Catorce recomendaciones hace la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua


La reanudación del diálogo y cumplimiento de acuerdos suscritos con la Alianza Cívica, ponga fin a las detenciones arbitrarias y prontas reformas electorales, resaltan entre las catorce recomendaciones que hará este martes la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe sobre la situación de derechos humanos en el país, dirigido al Consejo de Derechos Humanos.

Entre otros puntos la Alta Comisionada llama al Estado a que reanude urgentemente “un diálogo significativo e inclusivo”, e implemente plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019, garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación.

Igualmente propone una condena y sanciones públicas a todo ataque o intimidación a los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y a toda persona crítica con el Gobierno.

También le recomienda restablezca urgentemente la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que han sido sancionados, y devuelva todos los bienes, documentos y equipos incautados.

En su informe plantea al régimen “ponga fin a las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el contexto de las protestas o por manifestar opiniones críticas con el Gobierno”.

Asimismo le dice al régimen que modifique la legislación penal para garantizar que por ejemplo, toda privación de libertad sea ordenada por una autoridad judicial, que la detención preventiva se imponga sólo si se considera necesaria y proporcionada.

En el país se estima aún hay alrededor de 130 presos políticos, capturados de forma arbitraria.

La Alta Comisionada también recomienda que el régimen asegure la pronta aplicación de las reformas electorales e institucionales, destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.

El informe será presentado de conformidad con la resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos y describe el panorama de los derechos humanos en Nicaragua, y abarca entre el 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019.

Plan para rendir cuentas

Igualmente con asistencia internacional, recomienda que el Estado prepare un plan de acción orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo y se centre en las víctimas.

El plan debe contemplar entre otras cosas una investigación y enjuiciamiento penal rápido, exhaustivo y transparente de todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos ocurridos desde el 18 de abril de 2018, en especial las relacionadas con ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual, refiere el informe.

En esto coincide con la creación de una Unidad Especial dentro del Ministerio Público, como lo propuso en diciembre de 2018, en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La Alta Comisionada plantea además que el régimen debe impulsar “consultas participativas e inclusivas” para la reforma del sector judicial, en las que incluye la renovación de cargos.

También aconseja la aplicación de medidas que garanticen el acceso a la justicia y la reparación, que pasa por “la abrogación de las leyes 994 y 996″, la desarticulación y desarme de elementos armados progubernamentales y reforma general del sector de la seguridad”. Esto “previa consulta con asociaciones de víctimas de violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas”.

Poner fin a la tortura

A su vez, aconseja sean adoptadas de inmediato medidas para poner fin a los actos de tortura y malos tratos contra encarcelados, “incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento” y que incluya en las investigaciones los hechos ocurridos el 16 de mayo del 2019, dentro de La Modelo.

Bachelet hace referencia a la agresión contra los presos políticos de la Galería 16, donde fue asesinado Eddy Montes. Y plantea que el régimen debe llevar a los autores ante la justicia y garantizar la reparación a las víctimas.

Que permita visitas de mecanismos de derechos humanos

La Alta Comisionada hace un llamado al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional para que
Inste a Nicaragua a que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos mediante la programación de visitas de los Procedimientos Especiales, “en consonancia con la invitación abierta cursada el 26 de abril de 2006”. Y que inste a Nicaragua a que reanude cuanto antes la cooperación con la OACNUDH y los mecanismos regionales de derechos humanos y les permita el acceso al país.

Recordó que tanto OACNUDH, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI, han documentado graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas.

“Sin embargo, las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la ‘violencia golpista’ y de la repercusión negativa en la economía del país”, indica el informe.

Hasta ahora, destaca Bachelet, han sido sentenciadas las personas que participaron en las protestas o críticas al régimen, excepto una sentencia.

“La OACNUDH no tiene conocimiento de ninguna otra investigación sobre las denuncias de violaciones y abusos cometidos por la Policía o elementos pro-gubernamentales en el contexto de las protestas”, refiere el informe.

Según la Alta Comisionada, “esta situación refleja la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos, negando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También socava, aún más, la confianza pública en las instituciones del Estado”.



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