El Coco se ahoga




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¡AUXILIO! EL COCO
SE AHOGA

I.
DESPALE Y RIEGO ACELERAN SEQUÍA DEL RÍO COCO

El río Coco fue nombrado por la UNESCO como Geoparque mundial en julio de 2020, convirtiéndose en el único de Centroamérica con esta categoría. Pero, el despale de su cuenca, la extracción del agua para las actividades agropecuarias y la contaminación amenazan con exterminarlo, sin que ninguna autoridad ambiental nicaragüense haga lo suficiente para salvarlo. 
Al río Coco le quedan unos diez años de vida sino se toman las medidas para salvarlo, advierten ambientalistas nicaragüenses. El despale a lo largo y ancho de su cuenca y la extracción de agua para el riego de tabaco, café y hortalizas son algunas de las causas de su sequía.   
El río Coco, también conocido como Segovia y Wangki, fluye por el sureste de Honduras y el noreste de Nicaragua. Se considera el más grande de Centroamérica, con una longitud de 680 km y una cuenca de 24,767 km².
El Coco se forma de la confluencia de los ríos Comalí, en la localidad hondureña de San Marcos de Colón y Tapacalí en el municipio de San José de Cusmapa, departamento de Madriz en Nicaragua.

Para constatar la situación actual del Coco, un equipo periodístico de Galería News y Obrera de la Tecla recorrió parte de la ribera del río Tapacalí, uno de sus nacientes, y de otros afluentes en la Cordillera de Dipilto y Jalapa. El panorama es aterrador, el despale está a simple vista y los motores succionan el agua del río para regar plantíos de tabaco, café y hortalizas.
En Nueva Segovia, particularmente en Jalapa, las quebradas y riachuelos que alimentan al río Coco languidecen poco a poco, parecen viejos caminos arenosos y empedrados.
El Grupo Ambientalista Mogotón ha denunciado que, las autoridades ambientales nicaragüenses, en vez de atender esta problemática han facilitado el despale al suspender la veda y dar paso a planes de manejo forestal para el aprovechamiento de los pinares.
En mayo de 2019, Agustín Moreira, del Observatorio de Fenómenos Naturales (OFENA) señaló que, el 90% de la ribera del río Coco estaba destruida y solo fluía el 10% del caudal. Ese mismo año, Jaime Incer Barquero, científico y ambientalista nicaragüense, denunció que las quemas, el despale y la destrucción de los pinares en Nueva Segovia y Madriz estaban provocando la sequía del río Coco.

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En 2021, la situación ha empeorado. Algunos afluentes del Coco parecen cauces recubiertos de hojarasca seca, piedras y arena, pese a que hace seis meses hubo una recarga tras el paso de los huracanes Eta e Iota. El nacimiento del Río Tapacalí que recorre los municipios de Somoto, San Lucas, Las Sabanas y San José de Cusmapa hasta su confluencia con el Comalí, cada vez se ubica más río abajo, cerro arriba va quedando un cauce de arena y enormes rocas.   
Para llegar al sitio del nacimiento del Tapacalí se debe caminar al menos una hora desde San José de Cusmapa, siendo el municipio más elevado de toda Nicaragua con un 1,288 metro sobre el nivel del mar. Está ubicado a una distancia de 248 kilómetros de la capital de Managua.
El presidente interino de la Comunidad Indígena Chorotega de San José de Cusmapa, Reynerio Vanegas, recuerda que entre 2015 y 2016, ocurrió la mayor sequía que afectó al río Tapacalí y con ello a la población indígena. “El río casi se secó”, afirma Reynerio. Desde entonces, el río agoniza y su naciente continua seriamente afectada por el despale, la contaminación y la erosión.  


Vanegas señala que a medida que el río va desplazándose por el territorio el caudal es aumenta. Pero, reconoce que el despale y la contaminación han impactado la cuenca del río.
Vanegas rememora que hace muchos años la gente pescaba en el río, pero ahora solo les han quedado los recuerdos; pues, en la medida que río se ha secado han desaparecido algunas especies como el caracol. “Ahora ya no se conoce el caracol, no se hayan los cangrejos tampoco”.

