Diez recomendaciones de CEJIL al Estado de Nicaragua para frenar la crisis en las comunidades miskitas del Caribe Norte

Fotografía: CEJIL

Un reciente informe titulado Resistencia miskitu:  Una lucha por el territorio y la vida, elaborado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)  señala que aunque la situación de violencia que padecen esas comunidades data desde hace varios años este hecho aumentó a partir del 18 de abril de 2018.

 “Las acciones y omisiones estatales han puesto en riesgo la sobrevivencia de estos pueblos, sus derechos a la identidad cultural y a una vida digna, entre otros”, destaca el informe.

Fotografía: CEJIL

“En suma, la falta de acción gubernamental para prevenir y sancionar los ataques ha creado un clima de impunidad que ha propiciado las invasiones de colonos y el desamparo de las comunidades indígenas. Aunado a ello, la ausencia de medidas estatales para mitigar los impactos del desplazamiento forzado y el limitado acceso a sus tierras, compromete seriamente la sobrevivencia de su cultura y su identidad indígena”, expresa el informe.

 “Si bien esta situación no está directamente relacionada con la crisis democrática actual, no se puede perder de vista que la demostrada falta de institucionalidad, así como el autoritarismo que caracteriza al actual gobierno afecta de manera particular a los grupos históricamente excluidos”, refiere el informe que apunta que la actual crisis merece toda la atención de la comunidad internacional, así como también lo amerita la situación que siguen enfrentado estas comunidades.

La falta de respuesta por parte del régimen en representación del Estado ha colocado a esa región “en circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión”, ante las presiones cada vez más en aumento  de los invasores de sus territorios.

Fotografía: CEJIL

Cejil plantea que la  Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las distintas instancias de Naciones Unidas para los derechos humanos, deben insistir en el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas para garantizar la vida e integridad física de las personas que componen las comunidades beneficiarias.  

Cejil planteó diez recomendaciones en beneficio de los pueblos indígenas, entre ellas la implementación inmediata de las medidas ordenadas por la CIDH y la Corte IDH. “En particular, que conforme una instancia u órgano que diagnostique las fuentes del conflicto y proponga vías de solución”. Y que el Estado recabe y publique información desagregada sobre las condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe, para orientar las políticas públicas que permitan garantizar el pleno goce de sus derechos humanos.  

También plantea  el  inicio de un proceso de saneamiento de los territorios indígenas, priorizando aquellos en conflicto, para proceder al traslado de los colonos a sus lugares de origen o a su reubicación, en atención a lo establecido en la Ley 445.

Igualmente aconseja al régimen que adopte  todas las medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades de origen y asegure de inmediato su acceso a servicios adecuados, para ejercer sus derechos en materia de salud, educación, agua potable, alimentación y vivienda, entre otros.  

Asimismo una investigación exhaustiva e imparcial de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos contra las comunidades miskitas, incluyendo las amenazas, asesinatos, lesiones, secuestros y violencia sexual;  cuyos  resultados deben darse a conocer, y los responsables puestos ante la justicia, es otra de las recomendaciones de Cejil.

Fotografía: CEJIL

Igualmente plantea CEJIL al régimen, que implemente las medidas de protección ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas puedan continuar con su labor, que de común acuerdo con las comunidades afectadas establezca  la presencia de fuerzas de seguridad pública y otros servicios del Estado en los territorios miskitos.

A su vez, recomienda que el Estado elabore un mecanismo de protección y un protocolo de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos,  que ordene a  los funcionarios públicos abstenerse de desprestigiar el trabajo de defensores de CEJUDHCAN  y permita el acceso a Nicaragua de quienes integran CEJIL para efectos de continuar realizando el acompañamiento a las comunidades afectadas en la defensa de sus derechos.

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