Aún no hay cifras exactas de expulsados de las universidades

A más de dos años de las expulsiones de estudiantes de varias universidades del país, la organización Acción Universitaria (AU), recomendó  a las autoridades la cancelación y reversión de las mismas, ya que “violentan las garantías del debido proceso, por ser infundados y por ser violatorios de los derechos humanos y del derecho a la educación en particular”.

En un informe ampliado sobre violaciones a los derechos humanos de estudiantes expulsados de las universidades en Nicaragua, AU también recomienda al régimen “abstenerse de intervenir y entrometerse en las universidades públicas, cumplir y hacer cumplir la Ley No 89, de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior de Nicaragua”.

Igualmente demanda el cese de inmediato de la persecución y asedio a los estudiantes que han protestado o se encuentren en protesta, garantice las condiciones adecuadas que permitan el retorno seguro de jóvenes universitarios exiliados y sus familiares, “sin restricciones, persecuciones, amenazas ni asedios”.

Así como  la instalación de  comisiones especiales de investigación “para el esclarecimiento de los hechos, determinar responsabilidad jurídica según sea el caso, que vaya de la mano con una política integral de reparación, y sanación psicosocial de jóvenes universitarios”, aconseja AU.

El informe ampliado de AU señala, que “pese a tantos instrumentos legales que vinculan al Estado de Nicaragua a garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos, desde el año 2018 se han presentado una serie de privaciones al libre ejercicio de este derecho a más de 144 estudiantes universitarios, según cifras de denuncias de CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en el contexto de la crisis sociopolítica originada ese mismo año”.

A la fecha, la lista oficial de expulsados nunca fue dada a conocer, así como tampoco la identidad de los miembros de la comisión que llevaron a cabo las investigaciones.

“Sin embargo, fueron afectados todos aquellos que previamente fueron identificados como opositores al gobierno”, según Au, que apunta también, que  los expulsados nunca fueron oficialmente notificados de dicha decisión y se les negó derecho a la defensa y aclaración de caso, lo cual fue una violación de los estatutos internos de la universidad, que establecen un proceso ordenado a seguir en este tipo de decisiones.

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