SIN BOSQUES NO HAY RÍOS

El despale incontrolable de los bosques de pino en la Cordillera de Dipilto y Jalapa para el comercio de madera lícita e ilícita, los monocultivos cafetaleros y tabacaleros, así como la expansión ganadera dejan en la indefensión las quebradas y ríos que alimentan al río Coco. 
“El río Tapacalí está muriendo producto de los despales en las zonas de recarga hídrica”, afirma Hazly Tourniel, conservacionista del Grupo Mogotón. Hazly añade que la deforestación tiene un efecto dominó ya que da lugar a la expansión agrícola y a la contaminación del agua debido al uso de agroquímicos. 
Desde hace más de dos años, el Grupo Mogotón ha hecho denuncias constantes sobre el despale indiscriminado en Dipilto y Jalapa, pero no hay autoridad que los escuche.  “Hay falta de control de las instituciones de Marena e Inafor en la zona, la corrupción en las oficinas de medio ambiente de las alcaldías y una clara evidencia de la existencia de una mafia maderera que se respalda en la aparente legalidad para extraer la madera”, sostiene Hazly.
Para respaldar sus denuncias, el Grupo Mogotón realiza un monitoreo de carretera en la zona norte de Nicaragua y ha logrado identificar que el tráfico de madera ocurre generalmente los fines de semana o durante la noche, en camiones sin placas. 
El Observatorio de la Segovias identificó que, solo en el mes de marzo, diariamente unos 600 metros cúbicos de madera de pino eran sacados en camiones desde la Cordillera Dipilto y Jalapa.

La ambientalista, Rosario Sáenz, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC) explica que, para la conservación del Río Coco, es necesario detener y frenar la desforestación de los pinares a como dé lugar.
Sáenz manifiesta que los bosques de pinares cumplen una función ecológica importante ya que son productores de agua y retienen los suelos.
“El despale está incidiendo de manera determinante en que no existan los flujos de agua que antes tenía el río Coco. Si vamos a Ocotal, hay un puente grande, ahí el cauce del río mide como 200 metros, pero es un hilito que hay de agua”

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Otro problema, agrega Sáenz, es la sedimentación en el Río Coco, tal como ocurre en el sector de la comunidad de San Antonio, Mozonte, por donde pasa el río.  “A una semana de haber pasado el huracán Iota, el río ya no tenía agua porque se ha sedimentado tanto, le ha caído tanta tierra, tanta materia orgánica, que el río ya no corre por encima, probablemente se infiltra”.

DESPALE A LA VISTA, PERO…

Andrea Aguilar, de 77 años, habita en la comunidad Macaralí, Jalapa. Su casa está ubicada a la orilla de la quebrada Macaralí. Desde el patio de su casa se observa el despale en la propiedad vecina. La madera en rollo está apilada a la espera de ser trasladada.

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Despales como este son parte de los planes de aprovechamiento forestal autorizados por el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y avalados por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Para miembros del Grupo Mogotón, estos planes legalizan el saqueo de los bosques con el aval del gobierno, ya que el control es escaso.
En la medida que se adentra a la cordillera de Dipilto y Jalapa se pueden escuchar las motosierras exterminando los bosques de pino. Esta situación no es ajena para quienes habitan en las comunidades, el despale está a simple vista, al punto de que se percibe como algo “normal”.   
“El corte de pino es un trabajo normal. Cada uno tiene que trabajar y pasar su vida”, justifica Aguilar. Ella cree que el despale no le afecta, aunque con el transcurso del tiempo ha observado que la quebrada se ha achicado.
La Quebrada de Macaralí desemboca en el Río Poteca que, a su vez, es afluente del Coco. El despale está a menos de 100 metros de la quebrada. El Artículo 96 de la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, prohíbe “la tala o corte de árboles o plantas de cualquier especie, que se encuentren dentro de un área de doscientos metros a partir de las riberas de los ríos, costas de lagos y lagunas a fin de proteger el recurso hídrico existente”. Además, establece hasta cinco años de prisión contra quien incurre en este delito ambiental. Pero en Macaralí, esta Ley es papel mojado. 
Los camiones cargados con madera en rollo circulan libremente por trochas y carreteras durante la noche, fines de semana y en días de asueto o vacaciones, a pesar de que la ley forestal lo prohíbe. 
Según estadísticas del INAFOR, en 2020 se registró la tala legal de 14,500 metros cúbicos de madera de pino en rollo. Esta institución estima un tráfico ilegal de al menos 10,000 metros cúbicos. Galería News y Obrera de la Tecla, solicitaron ante el INAFOR y el MARENA, información con relación a los planes de manejo forestal en Nueva Segovia y Madriz, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta, lo que constituye una violación a la Ley 621, Ley de acceso a la información pública y a los acuerdos de Escazú firmados por Nicaragua el 27 de septiembre de 2019 y ratificados el 9 de marzo.

