La población mayangna ha reiterado la necesidad de expulsión de colonos. Fotografía: Cortesía Archivo.
Los impactos de la colonización de tierras indígenas en la costa Caribe de Nicaragua, serán expuestos por los representantes de seis organizaciones de la sociedad civil durante una audiencia pública virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 18 de marzo.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Instituto Oakland y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), buscan llamar la atención alrededor de las causas, la magnitud y los impactos de la colonización de los territorios indígenas en el noreste de Nicaragua así como sobre los promotores de esta violencia. El Estado de Nicaragua ha sido invitado a participar.
A través de una nota de prensa estas organizaciones expresan que duranta la audiencia presentarán la información más reciente respecto a la violencia causada por la colonización y perpetrada en contra de los pueblos indígenas y las personas defensoras de la tierra.
Igualmente detallarán sobre la colusión y la complicidad del régimen y los actores del sector privado implicados en actividades como la minería de oro, la ganadería y la explotación forestal, tal y como reveló el informe de 2020 del Oakland Institute, “Nicaragua’s Failed Revolution: The Indigenous Struggle for Saneamiento”.
En la misma las organizaciones recuerdan que durante 2020 fueron documentados 13 asesinatos, ocho personas heridas, dos secuestros y el desplazamiento forzoso de una comunidad en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bosawás. A la fecha, la violencia continúa.
El hecho más reciente ocurrió el 4 de marzo de 2021, cuando los colonos atacaron a comunitarios mayangna en la zona de Kimak Was, que dejó como resultado una persona herida con cinco impactos de bala y otra secuestrada temporalmente.
Durante la audiencia, no solo abordarán sobre las repercusiones de la colonización en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas, incluidos los impactos en su capacidad de acceder a fuentes de alimentos, agua potable y a medicina tradicional, así como en sus relaciones con la tierra en general, sino también debatirán los efectos de los huracanes ETA e IOTA, que golpearon la Costa Caribe norte de Nicaragua a finales de 2020 y cuyos impactos persisten al día de hoy.
Las organizaciones señalan, que el primero de febrero del presente año la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos envió una carta al régimen Ortega Murillo a través de la cual solicitaba una investigación completa del asesinato del líder mayangna Nacilio Macario, en noviembre de 2020. La carta fue respaldada por el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos respaldaron la carta.
A su vez a finales de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua incluyó por primera vez una sección sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En el mismo denunció las «invasiones recurrentes y los ataques violentos de colonos» contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la incapacidad del régimen para investigar adecuadamente los ataques y las denuncias. El Estado de Nicaragua ha fallado sistemáticamente en la implementación de las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a una comunidad indígena mayangna y a 12 comunidades miskitas.
Más recientemente, el Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF por sus siglas en inglés) anunció que retiraba a Nicaragua de su cartera al determinar que será imposible «poner en marcha los sistemas necesarios para la gestión ambiental y social, el seguimiento y la evaluación, y la certificación independiente de los resultados.» La financiación del FCPF en Nicaragua estaba destinada a invertir hasta 55 millones de dólares para la reducción de la deforestación.