Cifras de presos políticos, el nuevo pegón


Hasta ahora, las cifras de quienes guardan prisión como presos políticos, podría ser el pegón en las negociaciones que llevan a cabo las delegaciones de la Alianza Cívica y la del Régimen Ortega Murillo.

La noche de este miércoles se conoció que ambas delegaciones acordaron la incorporación al proceso para la liberación de los presos políticos a la representación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que según dijo el doctor Carlos Tünnerman, será quien conciliará las listas presentadas por ambas delegaciones.

En el caso de la Alianza Cívica ha formado una comisión que presentará un listado sobre la base de la que posee la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 647 presos de conciencia.

El debate sobre el listado real de los presos políticos existentes en las cárceles del régimen ocurre cuando la llamada Comisión de la Verdad, formada por la Asamblea Nacional, a través de un comunicado expresa preocupación sobre el listado que maneja el Comité Pro Liberación de Presos Políticos de 802 personas.

De la cifra que registra la CIDH, esa comisión únicamente reconoce 261 detenidos, y, de los 386 restantes refiere, 152 han sido puestas en libertad, en referencia a los excarcelados, 51 no están vinculados al conflicto y 54 de ellos “no hay información personal completa, lo que hace imposible verificar su estado real, 112 no se encuentran en ningún establecimiento penitenciario o policial y siete nombres se encuentran duplicados”.

Recientemente el presidente en Costa Rica de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, sostuvo reunión con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, con quien dijo, cotejó las cifras registradas.

Según explicó Leiva, el registro inicial de la ANPDH fue de 1518 presos políticos.

Luego 290 de esos presos políticos de alguna manera han sido puestos en libertad, por lo que la cifra actual supera los 1,200 presos políticos aún en las cárceles del régimen.

“Recuerde que la estrategia del régimen ha sido puerta giratoria por un lado saca y por otro mete presos”, sostuvo Leiva.

Mientras la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Karla Sequeira, aseguró que los presos políticos de las galerías 16-1 y 16-2, de La Modelo, que desde el viernes se amotinaron para exigir su libertad inmediata, siguen arriba del techo de las mismas sin acceso a agua y alimentos, ante el aislamiento que les han impuesto los funcionarios del penal en represalia por la protesta.

Sequeira dijo que con esta actuación de los funcionarios penitenciarios le violentan los derechos a los presos políticos, que algunos de ellos ya presentan problemas de insolación y deshidratación.

Para el exmagistrado orteguista Rafael Solís, treinta días es el tiempo máximo que el régimen Ortega Murillo debería tardar para poner en libertad a los presos políticos, que según los artículos 33 y 34 de la Constitución Política de la República, tienen 16 derechos “los cuales en su totalidad”, les han sido violados en estos procesos.

En un nuevo escrito fechado en Costa Rica, Solís sostiene que en relación a los presos políticos “hay una gran cantidad de nulidades que hoy mismo puede declarar cada juez en cada uno de los procesos y ordenar la libertad de los presos”.

No obstante, indica Solís que de considerarse “la posibilidad de las sentencias absolutorias”, aunque no está en contra de ellas, tomaría más tiempo pues habría que esperar que concluya cada proceso para ser declarados inocentes y llevaría más de treinta días”.

No cabe la figura del indulto y amnistía

Y advierte el exmagistrado, que lo que no se debe aceptar son los indultos “porque implica que estos presos cometieron delitos y después fueron perdonados” o una Ley de Amnistía General “que llevaría a la total impunidad al país”. Recuerda Solís que esto se ha hecho tantas veces en Nicaragua sin que haya funcionado.

Con Solís coincide el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien explica que no cabe el indulto pues la persona procesada, “queda pegada con esa historia delictiva”, o sea queda el antecedente.

Y en el caso de la amnistía, que es mediante ley “va a decir los delitos cometidos (…) todos quedan en el olvido” y pregunta Carrión “¿para quiénes?”. Al tiempo que se responde “para los que asesinaron, para los escuadrones de la muerte? parte sin novedad.
Y volvemos como que aquí no ha pasado nada”.

Por eso, indicó Carrión el colectivo que él integra trabaja en el rescate de la memoria, porque si lo dejamos así vuelve a repetir en menos de 20 años, y los “asesinos van andar a sus anchas. Es súper peligroso y súper vulnerable”.

Carrión destacó que pese a las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen, más nicaragüenses siguen exiliándose en Costa Rica y de los presos excarcelados anteriormente han sido capturados nuevamente, lo que demuestra que “la persecución continúa porque la estructura de represión no está desmontada, la estructura y la voluntad”.


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