Corte IDH adopta medidas provisionales urgentes a favor de 17 presos políticos en Nicaragua


El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, resolvió adoptar diversas medidas urgentes con el fin de evitar daños irreparables a la salud, vida e integridad de 17 presos políticos en las cárceles del régimen Ortega Murillo.

El pasado 15 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó ante ese tribunal medidas provisionales a favor de Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Ubau, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Adilia Peralta Serrato, e Irlanda Undina Jeréz Barrera. Todos beneficiarios de medidas cautelares por parte de la CIDH, que el Estado nunca cumplió.

Un comunicado de prensa de ese tribunal indica que tras analizar la solicitud presentada, las observaciones del Estado, así como elementos probatorios aportados el presidente del mismo consideró “que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad y, por lo tanto, la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la salud, vida e integridad personal, de modo que se garantice plenamente la seguridad de los solicitantes en el lugar en que se encuentren”.

Entre las medidas dispuesta por Ferrer están : “Requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud, vida y la integridad personal”, igualmente evalúe de manera inmediata, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad, de conformidad con su normativa interna y los estándares interamericanos. Y “a la mayor brevedad posible, previa aquiescencia del Estado, una delegación de la Corte Interamericana, integrada por su presidente, vicepresidente u otro juez o jueza, así como el secretario y personal de la Secretaría, realicen una visita a las cárceles de La Esperanza y La Modelo, en Nicaragua, o al lugar donde se encuentren los beneficiarios de las presentes medidas, con el fin de poder entrevistarse con cada uno de éstos así como con diversas autoridades estatales”.

A su vez, la Corte IDH requirió al Estado de Nicaragua en el caso de los beneficiarios María Adilia Peralta Cerratos, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, y Tania Verónica Muñoz Pavón, tomando en cuenta que afirmó que se les “otorgó beneficio legal de convivencia familiar a partir del día 20 de mayo” de 2019.

Alegatos no convencieron

Los alegatos del régimen en representación del Estado de Nicaragua, no convencieron al presidente Ferrer en sus observaciones requeridas sobre el tema. Según el régimen no existen perseguidos políticos y los 17 solicitantes de medidas provisionales han incurrido en delitos comunes, previamente establecidos en el Código Penal pero algunos de ellos fueron puestos en libertad y se les otorgó el beneficio legal de convivencia familiar a partir del 20 de mayo de 2019.

El régimen alega que el Estado reconoce los derechos a la salud, a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, además que el Sistema Penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad y en relación con las medidas cautelares que tiene la voluntad de cumplimiento para lo cual adoptó el “Protocolo de medidas especiales de protección y seguridad” mediante el cual se implementaron diversas medidas de seguridad y protección.

Sin embargo, califica de “inaceptable” el planteamiento de la Comisión, que establecía que “las medidas debían procurarse a través de un cuerpo de protección civil, no gubernamental, pues esto contradice la Constitución Política y el ordenamiento jurídica”.

En relación con las condiciones penitenciarias de los 17 el régimen sostiene que en el caso de los 11 varones están en La Modelo, en dos módulos de reciente construcción, “con adecuada ventilación e iluminación, sin hacinamiento, camarotes individuales, colchones y cubrecolchones; además de dispositivos sanitarios con separación individualizada”. Y de acuerdo a la legislación interna, se les debe mantener en prisión preventiva o cumpliendo condena, garantizando en todo momento su seguridad y asistencia médica cuando esto sea necesario.

Factores de riesgo

No obstante, la resolución señala que el presidente de ese tribunal valoró entre otras osas la existencia de diversos factores de riesgo ocurridos antes de la privación de la libertad de los solicitantes.

Entre los factores están: amenazas de muerte hacia los solicitantes y sus familiares, seguimiento de motorizados o camionetas con personas no identificadas, agresiones dentro y fuera de las manifestaciones por agentes estatales o grupos presuntamente ajenos al régimen, agresiones a familiares cercanos, ingresos no autorizados a domicilios de las personas o sus familiares, campañas de estigmatización o difamación tildandolos de “terroristas” o “golpistas” a través de diversos medios de difusión, entre otros.

“Estos factores de riesgo tenían características específicas en relación con periodistas y líderes campesinos”, señala la resolución en la que incluye también que de acuerdo al monitoreo realizado por el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), el Estado desplegó una actividad dirigida a reprimir la protesta social, en la cual se produjeron los principales eventos de violencia en contra de la población nicaragüense.

Explicó la CIDH que luego siguió una segunda etapa que consistió en una estrategia de persecución judicial y criminalización contra las personas percibidas como opositoras al régimen, manifestantes, estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Los detenidos inicialmente fueron conducidos a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua conocido como “El Chipote” y, finalmente, a las cárceles de La Esperanza y La Modelo.

Además explicó esa Comisión que existió “una instauración generalizada de procesos penales por los delitos de terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos, que existió una práctica generalizada de dictar prisión preventiva de forma automática en estos casos, y que se reportó la reforma del tipo penal de terrorismo y la creación de otros delitos mediante la Ley No 977 contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, cuya redacción permitiría una aplicación subjetiva de los mismos”.

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter tutelar, por cuanto protegen derechos humanos a fin de evitar daños irreparables a las personas. Y son aplicadas cuando reúnen los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, explica la Corte IDH.


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