La petición fue realizada por información recibida alrededor de la situación de amenazas, secuestros, agresiones y ataques armados que enfrentan los comunitarios de parte de colonos.
El último caso mencionado fue el secuestro de mujeres por parte de 25 terceros armados, quienes habrían sido amenazadas y sometidas a trabajo forzado por alrededor de cinco horas, siendo rescatadas por un familiar; dos hermanos habrían sido rodeados y amenazados por unas veinte personas, algunos de ellos armados.
Así como amenazas e interrogatorios a pobladores de la comunidad mientras realizaban sus actividades de pesca.
Y la continua presencia de colonos que portan armas de fuego y machetes, quienes estarían asentándose en zonas aledañas a la comunidad Santa Clara, limitando el desplazamiento de los pobladores, e incluso construyendo carriles, lo que impediría que puedan acceder libremente y en seguridad a áreas donde realizan sus actividades tradicionales de subsistencia, refiere la CIDH.
También menciona la CIDH la contínua deforestación del territorio a manos de terceros armados «y eventos que reflejan intenciones de terceros armados de ingresar a la comunidad Santa Clara y hacerse de sus tierras».
«Tomando en cuenta lo anterior y ante la persistencia de un contexto de severa conflictividad aún no abordado efectivamente por parte del Estado, la Comisión considera razonable afirmar que hechos tan graves como los informados podrían volver a ocurrir en la Comunidad de Santa Clara llevando consigo además de agresiones y hechos mortales», indica la CIDH.
La CIDH señala, que a tres años de la adopción de la primera medida provisional por parte de la Corte IDH, persiste la presencia de terceros armados en la zona. A la fecha 12 comunidades miskitas cuentan con medidas provisionales.