Para el ambientalista Bayardo Sánchez, líder comunal y directivo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento, CAPS, en el municipio de Jalapa, el despale y la contaminación de las aguas son los principales daños ambientales en el departamento de Nueva Segovia.
En el despale, hasta integrantes de los CAPS están involucrados, sostiene Sánchez. “Aquí somos culpables todos. A veces ellos mismos (Integrantes de los CAPS) tienen las motosierras, despalan las fuentes de agua, dan el mal ejemplo”. Sánchez señala que han presentado las denuncias ante las autoridades ambientales, pero no pasa nada.
El ambientalista recuerda con tristeza que todavía en 1995, en la zona habían más de 40,000 hectáreas. Ahora, la madera ya no es sacada sólo en tucas, también aserrada. En Jalapa han prosperado incluso los aserríos portátiles y han logrado identificar al menos once aserríos, aunque dice desconocer quienes son sus dueños.

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“Hay que ser honestos todos los gobiernos, de cualquier lado, han explotado demasiado del medio ambiente”, expresa Sánchez. En un inicio, los planes de manejo fueron otorgados para aprovechar los pinares afectados por el “el gorgojo”, pero eso ha sido utilizado como excusa para la tala pareja e indiscriminada de los bosques, manifiesta.

FALLA SUPERVISIÓN EN PLANES DE MANEJO

En Jalapa solo hay un puesto de control del INAFOR, con personal al mínimo, lo que permite el tráfico de la madera. Además, la supervisión en las zonas de aprovechamiento forestal es escasa, aseguran los defensores del medio ambiente. 
“Son toneladas de madera, no hay un control sobre esos planes de manejo. ¿quién va a supervisar? ¿Qué árbol se va a cortar? Ellos los señalan, pero los dueños de los bosques se aprovechan”, sostiene Bayardo Sánchez. 
“Ellos han llamado planes de manejo a unos planes de saneamiento con la justificación de que allí está el gorgojo descortezador del pino”, asegura la directora de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC), Rosario Sáenz.
En 2020, Rosario Sáenz y Jaime Incer Barquero visitaron Las Segovias, al menos, cinco veces y constataron que “el despale es a tala rasa” y “no hay tal gorgojo”.
Rosario Sáenz agrega que Nicaragua no existe un programa serio dirigido a incentivar la reforestación, la conservación y manejo, por el contrario, se ha favorecido el despale de las áreas para cambiar el uso del suelo”. En Las Segovias, refiere, ha aumentado el cultivo del café.
Al recorrer los caminos rurales de Nueva Segovia se observan los troncos de pino, suplantados por sembradíos de café y tabaco, principalmente. La población justifica que son las únicas fuentes de empleo en la zona, aunque eso signifique la degradación ambiental. 
Claudia Guerrero Gómez, habitante de la comunidad de Los Harados, menciona que, en una ocasión, como comunidad tomamos acciones para parar los camiones y llamar la atención de las autoridades. Se logró reunir al MARENA, INAFOR, Alcaldía y a la misma Policía, donde se acordaron los deberes y derechos, pero al final no se cumplieron, los permisos se siguieron dando”.
La comunidad volvió a reunirse en el perímetro donde pasan los camiones “nos echaron la Policía y nos amenazaron que, si nos volvíamos a reunir allí, nos iban a echar presos”.
“Las autoridades avalan el tráfico de madera”, sostiene Guerrero. La Alcaldía Municipal otorga el aval para que el MARENA e INAFOR den los permisos, explica. La autoridad indígena ha perdido poder y no puede hacer nada para frenar el despale, añade.
Reynerio Vanegas, presidente de la Comunidad Indígena de San José de Cusmapa, dice que han perdido el control de sus tierras ancestrales, ya que las Alcaldías han dejado de reconocerlos como indígenas, y con ello, su derecho sobre la tierra ancestral. Las alcaldías ceden los bosques, los finqueros invaden la montaña. Sus luchas, dice Vanegas, no tienen éxito porque se enfrentan al poder político, empresarial y económico.
La directora de FUNDENIC, Rosario Sáenz, realizó recientemente un análisis acerca de la situación que sufren las poblaciones en el norte de Nicaragua a causa de los despales. “El aprovechamiento no sostenible de los recursos forestales, de los bosques de pino, particularmente en el área protegida ‘Serranía Dipilto-Jalapa’, con una extensión de 32,555 hectáreas, en el departamento de Nueva Segovia (…) tiene como consecuencia que las fuentes de agua superficiales sufran disminución en sus caudales, hasta secarse”, explica.
Esta situación “dificulta el acceso a agua potable para 250,000 de los 269,900 habitantes, perjudicando la forma de vida y las actividades productivas de las que depende la economía de este departamento”.
En 2005, el Grupo Mogotón denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), que funcionarios locales estaban involucrados en el aprovechamiento irregular de los recursos forestales, entre ellos mencionaba a los delegados del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), quienes autorizaban planes de aprovechamiento en Áreas Protegidas, laderas de los ríos y otras zonas protegidas por la ley, recuerda Sáenz.
Desde esa fecha los pobladores de los municipios de las Segovias agrupados en Mogotón han sostenido un proceso permanente de denuncias de hechos irregulares en la explotación forestal en el municipio de San Fernando y en otros sectores de Nueva Segovia.la co

