La iniciativa de reforma al Código Procesal Penal (CPP) pretende crear una nueva figura de detención judicial para encubrir la detención ilegal, refieren abogados y defensores de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en un escrito remitido a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional.
El escrito firmado por la doctora Vilma Núñez, Georgina Ruiz, Marlin Sierra y Maynor Curtis, refiere que la iniciativa de ley para reforma y adición del CPP “pretende darle a los jueces penales autoridad para violar” la Constitución, pues en parte de su artículo 33 garantiza que una persona detenida debe ser puesta a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posteriores a su detención.
La reforma al artículo 253 del CPP aunque crea una audiencia especial de tutela de garantías constitucionales, los defensores de derechos humanos consideran que en la práctica realmente es una “audiencia para no tutelar las garantías constitucionales de los ciudadanos”, pues le permite al Ministerio Público un mínimo de 15 días y un máximo de 90 días “para poder investigar a una persona que está detenida arbitrariamente y/o ilegalmente”.
“Es aquí donde está el cheque en blanco para que el juez penal de audiencia ‘legalmente’ viole los derechos constitucionales de los detenidos”, dicen los defensores de derechos humanos, quienes señalan a los legisladores de esa comisión que la iniciativa de reforma no tiene razón por lo que les demandan sea rechazada “por inconstitucional”.
Y fundamentan que en la práctica la iniciativa de reforma es una prolongación de la detención ilegal en la que involucran al juez, quien se convierte en una instancia, quien de esa manera podrá mantener detenida a una persona durante 116 días calendarios sin que esta persona pueda hacer absolutamente nada.