La continuación de la represión en Nicaragua, incluidas amenazas contra líderes religiosos y la falta de voluntad del régimen en representación del Estado, para el restablecimiento de las libertades y derechos de la población, preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado de prensa emitido este jueves en Washington, la CIDH señala que casi cinco meses después de la instalación de la Mesa de Negociación en Nicaragua, persiste la situación de crisis en el país y falta superar la situación de impunidad ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas a partir de abril de 2018.
«La CIDH advierte que las restricciones impuestas a la protesta social y los actos para amedrentar cualquier tipo de reunión que pudiera derivar en manifestaciones sociales, incluidas las celebraciones religiosas, afectan los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a la libertad de religión», indica el comunicado de prensa.
Y explica que «estos hechos se enmarcan también en un contexto de amenazas contra la Iglesia y líderes religiosos a través de mensajes intimidatorios en redes sociales o pintas en las paredes de algunos templos».
La CIDH resalta que ante las amenazas de muerte, un sacerdote de Estelí habría decidido salir del país. Igual el 3 de julio, el sacerdote Edwin Román, que cuenta con medidas cautelares, habría sido víctima de amenazas por agentes de la Policía Nacional en Masaya.
El comunicado de prensa también coincide con informaciones conocidas en la presente semana, sobre amenazas de procesos judiciales en contra del obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata, tras una homilía en una misa reciente, durante la cual habló sobre la muerte de una de las víctimas de paramilitares, entre los que estaba su padre.
«A pesar del inicio de la Mesa de Negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el 27 de febrero de 2018, la CIDH observa la persistencia del estado policial en Nicaragua caracterizado por la prohibición de las protestas sociales y afectaciones a otros derechos por actos de estigmatización, ataques y agresiones, asedio y la continuación de detenciones arbitrarias en todo el país», indica el comunicado de prensa.
Alianza Cívica preocupada por deterioro de derechos humanos
El mismo coincide con una carta que por segunda ocasión ha enviado en diez días la Alianza Cívica a la presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estado Americanos (OEA), Yolande Ivonne Smith, a la que expresan la urgencia de implementar lo aprobado por la Asamblea General el 28 de junio pasado, con respecto a Nicaragua.
La Alianza Cívica además expresa su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y la persistente falta de institucionalidad democrática. Por ello, expone al Consejo Permanente su disposición para que se restablezca la Mesa de Negociación, «en el marco de lo resuelto en la referida resolución».
Despliegue desproporcionado de policías
La CIDH advierte que durante el primer semestre de 2019, el Estado rechazó todas las solicitudes para manifestaciones públicas presentadas por la sociedad civil y, mantiene el despliegue desproporcionado de operativos policiales en los espacios públicos para evitar cualquier protesta social o forma de manifestación.
Igualmente la CIDH menciona que el Estado negó a la Unidad Nacional Azul y Blanco autorización a la convocatoria para realizar una marcha el 26 de mayo, con el fin exigir la liberación de los presos políticos.
Asimismo, en los meses de mayo y junio, el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI ), «documentó un incremento de actos de hostigamiento y represión para contrarrestar e inhibir las formas de protesta social improvisadas por la población».
Expone la CIDH como ejemplos, las represalias contra los negocios que participaron en el paro nacional del 23 de mayo, el asedio permanente a plantones exprés, así como a cualquier acto en el que participan los excarcelados o personas identificadas como opositoras al régimen.
En esto incluye las celebraciones religiosas y misas, como ocurrió el 15 de junio en León, cuando grupos afines al régimen agredieron a asistentes a la misa celebrada en memoria del monaguillo Samdor Dolmus.
Y el 16 de junio, policías antimotines agredieron con balas de goma, bombas lacrimógenas y aturdidoras a personas que se manifestaban al interior de los predios de la Catedral de Managua, después de una misa celebrada por la liberación de los presos políticos. Situación similar ocurrió el 30 de junio con saldo de alp menos seis personas heridas.
Asimismo, en los casos en que ocurren plantones exprés o actos improvisados de protesta, la CIDH continúa observando la realización de detenciones arbitrarias, «lo que deriva en afectaciones a los derechos a la integridad y libertad personal».
En algunas ocasiones dichas detenciones serían temporales, o bien derivan en la apertura de acusaciones penales por narcotráfico y delitos contra la propiedad.