El régimen ejecuta una sexta fase de la represión en Nicaragua, según análisis de la investigadora Elvira Cuadra


El 14 de julio pobladores de Peña de la Cruz, Ayapal, Jinotega lloraban por el asesinato de Martín Blandón Rivera,  tras una emboscada perpetrada por desconocidos cuando salía de un culto evangélico. Tres días después en la ciudad de León una patrulla de la Policía del régimen atacó una vivienda y asesinó a Bryan Yeraldin Murillo López e hirió a dos de sus parientes.

Y mientras en las ciudades cada vez más se observa un fuerte despliegue policial a fin de impedir todo tipo de expresión de parte de la población, en el campo cada día aumentan las denuncias de los asesinatos selectivos.

Un análisis realizado por la investigadora Elvira Cuadra, indica que tras la liberación y excarcelación de los presos políticos, el régimen ejecuta en el país una sexta fase de represión que tiene como propósito impedir las marchas, movilizaciones y acciones de protesta y mantener inactivos a los líderes del movimiento cívico, principalmente los excarcelados.

Cuadra menciona como características de esta fase de la represión amplios despliegues policiales en ciudades y centros urbanos, secuestros por varios días por parte de la Policía a excarcelados o en contra de ciudadanos sospechosos de participar en actividades cívicas. Así como la vigilancia, el  asedio, hostigamiento y amenazas constantes a los excarcelados por parte de la Policía y grupos paramilitares.  

A la vez menciona Cuadra ha ocurrido la reorganización de grupos paramilitares en varias ciudades del país que mantienen “las estructuras con participación mayoritaria de exmilitares, expolicías y militantes fanatizados seleccionados cuidadosamente por sus niveles de lealtad. Se han dedicado a realizar secuestros y desapariciones forzadas de líderes sociales, ataques simulando robos, intimidación con armas de guerra y vigilancia”.

En las zonas rurales, dice Cuadra, persiste la actuación con impunidad de grupos paramilitares con la complacencia de la Policía, que incurren en secuestros y ejecuciones selectivas de líderes sociales. A su vez estos grupos también cometen otros delitos como asaltos y otras acciones “que aparentemente se relacionan con delitos comunes, pero que en realidad buscan generar un estado de inseguridad y temor entre la población”.

El análisis de Cuadra coincide con el hecho ocurrido este miércoles en la comunidad de La Joya, Terrabona, cuando el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, pudo confirmar la presencia de un fuerte contingente de militares fuertemente armados “escondidos detrás de los árboles a los dos lados” de la carretera.  Y que aclaró la fuerte presencia militar fue debidamente documentado.

“Estos hombres que andaban vestidos del típico pinto militar, con fuerte armamento de Ak 47 y apertrechados hasta los dientes de municiones”, expresó Álvarez este jueves, quien aclaró: “Yo no estoy afirmando ni negando que sea el Ejército, no puedo hacerlo yo estoy narrando los hechos como son (…) yo sugeriría que el Ejército haga una auditoría militar”.

Por ese hecho ocurrido con el obispo Álvarez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó a través su cuenta de twitter  que “le preocupa la denuncia del obispo Rolando Álvarez @DiocesisdeMat: el uso del Ejército en la vigilancia a la sociedad civil representaría intensificación de los patrones represivos. Estado debe aclarar e investigar denuncias de asedio a la Iglesia Católica e Nicaragua”.

Aumentan asesinatos

Menciona Cuadra en su análisis que desde el último trimestre de 2018, es posible observar un incremento de asesinatos en las zonas rurales del país, donde las víctimas son principalmente líderes sociales y políticos vinculados con el movimiento cívico o partidos políticos de oposición.

Cuadra asegura que entre octubre de 2018 y el 15 de julio de 2019 los medios de comunicación han reportado  29 hechos sangrientos, de los que al menos 28 personas fueron asesinadas con armas de fuego y en 20 de los casos participaron grupos de dos o más personas como victimarios.

Existe una alta concentración geográfica de los casos, los cuales se localizan en la norte del país. El departamento de Jinotega tiene la mayor cantidad de personas asesinadas con 20, seguido de Matagalpa siete.

Los asesinatos identificados en este período tienen elementos en común, de tal manera que se puede considerar un patrón y uno de esos elementos que menciona la especialista es de que  aparentemente las motivaciones en la mayoría de los casos son de índole político pues se trataba de personas que integraban partidos políticos de oposición o porque se presume que los asesinatos fueron cometidos por grupos paramilitares.

“Por otra parte, aunque las circunstancias de los asesinatos simulan delitos comunes, testigos o familiares señalan como hechores a policías y paramilitares”, para lo cual emplearon armas de fuego, entre ellas armas de guerra.


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