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Asesinatos en el campo, una expresión del traslado de la violencia política de la zona urbana al área rural

Los grupos paramilitares se han convertido en principal factor de inseguridad y violencia en Nicaragua. Al tiempo que constituyen un alto riesgo, tanto en la actualidad como para el futuro, pues existe la probabilidad que degeneren en grupos meramente delincuenciales.

Lo anterior aparece plasmado en un informe sobre La Espiral de Violencia en Nicaragua, publicado por el Observatorio de Cinco y realizado por Elvira Cuadra.

El mismo advierte que el régimen ha alentado la conformación de estos grupos, les ha facilitado recursos para sus operaciones, y les ha cedido el privilegio estatal sobre el uso y control de la fuerza, al permitirles que actúen con impunidad junto a la Policía.

El informe analiza la evolución de la violencia y la represión estatal desde abril de 2018 hasta diciembre de 2019, en particular la ola de asesinatos cometidos durante el 2019,  que considera son una expresión del traslado de la violencia política de los centros urbanos hacia las zonas rurales.

Contabilizan 163 víctimas en 2019

En el año 2019 esa violencia letal cobró 163 víctimas, según el informe, que refiere que la violencia e inseguridad en el campo “puede evolucionar de manera imprevisible y funesta en el futuro cercano”.

Y  manifiesta que un riesgo mayor se presentaría si los paramilitares llegaran a vincularse con estructuras del crimen organizado, “que encontrarían en ellos una fuerza letal para actuar potencialmente en Nicaragua, a fin de proteger y asegurar sus operaciones criminales”.

163 víctimas dejó la violencia en 2019 según informe de CINCO. /Archivo.

Estos grupos del crimen organizado se encargarían de proveer los recursos necesarios para sostener en el tiempo la actuación de los paramilitares, señala el análisis de Cinco, que apunta la responsabilidad que tiene el régimen en la inseguridad y violencia que prevalece en Nicaragua ya que “ha ejecutado una política de represión y ha establecido un estado de excepción de facto, a fin de sofocar las protestas y acciones del movimiento cívico que emergió en abril de 2018”.

Violencia focalizada en municipios de Jinotega

“Desde octubre de 2018, una vez que el gobierno impuso por la fuerza un estado de excepción, la violencia se traslada y se instala nuevamente en las zonas rurales. Adquiere la forma de una ola de asesinatos cometidos de manera atroz y que, muchas veces, se enmascaran como delitos comunes”, expresa Cinco.

Tras explicar que la  violencia está focalizada en el departamento de Jinotega, específicamente en los municipios de El Cuá, Wiwilí y San José de Bocay, donde han ocurrido la mayor cantidad de asesinatos.

Según el informe, la  alta concentración de violencia en esa zona muestra que allí existe un alto grado de inseguridad, que podría estar vinculada con una mezcla de factores: Antiguas desconfianzas, polarización política, conflictos políticos locales, conflictos de propiedad y aumento de grupos paramilitares. También hay otros municipios del país que no están controlados por el régimen pero hay fuerte presencia paramilitar donde también se presentan hechos similares.

La violencia que en abril de 2018 empezó en la ciudad con grupos de choque se transformó en grupos de paramilitares que trasladaron la violencia al campo. /ARCHIVO

“El escalamiento de la violencia con los asesinatos se observa no solamente en la cantidad de casos y víctimas, sino también en un conjunto de patrones tales como: mayor organización y planificación, tal como se puede apreciar en el caso de los integrantes de la familia Montenegro, que fueron perseguidos y asesinados incluso fuera del país”, señala el informe que resalta la  reaparición de las armas de guerra, un factor que no se observaba con la misma magnitud en años anteriores.

“Eso también muestra que los civiles que recibieron armas de guerra para participar en las acciones de represión todavía las tienen en sus manos, sin control de ninguna autoridad estatal”, dice el informe.

Asesinatos atroces

Otro patrón que revela un cambio significativo respecto a años anteriores, “es la atrocidad” con que han sido perpetrados los asesinatos, lo cual se puede observar en la cantidad de disparos o heridas que reciben las víctimas, sin contar que algunos de ellos sufrieron golpes y otras lesiones lesiones de previo.

Hasta agosto de 2019, era evidente que más del 35% de los casos de asesinatos tenían motivaciones políticas, ya sea por la identificación política de las víctimas o de los perpetradores, en los que se señalaba principalmente como policías y paramilitares.

A partir de septiembre de ese año, aumentó la cantidad de asesinatos y las motivaciones aparecen vinculadas aparentemente con delitos de orden común.

“Este giro podría estar relacionado con que los perpetradores están simulando asaltos u otros delitos comunes para cometer los asesinatos, o bien con el hecho que los familiares de las víctimas prefieren no denunciar las motivaciones políticas por temor a represalias de los grupos paramilitares”, destaca el informe, que considera que la espiral de violencia, especialmente en las zonas rurales del país está relacionada con el contexto de inseguridad, violencia y represión que vive el país.

La POlicía ha descuidado sus funciones por dedicarse a reprimir a la población. /ARCHIVO

Esto porque la Policía  ha  descuidado su misión y funciones de garantizar la seguridad e investigar los crímenes para dedicar sus recursos a la represión contra la ciudadanía, lo que  ha provocado una crisis de autoridad de la misma institución policial y otras instituciones públicas.

Pero, además, se ha convertido en un factor que promueve otras formas de violencia y la criminalidad, tal como se puede apreciar en el incremento que han experimentado delitos como los asaltos y la ola de femicidios.

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