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Estados Unidos señala deterioro significativo de DD.HH y corrupción generalizada en Nicaragua

Las manifestaciones pacíficas fueron reprimidas por orden del régimen – Fotografía: Antonio Ramírez

En abril del 2018 los derechos humanos en Nicaragua se deterioraron «significativamente», hubo una corrupción generalizada; trata de personas; ataques contra personas de la diversidad sexual y discriminación contra minorías étnicas, según el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estados de Estados Unidos.

El régimen de Daniel Ortega fortaleció la impunidad de aquellos abusadores de derechos humanos leales a él. Y a partir de agosto, instituyó una política de “exilio, cárcel o muerte” dirigida contra quienes consideraban de oposición, revela el informe.

También menciona las reformas a las leyes sobre el delito de terrorismo para criminalizar actividades prodemocráticas y el uso del sistema judicial para caracterizar a activistas de la sociedad civil como «terroristas, asesinos y golpistas».

Igualmente el Departamento de Estado se refiere a informes de ejecuciones ilegales o arbitrarias cometidas por el gobierno o sus agentes; desapariciones forzosas por parte de las fuerzas parapoliciales; tortura; abuso físico, incluyendo violación sexual, por parte de funcionarios de gobierno; y arrestos y detenciones arbitrarias.

A esto se suma las condiciones carcelarias difíciles y que ponen en riesgo la vida de prisioneros políticos; interferencia arbitraria e ilegal a la privacidad de las personas; arresto de periodistas, censura, bloqueo de páginas web y calumnias.

Además de una sustancial interferencia con los derechos de reunión y asociación, incluyendo ataques hacia la Iglesia Católica y sus representantes. Así como la cancelación de la personería jurídica a ocho Organizaciones No Gubernamentales.

Señalan a Ortega y Murillo

El informe señala a Daniel Ortega y Rosario Murillo de ordenarle a las fuerzas policiales y parapoliciales que sofocaran, con uso de la violencia, protestas pacíficas que comenzaron debido al descontento por una decisión de reformas a la seguridad social.

La respuesta excesiva del gobierno incluyó el uso de balas y de francotiradores por lo que los protestantes construyeron tranques artesanales y enfrentaron a la Policía y a los «parapolicías» con piedras y morteros, sostiene el informe.

Hasta noviembre del 2018, la represión dejó dejó al menos 325 muertos, más de 2,000 personas heridas, cientos de personas detenidas ilegalmente y torturadas y más de 52,000 exiliados en países vecinos.

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