censura y la represión, que afecta tanto a periodistas nacionales como extranjeros, que han sido víctimas de la violencia estatal y paraestatal mediante agresiones físicas, el robo o destrucción de sus equipos y frecuentes amenazas de muerte e insultos en las redes sociales para objetivizarles.

Un registro de la FVBCH revela que 1080 casos de periodistas, documentalistas y fotorreporteros extranjeros fueron expulsados del país a lo largo de esta década analizada. Entre los que menciona están: el fotoperiodista chileno de la Agencia France-Press (AFP), Héctor Retamal, la periodista belga Michéle Sennesa ella y el caricaturista francés Jules Berjeaut, quienes fueron expulsados del país por las autoridades de Migración y Extranjería.


Y mientras son fortalecidos los medios informativos propiedad del régimen, en los últimos cinco años se ha promovido el cierre de medios o espacios informativos lo que constituye una clara violación a la libertad de prensa, refiere el informe.

Entre las emisoras cerradas están: radio Bosawás, en El Cuá, Jinotega, radio Voz de Mujer, en Jalapa, radio Palabra de Mujer, en Paiwas, radio Emperador, en Rivas. También canales televisivos locales como: Canal El Rey, en Chinandega, Canal Columbia, en Somoto. Y el programa Onda Local, de cobertura nacional, que se transmitía en una radio oficialista y tuvo que migrar a otra radio.

 A esto se suman pequeñas empresas de cable y radio comunitarias en los municipios del país, que han sido reasignadas o han sido compradas por personas afines al partido de Gobierno.

Prevalece el acoso

  “A partir del 2008 los medios de comunicación no pudieron solicitar nuevas licencias de transmisión; sin embargo, el gobierno otorgó licencias a su discreción y prolongó indefinidamente la vigencia de las licencias existentes, pero siempre quedan bajo la tutela de TELCOR, lo que causa incertidumbre en lo que se refiere a la compra e importación de mercancías relacionadas con la transmisión”, dice el informe.

Al tiempo que menciona que prevalece el acoso y el asedio de instituciones gubernamentales como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerio del Trabajo (MITRAB) y la Dirección General de Aduanas (DGA) sobre los medios de comunicación independientes.

Estos medios “constantemente son objeto de supervisiones exhaustivas fuera de la práctica cotidiana, así como de restricciones indebidas a su derecho de desaduanar materias primas indispensables para sus ediciones impresas, como ha ocurrido con el diario La Prensa y El Nuevo Diario”. 


“Desde el 2007 hasta la fecha, Ortega ha mantenido un trato discriminatorio y excluyente contra la prensa independiente, desde esa fecha no comparece ante los medios de comunicación independientes, no brinda conferencias de prensa y tampoco permite que sus funcionarios lo hagan”, destaca el informe, que menciona que también los periodistas independientes siguen sin tener acceso a actividades oficiales, o a informaciones a pesar de la Ley de Acceso a la Información Pública.

 Hasta el 30 de junio la FVBCH documentaba que 91 periodistas fueron forzados al exilio producto de la estigmatización de la profesión periodística, expresada en amenazas, asedio, intimidación y otras formas de violencia.

 Algunas de las recomendaciones

Ante esa situación, además de la   investigación del crimen contra Gahona, devolución de las instalaciones y bienes a los medios de comunicación y cierre de expedientes para los periodistas Pineda y Mora, estas organizaciones recomiendan también que sean garantizadas las condiciones necesarias para un retorno seguro de los periodistas en el exilio.

Así como que el régimen se abstenga de continuar con la censura a los medios de comunicación, libre acceso a las fuentes de información gubernamental a los medios independientes. Además, el cese inmediato de cualquier agresión física, intimidación y amenaza sea de parte de la Policía, o de los grupos parapoliciales que aún operan impunemente en el país. Y que de forma urgente sean adoptadas las medidas más apropiadas para garantizar la integridad personal de todos los periodistas y comunicadores.   



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