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Golpes, insultos, amenazas y violaciones sexuales, entre abusos de Policía del régimen contra opositores, dice informe de Human Rights


«Vos puta, te voy a matar», fue amenazada la paramédica Victoria Contreras, mientras un arma de fuego le apuntaba a la cabeza. La amenaza provenía del subdirector de la Policía, Ramón Avellán.

Fue una noche de junio cuando Contreras, un seudónimo, junto a una decena de manifestantes fueron sorprendidos en una calle de Masaya, por policías que les dispararon, luego les rodearon y apresaron.

Ya en la delegación les golpearon. A Contreras le golpearon la cabeza contra la pared. Posteriormente los fotografiaron con morteros y armas de fuego, que los policías colocaron para incriminarlos.

En la madrugada siguiente cinco policías violaron a Contreras. Los agentes la llevaron a una sala en la delegación, la sentaron en una silla y le vendaron los ojos .

«Me violaron todos ellos, me hicieron lo que querían hacerme (…) me lastimaron y me golpearon mucho», dijo Contreras cuyo testimonio lo ofreció a Human Rights Watch y que recoge en el informe «Brutal represión: torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua», publicado este miércoles.

«Gritaba, pedía auxilio, nadie me podía ayudar porque eran ellos mismos (los que me agredían», relató Contreras, quien posteriormente fue trasladada al Chipote en medio de amenazas e insultos.

Amenazas e insultos en El Chipote

En El Chipote, un oficial de alto grado le insultó: «hija de puta zorra, vos sos la cabeza de las bandas, vos sos la que andas de delincuentes, de terrorista en contra del gobierno. De aquí no vas a salir, hija de puta de eso me encargo yo».

Ese mismo día, pese a que Contreras estaba lastimada comenzaron los interrogatorios. Le negaron el derecho a ser asistida por un abogado. Y la mayoría de las veces permaneció desnuda mientras fue sometida a interrogatorios.

Fue liberada por presiones de organizaciones de derechos humanos y la iglesia católica. Pero antes fue esposada a una silla y con un fusil Ak apuntándole de frente, la obligaron a leer frente a una cámara una declaración de cuatro páginas, en la que acusaba a varios líderes de la resistencia pacífica.

El 18 de julio tras la llamada operación limpieza que ejecutó el régimen Contreras huyó hacia Costa Rica.

Violada frente a su familia

La enfermera con seudónimo Lucía Sánchez, también relató que para fines de mayo ella ya había visto morir a amigos y a otros manifestantes, de manos de la Policía del régimen y paramilitares.

Entre ellos incluido una persona que murió en sus brazos mientras le trasladaba a una clínica.

Una noche a principios de junio un grupo de policías tocó a la puerta de su casa, en una localidad al norte del país, llegaban en busca de su padre, que había logrado escapar.

Entre los gritos de los niños los policías esposaron a Sánchez y a su madre. Y «con la escopeta en la cabeza uno me dice: ‘hija de puta , hoy te matamos a vos y a tu papá. ¿Dónde están las armas? (…) Si no me decís la verdad voy a matar a tu mama».

El temor llevó a Sánchez a confesar que había asistido a manifestaciones de protesta. Luego dos policías la violaron frente a su familia y se fueron.

Pese a estar refugiada en Costa Rica, Sánchez expresó temor por su vida y por las represalias que pueda sufrir su familia que quedó en Nicaragua.

En el informe Human Rights describe los abusos sufridos por 23 personas, ya sea durante la detención, detenciones arbitrarias y procesos judiciales. En 13 de los incidentes analizados también examinaron fotografías, grabaciones de video , informes médicos o expedientes judiciales que corroboran las versiones expuestas.

Recomendaciones del informe

Entre las recomendaciones de Human Rights están que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y la Unión Europea (UE), impongan sanciones individuales, incluida la prohibición de ingreso a esos países y el congelamiento de activos contra los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos.

Además de Daniel Ortega, incluyen a Aminta Granera, Francisco Díaz, Ramón Avellán, Jaime Vanegas, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.

También propone abstenerse de transferir a las fuerzas de seguridad de Nicaragua armas, municiones o equipos «que podrían ser usados para cometer abusos violentos contra opositores».

Ese organismo también exhorta a Nicaragua a crear una unidad especial , que junto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), supervise la investigación de delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas.

A la UE y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), plantea que deberían suspender todo financiamiento a la Policía del régimen, supeditar el restablecimiento de fondos a que la Fiscalía inicie investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas sobre la presunta responsabilidad de funcionarios policiales de graves violaciones de derechos humanos.

A su vez recomienda supeditar el restablecimiento de los fondos, a que se realicen acciones comprobables del desmantelamiento de paramilitares y que estos sean llevados ante la justicia.


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