Estudio establece deterioro gravísimo para el ejercicio periodístico en Nicaragua


El asesinato de Ángel Gahona y el encarcelamiento de Lucía Pineda
Y Miguel Mora, demuestra “un deterioro gravísimo”, del derecho para el ejercicio periodístico en Nicaragua.

Lo anterior lo expresó Elvira Cuadra, tras un estudio realizado por  el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), sobre Libertad de expresión y libertad de prensa en tiempos de represión a cargo de las periodistas Martha Irene Sánchez y Leticia Gaitán, el cual establece que “ser periodista o trabajar en un medio de comunicación se ha convertido en un oficio de alto riesgo en Nicaragua por el entorno violento y represivo”, de parte del régimen Ortega Murillo.

Además, el estudio considera que la libertad y el derecho para el ejercicio periodístico se ha venido degradando de forma “acelerada y gravemente”, desde abril del 2018, cuando el régimen empezó a criminalizar al periodismo.

Y como consecuencia de esa política represiva, ahora hay medios de comunicación destruidos, cerrados, confiscados y, silenciados. Y además de un periodista asesinado y los encarcelados, otros están amenazados, han sido agredidos o recurrido al exilio.

El estudio, que analiza el período entre abril 2018 y marzo 2019, señala que antes de esa fecha ya había un entorno hostil y de alto riesgo para el ejercicio periodístico así como libertad de prensa y de expresión de los ciudadanos, situación que ha empeorado en el transcurso del año, señala Cuadra.

Anteriormente había un proceso de concentración de los medios nacionales y avanzaba a los medios locales, tanto de manos de la familia Ortega Murillo, como de un empresario privado. Para ello utilizaban entre otras formas de “chantaje” la renovación de las licencias de operación , dijo Cuadra.

Desde abril del 2018 se ejecutan los ataques directos a Radio Darío, en varias ocasiones, así como contra La Costeñísima, la confiscación arbitraria a Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, así como a 100 % Noticias, sumado a esto el encarcelamiento de Lucía Pineda y Miguel Mora, “y ya no hay seguridad jurídica de los medios de comunicación”.

Igualmente crece el riesgo al ejercicio a la profesión periodística porque es cuando aumentan las “agresiones, amenazas, ataques, chantaje e intimidación directa a periodistas independientes”.

Una de las recomendaciones del EPU

Y precisamente uno de los temas que fue objeto de mayores recomendaciones al régimen Ortega Murillo, durante el recién pasado Examen Periódico Universal (EPU), en Naciones Unidas, el 15 de mayo pasado, estuvo relacionado con la libertad de expresión y de prensa.

La situación de riesgo en que laboran los periodistas en Nicaragua y violaciones a la libertad de expresión fue expuesto durante el EPU por las representaciones de al menos 35 países, que le recomendaron a Nicaragua garantizar que la prensa pueda hacer su trabajo sin temor a represalias ni a presiones de ningún tipo.

El informe de Cinco aclara que la censura y la autocensura no son nuevas en el país, pues durante los últimos diez años, el régimen utilizó diversos mecanismos de presión para obligar a periodistas y medios de comunicación independientes a autocensurarse para evitar acciones de represalia.

Y describe que algunos de los mecanismos más utilizados fueron la vigilancia y acoso fiscal, así como las amenazas e intimidaciones, práctica que se profundizó a partir de 2018 cuando el régimen “ordenó ejecutar una política de silenciamiento a la prensa, a fin de impedir que se informara sobre las protestas y las respuestas represivas” a las mismas, dice Cinco.

Y prueba de ello fue que con el inicio de las protestas el 18 de abril uno de los sectores objetivizados, con palizas y robo de equipos, fueron los comunicadores, “para impedir que realizaran su trabajo de información”, apunta el estudio.

Uno de los ataques más graves fue perpetrado contra el periodista de Onda Local, Julio López, quien sufrió pérdida temporal de la memoria, al ser golpeado en la cabeza, mientras realizaba una transmisión en vivo del ataque ejecutado contra los manifestantes en un plantón en el sector de Camino de Oriente, Carretera a Masaya.

Una de las violaciones más graves a la libertad de prensa ejecutadas por el régimen actualmente ha sido la retención de materia prima de los medios de comunicación escrito de mayor circulación nacional a través de Aduanas, lo cual pone en riesgo su funcionamiento.

Sin embargo, durante el EPU el vicecanciller Valdrack Jaentschke, aseguró que en Nicaragua “hay plena libertad de expresión” tanto en la prensa como en las redes sociales y recordó que la Constitución consagra “el derecho a la información veraz”.

“A raíz del intento de golpe de Estado, algunos medios de comunicación y periodistas hicieron uso de la difusión de noticias falsas, presentadas como verdades absolutas”, dijo Jaentschke, quien fue más allá al desconocer el encarcelamiento de Pineda y Mora, a quienes este viernes por cuarta vez le fue suspendido la audiencia de juicio, si. Fecha de reprogramación.

“Ningún periodista ha sufrido cárcel o persecución por ejercer el derecho a informar, en todo caso si alguna persona ha tenido que responder a la Justicia, lo ha hecho por la comisión de conductas ilícitas, establecidas en el Código Penal como delito y no como profesionales de la comunicación”, dijo Jaentschke en ese momento.


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