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El problema se ha agravado a partir de 2008. Lo que ha provocado que otras organizaciones como Jalapa Verde, los Comités de Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua, y recientemente la comunidad de los Arados en el Municipio de Mozonte, denuncien estos delitos ambientales.
En agosto de 2016, un grupo de ciudadanos de Nueva Segovia, introdujo  ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso por inconstitucionalidad en contra de Daniel Ortega, en su calidad de presidente, luego de haber emitido el decreto 11-2016, Renovación de la Veda para el Corte Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal, suscrito el primero de julio de ese año, y mantenía en vigencia otro decreto que, por un período de un año, liberaba el corte y comercialización de árboles del pino.
Con esta acción, Ortega y su administración, dejan desprotegido el bosque de pino y pone en riesgo las fuentes de agua, alegaron los recurrentes.
Asimismo, consideran que el decreto de Ortega viola el decreto de 1991 que, declara Reserva Natural, la Serranía Dipilto y Jalapa, con el objetivo de recuperar el caudal de las cuencas hídricas y proteger las fuentes de agua de la región, incluyendo el río Coco.

AMBIENTALISTAS SOLOS EN LA DEFENSA DEL BOSQUE Y LAS FUENTES DE AGUA

Las organizaciones ambientales parecen ser las únicas preocupadas por el despale y la consecuente sequía de las fuentes de agua. Su denuncia es persistente: “Los bosques están siendo aniquilados por el comercio de madera y el cambio de uso de suelo para el cultivo de café y tabaco, poniendo en riesgo la capacidad de producción de agua de la cuenca que abastece a las poblaciones”.
En los últimos meses la situación es más alarmante. Como no hay autoridad que atenda sus denuncias han recurrido a las redes sociales para denunciar el despale en sus comunidades. Muchas veces, lo hacen de forma anónima por el miedo a la represión. Rosario Sáenz señala que las autoridades nacionales “no han querido recibir las cartas, recursos legales y denuncias por el tráfico legal de madera”.
Las pruebas están a la vista, pero las autoridades locales y ambientales son ciegas, sordas y mudas, sostienen las personas defensoras del medio ambiente.




Rosario recuerda que, a finales de 2020, comunitarios de Los Arados, Mozonte, a través de videos publicados en redes sociales, denunciaron el incremento del despale y mostraron la cantidad de árboles derribados, a solo un mes de que la zona fue azotada la zona por los huracanes Eta e Iota. En lo que va de 2021, los reportes de despales han continuado en todos los municipios de Nueva Segovia.
El 5 de enero de 2021, las autoridades de Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) y el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), anunciaron como meta para este período la aprobación de 120,000 metros cúbicos de extracción de bosque natural que, a criterio de Rosario Sáenz, implicará una extracción real de cerca de 200,000 metros cúbicos o más y una enorme pérdida para el bosque natural.

