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Asamblea Nacional cancela personería jurídica a 24 ONGs

La Asamblea Nacional, con mayoría del oficialismo, aprobó este miércoles con 72 votos a favor  la cancelación de personería jurídica de 24 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre las que destacan 15 organizaciones médicas. El gremio médico lo califica como la muerte civil para las asociaciones médicas.

El fundamento utilizado para la cancelación según el Ministerio de Gobernación fue que las organizaciones han incumplido con sus obligaciones legales y estatuarias, se encuentran acéfalas pues se ha vencido el plazo de sus juntas directivas, no han reportado sus estados financieros desde hace varios años con sus desgloses detallados, y no han presentado documento de sus proveedores de fondos así como información de sus donantes.

Con esto alegan los parlamentarios las ONG han incumplido la Ley 997, Ley contra el lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y  la ley 147 Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro.

Entre las ONG cuya personalidad jurídica fue cancelada está la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), conformada por más de 30 organizaciones gremiales, que ha expuesto sus planteamientos sobre el manejo del régimen a la pandemia por COVID-19. En marzo del presente año la Asociación Médica Nicaragüense demandó al régimen la vacunación del sector salud.

“Demandamos al Ministerio de Salud de la República de Nicaragua vacunar inmediatamente a todos los trabajadores del sector salud, público y privado», instó en esa ocasión la Asociación Médica, en un comunicado que tituló «Vacunación urgente».

Asociación Nicaragüense de Nefrología, Asociación Internacional por la Salud de Nicaragua, Asociación Nicaragüense de Diabetología, Asociación Nicaragüense de Neumología, Asociación Urológica de Nicaragua, Asociación Sociedad Nicaragüense Medicina General, Asociación Nicaragüense para el Estudio y Tratamiento del Dolor, son otras de las ONG canceladas.

Una nueva embestida

En una correspondencia dirigida por el gremio médico de Nicaragua a Asociaciones y organizaciones médicas de Ibero Latinoamérica,  fechada el 26 de julio del presente año, expresa: “En julio de 2021, nos encontramos con una nueva embestida por parte del gobierno: La muerte civil a las asociaciones médicas. Van a cancelar inicialmente cerca del 60% de todas las personerías de asociaciones médicas del país. Las más grandes, las más importantes, las más activas”.

“Esto fue precedido de citatorias a algunos profesionales de la medicina por parte del Ministerio Público  para ser interrogados y por el Ministerio de Salud para ser amenazados8 con una ley de reciente creación (Ley de ciberdelitos) por difundir información sobre el COVID-19”, refieren los médicos.

Al tiempo que manifiesta el gremio médico que los diputados del oficialismo “han decidido sabotear las formas organizativas del gremio, sin importarles que estas asociaciones son de carácter científico, que promueven la actualización médica para beneficio de los pacientes, que no son entes políticos ni partidarios. Pero precisamente por su naturaleza, no podían obviar la pandemia e intentar mantener una información fluida a sus miembros de las novedades del virus, su presentación clínica y su manejo”.

El gremio médico explica a sus homólogos de la región, que la decisión incluirá la expropiación de todos los bienes de las asociaciones, como ya lo han hecho con 10 ONG´s que jugaban un rol de defensa de los derechos humanos y de educación ciudadana por considerarlas críticas al gobierno en 20189 y la ya mencionada en 2020. Los médicos advierten que desaparecerán las asociaciones médicas más relacionadas con el COVID  y con ellas los mecanismos de actualización y educación médica continua. Y “el gremio médico quedará desprovisto de uno de sus insumos más valiosos, la actualización de conocimientos y sin sus instrumentos organizativos, muchos con décadas de existencia”.

Dentro de las 24 ONG hay unas que tienen 30 años de no funcionar que no se han aparecido al Ministerio de Gobernación a cumplir con los requisitos que establece la ley, alegó el diputado oficialista Wilfredo Navarro.

“Aquí lo que se está persiguiendo es el cumplimiento de la ley”, justificó Navarro.

CIDH y REDESCA urgen cese hostigamiento

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), a través de un comunicado de prensa, urgieron al Estado de Nicaragua cese de inmediato el hostigamiento e intimidación perpetrados en contra del personal médico.

La CIDH explica que el pasado 22 de julio, recibió información sobre la iniciativa legislativa No. 20219761 «Decreto de Cancelación de Personerías Jurídicas», con el objetivo de suspender la personería jurídica de 24 ONG incluido de gremios médicos de distintas especialidades.

«Estos hechos se agravan en un contexto en el que altas autoridades del Ejecutivo realizan declaraciones públicas en contra de profesionales de la salud. Así, el 7 de julio, desde la Vicepresidencia de la República se advirtió a las agrupaciones médicas que emiten «noticias falsas» y que son «falsos médicos con falsos pronósticos» y que deben tener presente que «todo se paga en la vida». En ese sentido, la Relatoría Especial expresa su preocupación y llama al cese de tales pronunciamientos, los que además de resultar estigmatizantes, son interpretados como una advertencia de parte del sector médico y de la salud, generando temor en el gremio en su conjunto», expresa el comunicado de la CIDH.

A su vez, «la REDESCA recuerda que ha venido llamando la atención sobre la preocupante situación de las personas profesionales y trabajadoras de la salud desde el inicio de la crisis de derechos humanos. Así, desde el estallido social de 2018, la CIDH y la Relatoría Especial registraron más de 400 despidos de personas trabajadoras de la salud por ejercer su labor o tener una posición crítica al gobierno, muchas de las cuales tuvieron que huir del país para salvaguardar su vida e integridad personal».

Y agrega la CIDH: «Al momento, se habrían registrado 28 nuevos despidos de personal médico que habrían reclamado por la falta de medidas tomadas por el Estado frente a la pandemia; además, se tiene conocimiento de al menos 5 profesionales que decidieron salir del país buscando preservar su integridad y seguridad, como la de sus familias. En otro orden, preocupa también información sobre el alto número de muertes de profesionales de la salud por COVID19 y las limitaciones de acceso a las vacunas».

Amaru Ruiz, en representación de la Plataforma de Redes de ONG’S Nicaragüense, reaccionó sobre la cancelación de la personería jurídica de las ONG. aseguró que estas ONG no están acéfalas, como alegan los funcionarios del régimen, sino que no cuentan con la certificación por decisión del Ministerio de Gobernación.

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