Mientras Nicaragua sufre cada vez una mayor una escalada de inseguridad a causa de la violencia generalizada, los aparatos de seguridad pública han estado dedicados a mantener a la represión en lugar de atender la prevención del delito, señala la Unidad Nacional Azul y Blanco, que denuncia que con esta actuación el régimen pone en riesgo la vida de los nicaragüenses.
“En Nicaragua, la presencia policial en las calles no está dirigida a combatir la delincuencia común u organizada, sino para evitar, a toda costa, que las personas opositoras a la dictadura vuelvan a salir a las calles a manifestarse”, señala la UNAB en su informe trimestral sobre violaciones a los derechos humanos,.
El mismo señala, que según el monitoreo que realizan diversas organizaciones en el país, hay 104 personas presas políticas, de estos 10 detenidos antes de abril de 23018. En tanto hay 22 excarcelados que nuevamente fueron capturados, Del total de presos políticos la mayoría está recluida en La Modelo, 9 se encuentran en celdas de máxima seguridad, en donde sufren de aislamiento y hasta “torturas”.
A su vez, han continuado los juicios viciados en contra de estos, lo cual violenta los derechos de quienes están en un proceso penal, refiere la UNAB en su informe, en el que refiere que en la mayoría de veces los testigos son mismos trabajadores del Estado, quienes incluso no coinciden en sus argumentos.
En tanto, los abogados defensores enfrentan limitaciones y son constantemente perseguidos y acosados. En esta ocasión, notamos que durante los juicios se les ha impedido a los secuestrados políticos la entrada de comida y medicina por parte de sus familiares.
Mientras durante el último mes han continuado los casos de violencia contra mujeres, cuando han sido perpetrados nueve femicidios, con lo que la cifra asciende a 59 femicidios en lo que va de 2020. Asimismo, desde 2019 a la fecha 17 niñas y adolescentes, han sido asesinadas.
“En muchos de los casos las familias habían puesto las denuncias ante la Policía Sandinista”, señala el informe, en el que cuestiona la UNAB que esa institución usa los recursos para reprimir.
Igual dice continúan las ejecuciones extrajudiciales a las personas campesinas en las zonas rurales, crímenes que quedan sin esclarecimiento y que empujan a las familias a huir y dejar sus casas por el asedio constante que sufren por parte de las fuerzas del régimen.