SUSPENSIÓN DE VEDA, ATROCIDAD CONTRA EL BOSQUE

A lo anterior, se suma la decisión política del gobierno de Daniel Ortega de continuar el despale en las Serranías tras emitir el Decreto Presidencial 02-2021, del 15 de enero, mediante el cual suspende la veda de los pinares, incluido los que están en áreas protegidas, colocando, una vez más, a los bosques de pino, en completa indefensión, dice Sáenz.
El 29 de enero de 2021, una vez más, nueve integrantes del Grupo Mogotón introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad en contra de los decretos que suspenden la veda de los pinares, así como de las especies Pochote y Cedro Real, por considerar “que viola una las leyes y normas de áreas protegidas y pone en peligro a las comunidades ante eventuales desastres naturales y la posibilidad del incremento de las sequías”.  Como ocurrió con los recursos anteriores, no han tenido respuesta.

Las promesas ambientales del régimen de Daniel Ortega

El Medio ambiente y recursos naturales son uno de los tres ejes fundamentales del Plan Nacional contra la Pobreza para el Desarrollo Humano 2021-2026 del Gobierno de Nicaragua.   
Entre sus propuestas, el régimen plantea para el corredor seco reducir la deforestación a través de un esfuerzo de reforestación de las partes altas de las cuencas para sembrar agua y establecer sistemas de producción agroforestales, silvopastoriles y cortinas rompevientos.
Igualmente, promete fortalecer las capacidades por medio de un manejo integrado del agua y suelo, además de prácticas agrícolas adaptadas con nuevos cultivos resistentes a climas secos.
En cuanto a mitigación en el corredor seco promete establecer 1,672.43 kilómetros lineales de cortinas rompevientos en fincas agroforestales, silvopastoriles y puntos ecológicamente estratégicos. A su vez, realizar un monitoreo, seguimiento y evaluación de 78,474 hectáreas de bosques de pino para prevenir las afectaciones por la plaga del gorgojo descortezador en las Reservas Naturales de los departamentos de Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Matagalpa, Chinandega y León.
También, afirma que garantizará el cuido y conservación de 7,500 hectáreas de bosque, cuencas hidrográficas, zonas de recargas hídricas y biodiversidad a través del control de uso de los recursos.
“Los esfuerzos de adaptación del Pueblo Presidente seguirán enfocados en lograr un país y una sociedad resiliente a través de la ejecución de acciones que fortalezcan la infraestructura contra los embates del cambio climático y que recuperen los bosques degradados”, promete el régimen.

El gobierno de Ortega dice que va a declarar 72 nuevas Reservas Silvestres, 26 nuevos Parques Ecológicos y entregarán incentivos ambientales, bonos ambientales, pilotajes de incentivos por captura de carbono y avales ambientales a Centros de Acopio y Cooperativas recicladoras de bases.
Para Rosario Sáenz, estos planes del régimen resultan contradictorios ya que, el mismo gobierno “ha hecho todo para vulnerar las reservas naturales en el país, fortaleciendo el modelo extractivista de producción”.
El extractivismo, agrega, ha provocado el secamiento de las fuentes de agua en los municipios de Nueva Segovia afectando el consumo humano y la producción agrícola”. Las autoridades del MARENA, INAFOR y las alcaldías, en lugar de garantizar el cumplimiento de las leyes, están involucradas en el otorgamiento de permisos forestales o consienten el corte y quema de bosques que luego es legalizada sin ningún control, mantiene Sáenz.
Durante años, ambientalistas de Mozonte, Dipilto, San Fernando y Jalapa y de los demás municipios de Nueva Segovia han exigido a las autoridades ambientales y locales que detengan a las empresas madereras que se amparan en ‘planes de manejo forestal y planes de saneamiento’ para deforestar; pero siguen esperando que apliquen todo el peso de la Ley. 

-Créditos-

Abigail Hernández
Elizabeth Romero
Oscar Navarrete

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