El pedido urgente realizado ante la CIDH, que cese la matanza contra los campesinos en las montañas de Nicaragua

A la persecución que ha llevado al desplazamiento interno y al exilio de miles de campesinos nicaragüenses, se suman los asesinatos selectivos en el campo, que en lo que va del 2019 han sido asesinadas treinta de ellos, denunciaron defensores de derechos humanos y el dirigente campesino Medardo Mairena durante la audiencia en el 173 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “En Nicaragua continúan los asesinatos, al Movimiento Campesino lo han querido callar”, afirmó el también expreso político Medardo Mairena. Tanto Mairena como Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + demandaron ante la CIDH que cese el asesinato contra campesinos, y denunciaron cómo el régimen ha reprimido a la población campesina que desde antes de abril de 2018 defendía el derecho a sus tierras en contra del proyecto de construcción del Canal Interoceánico.Igual Flores expuso como en los últimos años en el país ha habido una persecución selectiva, y entre 2008 y 2017 las organizaciones defensoras de derechos humanos ya contabilizaban unas 25 personas asesinadas, entre los que destacan la masacre de la comunidad San Pablo 22, de Cruz del Río Grande, donde seis personas fueron enterradas en una fosa común, entre ellos dos hijos menores de Elea Valle, sin que el régimen haya investigado lo ocurrido. Actualmente los asesinatos tiene una característica común, que las víctimas estaban vinculadas a las protestas o tenían un reconocimiento como políticos opositores, expresó Flores, quien considera que esto es parte del recrudecimiento de la represión. Recordó Flores que después de abril seis líderes campesinos fueron encarcelados entre ellos Mairena, mientras otros como Francisca Ramírez, tuvieron que exiliarse o desplazarse a las montañas igual que lo han hecho miles de campesinos que viven en condiciones precarias. Actualmente Juan Gabriel Mairena, hermano de Medardo Mairena, lesionado durante el levantamiento de un tranque en el Empalme de Lóvago aún tiene alojada una bala, mientras Juan Gabriel Cordero fue perseguido en las montañas cuando buscaba como proteger su vida, pero fue lesionado y durante días cargado en hamacas hasta llegar a territorio costarricense donde recibió atención médica, durante ese período una hija suya murió debido a que enfermó y no podían acudir en busca de asistencia “debido a la feroz persecución”, denunció Flores. Los asesinatos de campesinos es un tema que les ha estado preocupando en los últimos meses, dijo la comisionada y Relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola.

Sometido a tortura sicológica

Mairena relató ante la Comisión que mientras permaneció detenido de forma arbitraria durante una de las entrevistas uno de los oficiales le llevó como propuesta que “podía conseguir mi libertad que yo acusara a la Conferencia Episcopal” como autores de lo que el régimen ha alegado fue golpe de estado, pero como no aceptó lo agarraron a golpes y le advirtieron “vamos a ir duro contra vos (…) acordate que tenés una familia que pagaría las consecuencias”.Posteriormente a Mairena lo amenazaron con llevarle un video de su niña de tres años “donde le hemos cortado a tu niña dedito por dedito, pieza por pieza de su cuerpo y si vos no aceptas vamos a seguir con el siguiente de tu familia hasta que no quede nada, porque es el momento que tenés que colaborar con el comandante, querían enjuiciar a la Conferencia episcopal, como no acepté continuaron las torturas”, refirió.Al no conseguir cooperación de parte de Mairena, un policía le llegó a referir “de todas maneras no te vas a capear, el juez es sandinista, el fiscal es sandinista, te vamos a condenar a la pena máxima, estamos reformando leyes para que tu condena no sea ni siquiera de 30 años (la pena máxima) y fui condenado a más de 216 años (…) aún así tenemos claro fuimos enjuiciado injustamente por delitos que no hemos cometido» Ejecutivo instrumentalizó el sistema judicialPor su parte el abogado Boanerge Fornos, de Acción Legal, manifestó que en Nicaragua los procesos en contra de presos políticos, en particular del sector campesino, se convirtieron en audiencias privadas. Fornos describió que las detenciones fueron ilegales, se les impuso la prisión preventiva como una medida general cuando la misma debe ser de una manera excepcional, fueron sustraídos de un juez natural, se obstaculizó el derecho a la defensa y en algunos casos no tuvieron acceso a los expedientes y promovieron la tramitación compleja como un elemento para disuadir al campesinado. Y en las ocasiones cuando la defensa la ejercieron defensores públicos estos actuaban en contubernio con los fiscales y jueces, pues orientaban a acusados a aceptar los delitos que les imputaban bajo el alegato de buscar penas mínimas. El abogado señaló que a los presos también se les irrespetó la dignidad humana, los campesinos fueron presentados ante medios oficialistas como delincuentes, golpistas y terroristas para estigmatizarlos.Mencionó el caso específico de Max Cruz, quien estuvo hospitalizado durante 57 días y permaneció esposado a una cama del hospital. Acción Penal concluye que el Poder Ejecutivo instrumentalizó el sistema de justicia penal a partir de 2018 en el marco de la represión estatal donde la Policía realizaba acciones dirigidas a la detención de campesinos y obtención de pruebas ilegales para armar casos, En tanto, la Fiscalía “carente de autonomía” formulaba acusaciones validando las actuaciones de la Policía, cundo eran defensores no ejercían su labor, los Jueces y magistrados no cumplieron su función de garantes constitucional pues no ejercieron el control de legalidad y proporcionalidad de los actos de la Policía y la Fiscalía y más bien facilitaron el irrespeto de los derechos constitucionales.