A dos años del crimen perpetrado contra la universitaria brasileña Reyneia Da Costa Lima, el trámite legal a lo interno se ha agotado, por lo que la organización Acción Penal llevará el caso a nivel internacional en busca de justicia.
El crimen quedó en impunidad luego que la Sala Penal Uno, del Tribunal de Apelaciones de Managua, liberó hace un año al autor Pierson Gutiérrez Solís, quien había sido condenado en primera instancia a 15 años de prisión, por los delitos de homicidio y portación ilegal de armas.
Y pese a que Gutiérrez fue juzgado por un delito común los magistrados de esa Sala, del TAM lo liberaron bajo la llamada Ley de Amnistía, apuntó el abogado de Acción Penal, Roberto Funez, representante legal de María José Da Costa, madre de la víctima.
Funez refirió, que casi ocho meses después de haber presentado un incidente de nulidad ante la Sala Penal Uno, del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), ese tribunal ha guardado silencio, pese a que un mes después, él insistió con una petición para que se pronunciara pero no hubo respuesta. Por tanto, dijo, ya no queda otro procedimiento legal a lo interno.
“El silencio del Tribunal indica que no hay ninguna voluntad de impulsar y promover una audiencia”, dijo Funez, quien explicó que en esa audiencia especial los magistrados debieron escuchar a todas las partes en relación al incidente de nulidad.
Funez expresó, que el incidente de nulidad fue promovido por considerar que hubo varias violaciones en el caso, entre las que mencionó que el juez en la primera audiencia debió haber pedido a la Fiscalía que presentara todas las pruebas y así determinar si participó solo una persona en el crimen, en este caso Pierson Gutiérrez Solís o hubo más involucrados.
Según el abogado, “los medios de prueba indicaban que había participación de otra persona y no se había agotado la investigación”. Pero en el acta de esa audiencia no consta que el juez haya requerido esa prueba.
Madre fue ignorada
Otra de las violaciones en el caso que argumentó Funez en el incidente de nulidad, fue que la madre de la víctima nunca fue notificada de ninguna actuación.
“La madre no fue buscada, contactada ni escuchada, mucho menos en una audiencia del proceso”, refirió Funez, quien apunta que “ese derecho se violentó” a la víctima.
Además Funez consideró, que la amnistía otorgada a Gutiérrez fue ilegal y “violenta el principio de legalidad y el debido proceso porque en primer lugar él no es ningún preso político y en segundo lugar, porque él no figura en ninguna lista de presos políticos (…) porque sencillamente él no es un proceso político”.
Todo lo contrario el proceso fue ventilado por delito común ocurrido dentro del contexto de las fechas de protestas de 2018, “pero que la Fiscalía ni el juez lo vieron como un delito político ni conexo con ningún delito político”.
La Fiscalía acusó a Gutiérrez como homicidio, aunque Funez estimó que se trataba de un asesinato, pues considera que hay circunstancias agravantes, entre las que mencionó por ejemplo, la indefensión completa de la víctima, donde hubo ventaja, además que el autor utilizó un arma restringida, exclusiva para el Ejército.